Los españoles estamos acostumbrados a que los partidos de izquierda pretendan regular cada mínimo aspecto de nuestras vidas, dictándonos si hemos de comer menos carne y más insectos, recomendándonos con qué juguetes han de jugar nuestros hijos, o qué coches hemos de conducir o a qué hora hay que poner la lavadora. Desde una perspectiva liberal, los políticos están para encargarse exclusivamente de aquellos temas que los ciudadanos les hemos encomendado gestionar, y no para “gestionarnos” aquello que no les hemos pedido. Pero su afán de disponer de más recursos (que salen de nuestros bolsillos) a costa de sobre-regular nuestra vida cotidiana, los lleva a tratar de infantilizarnos y convencernos de que debemos sufragar el sueldo de gente que nos diga cómo hemos de vivir.

Lo que resulta chocante es que un partido conservador, de centro-derecha (como se supone que debiera ser el PP) se lance al ruedo tratando de emular al exministro del Partido Comunista de España, Alberto Garzón, para hacerse adalides del intervencionismo y gastar el dinero público que pagamos todos a fin de atacar a un sector (el de las bebidas energéticas) el cual también contribuye con sus impuestos a este ataque que recibe.

Analicemos por un momento la “subnormalidad” de esta campaña:

En primer lugar, si fuese verdad que las bebidas energéticas fuesen perjudiciales para la salud y ello fuese científicamente probado, cabría preguntarse ¿por qué obtuvieron el Registro General de Sanidad? Es decir, ¿por qué no han sido prohibidas por el Ministerio correspondiente? O lo que es lo mismo, si tal y como certifica el Ministerio de Sanidad, dichas bebidas han pasado sus test de idoneidad ¿por qué una administración local, regida por el Partido Popular, decide enmendar la plana y atacarlas con dinero público? ¿Acaso para emular el paternalismo de la izquierda y cuan Gran Hermano advertirnos de los peligros que nos acechan, como si fuésemos ciudadanos idiotas?

En segundo lugar, suponiendo que el consumo abusivo de las bebidas energéticas supusiera un peligro, ¿no lo sería también el del jamón o el de los snacks salados, con alta concentración en sales, que pueden afectar nuestra salud coronaria también? ¿Y el de la cerveza entre los jóvenes? Aquí la pregunta es: ¿por qué la en Consejería de Salud del Partido Popular en Cantabria decide discrecionalmente gastarse el dinero en atacar a un sector determinado frente a otras opciones? ¿Ha evaluado el riesgo del consumo abusivo de muchos otros alimentos autorizados? ¿Dónde están esos estudios? ¿Por qué, finalmente, se han decantado por demonizar este sector? ¿Qué análisis han hecho? ¿Por qué no los comparten?

En legítima defensa, el sector de las bebidas energéticas, donde hay marcas tan relevantes como Red Bull, Monster, Burn o Power 8, estarían en su derecho en contratar una campaña similar en OPIS y aconsejar al ciudadano cántabro que “Votar a este PP-woke no resulta beneficioso para la salud democrática de la región”. Y tendrían más razón en esta campaña que la Consejería en la suya.
 

Por Gonzalo de Antequera