La Lupa del YA. La feligresía separatista católica de Monseñor Setién parece estar desconcertada en estos días al anunciar su idolatrado PNV su postura favorable a la ley asesina del aborto promovida por el PSOE. Sorprende la extrañeza de estos meapilas, que siempre han mezclado el orín con el agua bendita, aplaudiendo la vileza de párrocos que se negaban a oficiar funerales por las víctimas de la banda marxista y separatista ETA.
 
Su respeto por la vida ajena nunca ha sido su baluarte. De hecho, el PNV es el único partido racista que no oculta su condición para mantenerse legalizado. Por eso sorprende la sorpresa. Sorpresa que no debería ser tal si se acude a las hemerotecas, esas incómodas chivatas que tanto delatan y que son la auténtica memoria histórica de esta desmemoriada España. Hoy, las utilizamos como recurso y evidencia, limitándonos a recordar los que recogía el diario El País en su edición del 22 de mayo de 1982. Sí, sí, en el 1982, cuando el aborto todavía estaba penalizado en España y las niñas bien acudían a Londres para deshacerse de sus "problemas". El artículo clarificaba lo siguiente:
 
"El Partido Nacionalista Vasco eligió ayer como punto de referencia a la ley francesa de Simone Veil sobre el aborto para justificar su defensa de la despenalización del mismo, en el curso de una sesión plenaria del Parlamento, que tuvo lugar en Vitoria. No obstante, los nacionalistas rechazaron una proposición no de ley presentada por Euskadiko Ezkerra (EE) en la se urgía a las Cortes a elaborar la reforma del Código Penal en relación con el delito de las prácticas abortivas."
 
"En el caso de diez semanas de embarazo, con un control riguroso de las prácticas abortivas, violación, incesto, malformaciones, peligro de salud de la madre, fueron las principales condiciones expuestas por los nacionalistas para pronunciarse a favor de la despenalización. Sin embargo, votaron en contra de la proposición no de ley presentada por EE, en la que se instaba al Gobierno vasco a elaborar un plan de información y planificación familiar y se urgía a las Cortes Generales a elaborar iniciativas tendentes a la reforma del Código Penal y a la promulgación de una normativa legal.
Tanto EE como el Partido Socialista criticaron al partido mayoritario y al Gobierno vasco porque entendían que el simple pronunciamiento a favor de la despenalización no significaba otra cosa que eludir responsabilidades. Fue el portavoz de los socialistas vacos, Ricardo García Damborenea, el que más insistió en los ataques a la ambigüedad en un tema como éste, susceptible, en su opinión, de ser utilizado para fines electorales."
 
¿Queda suficientemente claro?