José Luis Orella. El café para todos de las autonomías está siendo puesto a cuestión por algunos de nuestros políticos, después de que lo hayan señalado las autoridades económicas internacionales como una de las principales causas que ralentizan nuestra recuperación. El político más valorado de España, el nacionalista catalán Duran Lleida criticaba un sistema mastodóntico que se había otorgado, cuando únicamente se necesitaba reconocer algunas peculiaridades de las regiones históricas. También el presidente de FAES, José María Aznar, profetiza sobre la necesidad de redimensionar a la baja las autonomías, cuando fue él como presidente de gobierno en 1996, quien pacto con el PNV y CiU la  más importante reforma en materia autonómica, que  consistió en el acuerdo para desarrollar en el plazo de dos años un nuevo modelo de financiación, según el cual las 17 comunidades autónomas podrían recaudar el 30% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y adquirir capacidad normativa sobre la base imponible de ese tramo, lo que les dio el control del dinero público de todos los españoles, y la consolidación del nuevo caciquismo.
Este sistema resulta insostenible para la economía española. Según el boletín estadístico del servicio de personal de enero de 2010, tenemos 2.698.628 funcionarios públicos, de los cuales, 591.559 trabajan para la administración central, 1.348.492 para las administraciones autonómicas, y 657.905 par las locales, sumando otros 100.672 en las universidades públicas. Resulta abrumador, cuando el trasvase de competencias no debía significar un aumento del número de funcionarios, duplicando servicios, sino una cercanía al ciudadano. Por el contrario, de aquellos 540.000 funcionarios de 1978 (360.000 en la central, y 190.000 en la local) hemos pasado a resucitar los peores tiempos del caciquismo corrupto del canovismo, con sus señoritos, sus pobres, y sus queridas. Un país donde el trabajo es escaso, y el ejemplo del sacrificio, y de la política como servicio sea olvidado.
Según los datos de la EPA, tenemos casi tantos funcionarios como pequeños empresarios y autónomos, que son quienes garantizan el 80 % del empleo en España. Mientras el paro oficial se asienta en 4.574.700 trabajadores, y Alemania con su invierno demográfico ofrece a España la posibilidad de albergar a 150.000 jóvenes especializados. Negros nubarrones sino aligeramos las alas de nuestra economía.