Redacción Madrid. 14 de octubre. El ministro del Interior colombiano, Fabio Valencia Cossio, y portavoces de Asonal Judicial, sindicato de fiscales y jueces, se reunirán hoy para negociar el levantamiento del paro judicial que dura ya 41 días en Colombia. Los trabajadores propondrán que los salarios sean ajustados con una cantidad de 230.000 millones de pesos (72.756 millones de euros).

   Al encuentro de hoy, que se celebrará en la Casa de Nariño, también están invitados el fiscal General, Mario Iguarán y un delegado del Consejo Superior de la Judicatura. El Gobierno colombiano hizo un reajuste con decretos expedidos que llega a los 35.076 millones de euros, informó la emisora colombiana 'LaFm'.

   Entre tanto, tres conjueces, nombrados por el Tribunal Superior de Bogotá, fallarán sobre la legalidad del paro judicial. Los tres abogados fueron seleccionados después de que los magistrados se declararon impedidos para votar por la legalidad o no del cese de actividades por parte de los funcionarios de la rama judicial.  

   En ese sentido, Asonal rechazó el anuncio del Consejo Superior de la Judicatura de que investigará a los miles de funcionarios que mantienen una huelga nacional desde hace cuarenta días y señaló que estas medidas no contribuyen a la búsqueda de soluciones. El sindicalista consideró que el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) cree que "sancionando y amedrentando a los funcionarios logrará sofocar la movilización".

   El presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del CSJ, Angelino Lizcano, anunció en un comunicado que abrirá investigaciones disciplinarias contra los miles de funcionarios del Poder Judicial en huelga desde el pasado 3 de septiembre.

   La Sala Disciplinaria asumirá los casos de magistrados y fiscales delegados, en tanto que las secciones del CSJ en las capitales del país gestionarán los procesos contra los empleados de otros niveles, precisó Lizcano, quien advirtió de que se puede solicitar la suspensión del cargo de funcionarios mientras avance la causa.

   El sindicalista Hernández reconoció que sabían que tenían que hacer frente a "procesos disciplinarios e investigaciones" por efecto de la huelga. "Pero tenemos el convencimiento de que, actuando dentro de la legalidad, dentro del marco constitucional y en forma pacífica como se ha hecho hasta ahora, al final no va a haber ningún inconveniente", añadió el presidente de Asonal Judicial.

   Hernández dijo que un encuentro nacional de delegados del sindicato decidió el pasado sábado mantener la huelga, a pesar del anuncio del CSJ y de la declaración previa, por parte del Gobierno, de un estado constitucional de excepción para afrontar la crisis judicial.

   Asimismo, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, recurrió el pasado jueves a la figura de la conmoción interior para promulgar decretos de emergencia que permitan afrontar los efectos de la parálisis.

   La posibilidad de éxito de este movimiento está en que el Gobierno y el CSJ no podrá expulsar, sancionar o destituir a 43.000 huelguistas, sostuvo Hernández, quien se reafirmó en que Asonal Judicial mantiene abierta la búsqueda de una solución negociada. Los funcionarios judiciales exigen al Ejecutivo una nivelación salarial que está pendiente desde 1992, así como respeto a la autonomía e independencia del sector.