Miguel Massanet Bosch. Cuesta entender que todavía existan, en Catalunya, quienes sigan creyendo en las ventajas de separarse de España. Sólo la cizaña que, con tanta profusión, han ido sembrando los políticos de CIU y de ERC con el apoyo, poco menos que incondicional, de ICyV y la actitud poco menos que incomprensible de los señores del PSC, nadando siempre entre dos aguas hasta que se les encendió la luz y optaron por proponer la federalización del Estado español, para implantar algo que… ¡ya tenemos en la actualidad con el sistema autonómico! Y digo que es difícil entender, cuando la Catalunya actual es, precisamente, una de las autonomías más endeudadas de toda la nación; una de las que tiene más parados y una de las más necesitadas de la liquidez que le proporciona el Gobierno y de aumentar la presión fiscal ( la que corresponde aplicar a la Generalitat, tanto en su parte del IRPF como en cuanto al resto de impuestos de tipo local o autonómico) con la que vienen cargando las depauperadas economías de los sufridos y pacientes ciudadanos que habitamos en esta región.

Aparte de ser la autonomía en la que existe más presión tributaria de todas las españolas; no pasa semana sin que, a alguno de los políticos catalanes, se le ocurra una idea luminosa para sacarles el dinero a los infelices contribuyentes. Por otra parte, siguen negándose a cumplir las sentencias de los tribunales y emplean el método dilatorio de ir recurriendo ante el TC todas las normas y leyes promulgadas por el Legislativo español, en un intento baldío de intentar entorpecer la labor legislativa del Gobierno y de retrasar el cumplimiento de todas aquellas normas legales, que consideran que van contra sus aspiraciones independentistas o que, al menos, consideren que, en alguna manera, su cumplimiento puede considerarse como una cesión al poder central.

Lo más reciente: un nuevo tributo impuesto a las entidades bancarias catalanas, por el que se les pretende cobrar por tener pisos sin ocupar. No es que sea un entusiasta de los bancos y los banqueros, visto el triste papel que han tenido en la crisis por la que estamos pasando, pero esto no obsta para que siga manteniendo que,  el derecho de propiedad, es uno de los que más raigambre tiene en la legislación española desde el Derecho Romano y el que, actualmente, sigue respaldado en la misma Constitución española. Por otra parte, cualquier impuesto que se aplique debe tener un carácter finalista y ser justo. Vayamos por partes: las entidades bancarias, como resultado de la crisis inmobiliaria, se han visto obligadas, por el impago de muchos de sus deudores hipotecarios, a hacerse con unos importantes activos inmobiliarios que, en las circunstancias actuales, en las que los inmuebles han sufrido desvalorización de más del 50%, son difíciles de colocar sin que ello suponga aceptar una importante devaluación de sus activos con las consecuentes pérdidas para la entidad.

Todo el mundo sabe que cuando se quiere vender un inmueble entero puede resultar un handicap el que, una parte o la totalidad de él, esté ocupada por inquilinos o arrendatarios de locales; algo que dificulta la operación y puede significar una sensible reducción del precio de la venta. Por otra parte, la participación del llamado banco malo, la SAREB, (una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las cuatro entidades nacionalizadas: BFA - Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco -Banco Gallego y Banco de Valencia; cuya función es concentrar los activos tóxicos inmobiliarios, que lastran los balances de las entidades bancarias; tiene la misión de ir deshaciéndose de los llamados activos tóxicos, vendiéndolos de modo que no generen pérdidas al contribuyente o, incluso, se pueda ganar dinero.¿Puede una autonomía interferir en la labor de esta sociedad para estatal, cargando con un gravamen que afectará a todos los pisos vacíos en poder de bancos ( ojo que la Sareb no tiene tal condición)?

Por otra parte, existe el hecho, que se pudiera considerar inconstitucional, por el que se arbitra un impuesto que afecta a solo un ramo o sea a los pisos deshabitados en poder de la banca y no al resto de pisos en iguales circunstancias. Algo así como si afectara a todos los propietarios rubios, pero no a los rojizos o castaños. Este nuevo tributo se calcula que va a afectar a 15.000 viviendas de 70 ciudades catalanas. Como en todos los impuestos y tasas que se van inventando los del Gobern catalán, se ve el afán recaudatorio fruto de la necesidad de pagar deudas que, curiosamente, contradicen las declaraciones triunfalistas del señor Camps y de sus adláteres, que quieren pintar a Cataluña como un oasis paradisíaco donde todo es riqueza y bienestar. No piensan lo mismo los bancos afectados, que ya amenazan con llevar el tema a los tribunales de justicia.

En cuanto al afán de ir retrasando cuanto puedan la aplicación de las sentencias de los tribunales, (entre ellas, una de la que más les escuece, que es la que les obliga a dar enseñanza en castellano a quienes se lo pidan) parece ser que han tomado la decisión de ir presentando recursos, uno tras otro, ante el TC, poniendo en duda la constitucionalidad de todas las leyes estatales, que ellos consideran que reducen o impiden aplicar sus facultades normativas. Lo que parece que no tienen en cuenta es que, los que tienen todos los números de la rifa para que el más alto tribunal de España, el TC, les de un severo varapalo en lo que se refiere a la declaración independentista del Parlament Catalá, son ellos mismos. La Generalitat parece que quiere hacer trabajar a destajo a sus servicios jurídicos, puesto que, desde que subió al poder el gobierno del señor Rajoy,  han presentado nada menos que 32 recursos de inconstitucionalidad, conflictos positivos de competencia y requerimientos de incompetencias

Lo más llamativo es que se atreven a achacar a las normas, contra las cuales han presentado sus reclamaciones, de ser “reformas encubiertas de la Constitución”, que encubre una “ofensiva centralizadora” (algo que muchos aplaudiríamos, ante los nefastos efectos que el famoso Estatut, han venido produciendo en perjuicio de los derechos ciudadanos de los que nos consideramos españoles, dentro de la comunidad catalana). Pero no se quedan cortos cuando afirman que los que defendemos la Constitución somos unos cínicos haciéndolo. Claro que aquí, los que se llevan la palma del cinismo y arramblan con toda la responsabilidad de incumplir la Carta Magna y, por si no bastara, no ocultan que para ellos no tiene significación alguna ni se sienten obligados por ella; son, precisamente, aquellos que consideran que lo que se hace para impedir el triunfo del separatismo en Catalunya lo hacen pasándose de la raya; cuando somos muchos los que nos quejamos de que no se apliquen todos los medios que, la propia Constitución, en sus artículos 155 y 8, establece para cuando alguna autonomía incumple con sus deberes o, como es el caso, pretende rebelarse contra el mismo Estado.

La mala fe con la que el separatismo intenta eludir el cumplimiento de las leyes, mientras da pasos hacia la escisión de España; nos hace pensar que, la lentitud del gobierno del PP en actuar fiándose de su capacidad de reacción, algo que los que vivimos en esta región estamos muy lejos de compartir, puede llegar a ser demasiado peligrosa. O así es, señores, como vemos con gran preocupación, desde esta comunidad, como se nos va oprimiendo más, ante la pasividad de quienes tienen la obligación de actuar en nuestra defensa.