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Peter Robinson ha declarado que se necesitan más pruebas para la comparecencia del asesino ante la Audiencia Nacional

El primer ministro del Ulster complica la extradición de De Juana

Redacción Madrid. 19 de noviembre.

El primer ministro de Irlanda del Norte, Peter Robinson, considera que aunque España es un "socio cercano" de la provincia británica del Ulster, deberá dar pruebas del delito que la Audiencia Nacional imputa al etarra Iñaki de Juana Chaos por enaltecimiento del terrorismo. 

  Robinson insistió en que este trámite es imprescindible para que las autoridades judiciales norirlandesas responsables de decidir sobre la extradición accedan positivamente a la demanda de la Justicia española, que ha emitido una orden europea de detención (OED) para lograr el envío de De Juana a España.

   Así, pese a reivindicar la "independencia" del tribunal de Laganside encargado de desarrollar el proceso que comenzó el pasado lunes con la entrega voluntaria del ex jefe del 'Comando Madrid', el líder del Partido Unionista Democrático (DUP, en sus siglas en inglés) subrayó que compete a la Justicia española "decidir si hay pruebas" de delito en la carta que habría sido leída en nombre del ex preso en el homenaje que se le dedicó en San Sebastián el 2 de agosto, coincidiendo con su salida de prisión.

   En este sentido, el ministro principal precisó que "si las hay", la provincia del Ulster es un "socio cercano" de España que facilitará el cumplimiento de los procedimientos establecidos, siempre que desde Madrid se "tomen las decisiones de una manera legal".

   No obstante, después de que el juez norirlandés Tom Burgess resolviese la libertad condicional para De Juana a la espera de resolver las dudas surgidas en torno a la 'euro-orden' y la propia naturaleza del delito, Robinson recordó que las propias autoridades españolas "reconocieron lo complicado del proceso".

   Con todo, subrayó que cualquier decisión relacionada con el futuro de Iñaki de Juana Chaos "depende de los tribunales" y aprovechó para incidir en que en Reino Unido se considera ya una "tradición" que la clase política "no interfiera" en los procesos judiciales.

 

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