Redacción Madrid. 24 de noviembre.

   El magistrado Fernando Ferrín Calamita, acusado por prevaricación debido al supuesto retraso de los trámites de adopción por la consorte de una madre biológica de una niña, además de discriminación sexual contra la pareja de lesbianas, indicó hoy, en el primer día de su vista oral, que "es un juicio político", al tiempo que aseguró que "sólo ha velado por los intereses de la menor".

   Asimismo, manifestó a los medios de comunicación allí presentes que se siente perseguido por su creencia ideológica. Así, dijo confiar en que "al final se haga justicia, aunque ya no creo en ella, ya que todo lo que me viene pasando desde hace más de un año ha hecho que pierda mi confianza". "La justicia hoy día está politizada", criticó.

   Durante el interrogatorio, dijo sentirse bien porque no "tiene nada que ocultar". En un principio, Ferrín Calamita se negó a declarar ante las preguntas del fiscal superior de la Comunidad Autónoma, Manuel López Bernal, y del abogado de la acusación particular, José Luis Mazón.

   En este sentido, el acusado dijo que no eran interlocutores válidos porque "habían intentado negociar la retirada de la querella a cambio de 10.000 euros y si accedía a irme de Murcia".

   Esta acusación fue desmentida por Mazón, asegurando que "jamás los abogados de la acusación hemos formulado esta cuestión y consideramos que una propuesta que mantuviese a Calamita en la jurisdicción, sería una propuesta contra el derecho a la seguridad jurídica de los ciudadanos murcianos".

   Y es que, en un principio, el abogado de la defensa presentó estas pruebas durante el juicio, alegando que hay unas grabaciones que demuestran esas acusaciones. Posteriormente y, tras deliberar los magistrados, fueron rechazadas por el Tribunal, y su presidente, el magistrado Julián Pérez Templado. "No vamos a volver a insistir sobre esa supuesta conspiración que ha podido ocurrir, o esas conversaciones previas, que a esta sala no le afectan ni interesan", precisó.

   En el turno de preguntas del fiscal Manuel López Bernal, el magistrado Fernando Ferrín Calamita negó haber practicado discriminación sexual, al igual que prevariación o retardo malicioso para la adopción.

   A preguntas del fiscal sobre el motivo por el cual pidió un segundo informe sobre la adopción cuando ya le había remitido uno el servicio de la Consejería de Política Social, Ferrín Calamita explicó que ninguno de esos informes --el segundo del Gabinete Psicosocial-- respondía a las preguntas que él formulaba. "El Gabinete Psicosocial no me dijo cuál era el interés de la menor. Lo que me hicieron no era un informe", agregó.

   "Lo que dijo la Dirección General de Familia es que la pareja está muy compenetrada, de lo que me congratulo", tras lo que añadió que eso, "como comprenderá, no contesta a mis preguntas. Nadie me ha aclarado si esta adopción iba o no a perjudicar a la niña", matizó.

   Ferrín Calamita afirmó que él no tiene nada en contra de la madre biológica y la pareja de la misma, "si son felices, por mí, fenomenal, yo siempre he buscado el interés de los menores, en este caso el de la niña".

   Según el acusado, "cuando hay un menor de edad la ley dice que prima el interés del menor y es un menor que tenía entonces un año de edad, y no podía ser oída, por lo que tenía que hacerlo a través de su representante legal, la madre". "Como había colisión de intereses nombré a la Dirección General de Familia y ellos tampoco me elaboraron un informe que verse sobre el interés de la menor, sino sobre la madre biológica y la pareja", indicó.

   Durante el transcurso del juicio oral, fue preguntado si está en contra del matrimonio homosexual, a lo que Calamita contestó que "yo tengo mi opinión y me la guardo. Una cosa es cuando actúo como juez y la otra es cuando actúo como persona".

CLARA LA INOCENCIA DEL MAGISTRADO

   Para el abogado de la defensa, en esta primera sesión cree que ha quedado clara la inocencia de su cliente, pero sobre todo "que es un juicio político, porque nosotros disponemos de unas grabaciones, que entendemos que son claras, ya que manifiestan que tanto el instructor, como el Ministerio Fiscal y la propia acusación particular, sabían que no había delito".

   Al mismo tiempo, señaló que "no nos han dejado hacer públicas esas grabaciones, que se mostrarán en su día por medio de la prensa si el juzgado no las admite, o en el Tribunal Supremo en caso de condena".

   Por último, declaró a los medios que "hay un juicio al hombre que se atrevió a sugerir que podría ser inconstitucional la ley", además de añadir que la resolución de Ferrín Calamita "sólo fue por el interés de la menor". "Mi defendido dejó aparte sus creencias ideológicas, porque si no hubiera sido así, ni aprobaría divorcios y directamente habría dicho que no se acredita la idoneidad de la menor", sostuvo.

   El Ministerio Fiscal pide que se le imponga a Ferrín Calamita una pena de multa de nueve meses de prisión con cuota diaria de tres euros, e inhabilitación especial para el desempeño de funciones jurisdiccionales por tiempo de 18 años.

   Igualmente, considera que el acusado, y subsidiariamente el Estado, deberán indemnizar a la querellante en la cantidad de 18.000 euros por daños morales.

   El juicio oral continuará mañana, en su segunda sesión, en la que comparecerán varios testigos, entre ellos la mujer que solicitó la adopción de la niña y que se querelló contra el juez Ferrín Calamita, y la madre biológica de la menor.