Redacción Madrid. 3 de marzo.

    La Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid ha fijado para el próximo 14 de abril la primera sesión del juicio oral contra el presidente de Telefónica, César Alierta, por un presunto delito de uso de información privilegiada durante una operación de compraventa de acciones de Tabacalera en 1997, que generó unas plusvalías de 1,86 millones de euros, según informaron fuentes del juzgado a Europa Press.

   En la causa también está acusado por los mismos hechos el sobrino de Alierta, Luis Javier Placer. El tribunal estará presidido por la juez Manuela Carmena y el ponente será el juez José Luis Sánchez.

  El juez titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, concluyó la instrucción del procedimiento abreviado del 'caso Tabacalera' y remitió el sumario a la Audiencia Provincial de Madrid para el señalamiento de juicio oral, mediante auto del pasado 17 de mayo.

   El sumario remitido por el juez está compuesto de trece tomos con 4.363 folios, así como 33 cintas de casete. Torres archivó en enero de 2008 la imputación que mantenía contra la esposa del presidente de Telefónica, Ana Cristina Placer, por los mismos delitos.

   El Tribunal Supremo ordenó en junio de 2007 al juez instructor reabrir el 'caso Tabacalera', así como la celebración de juicio oral al estimar los recursos presentados por la asociación Auge y la Fiscalía Anticorrupción.

   En noviembre de 2005, la Audiencia Provincial de Madrid archivó el procedimiento abreviado al considerar que el delito había prescrito por haber transcurrido más de cinco años entre la presunta comisión del delito, el 26 de septiembre de 1997, y la presentación de la querella en noviembre de 2002.

   El 'caso Tabacalera' comenzó a raíz de la querella presentada por Auge, que acusó a Alierta de aprovechar su cargo como presidente de Tabacalera en 1997 para beneficiarse con la compra-venta de acciones de esa compañía.

   Desde entonces, cinco instancias distintas archivaron la causa en diferentes ocasiones. Primero fue la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en 1998), la Fiscalía General del Estado (2002), por dos veces el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid (2003) y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (2006).