Gabriel Cortina. Destacados representantes del proyecto nacionalista a favor de la soberanía de Cataluña comienzan a mencionar la Defensa como parte de su programa político, dando a entender el deseo de contar con unas Fuerzas Armadas propias. Teniendo en cuenta que la seguridad es una cuestión necesaria para la arquitectura del Estado, ofrecemos una serie de observaciones para ayudar a comprender la dimensión y el alcance de esta política, así como las dificultades que presenta.

El primer reto será superar las propias contradicciones internas. La política de Defensa de Cataluña es vulnerable porque se plantea sin un criterio común, lo que afecta, desde su inicio, a la raíz del planteamiento ideológico. Internamente, son realmente una minoría quienes desean unas Fuerzas Armadas propias, porque la corriente ideológica mayoritaria es, precisamente, la anti-militarista. La función de los Ejércitos se rechaza porque –afirman- son una expresión de poder opresor, superestructura de las sociedades capitalistas; aceptarlo como un organismo del nuevo Estado sería contrario a los ideales de solidaridad, paz, tolerancia y libertad de los pueblos. Además, quienes formaran parte de sus estructuras y órganos de decisión –oficiales y soldados, serían protagonistas y cómplices de ese mecanismo de violencia que, tarde o temprano, no podrá evitar corromperse a causa de los intereses neoliberales y de la globalización.

En segundo lugar, deberá abordar con realismo lo que supone crear, mantener, modernizar y desarrollar unas Fuerzas Armadas con plena capacidad operativa, y que haga frente a todas las amenazas que afectan a la posición política y geográfica de Cataluña. Esto incluiría el capítulo de material y armamento, unas cifras económicas que se expresarán en una partida presupuestaria importante y que se traducirá en más impuestos para los ciudadanos.

Nos referimos a fragatas, aviones, vehículos, C4 y sistemas de comunicaciones, satélites, plataformas submarinas, logística integral, guerra electrónica e inteligencia (ISR), drones, vestuario, equipamiento, unidades especiales…, así como las imprescindibles escuelas de formación (Tierra, Aire y Armada), la estructura sanitaria, los seguros sociales, la carrera profesional y los planes de pensiones o viudedad.

Uno de los problemas que deberán abordar es el personal: cómo asegurar, mantener y motivar a las promociones y el reemplazo de oficiales, tropa y marinería, aspecto esencial para asegurar que haya alguien detrás de unas paredes con el letrero de “Todo por la Patria”. Salvo que los jóvenes activistas de los movimientos nacionalistas cambien de opinión, hoy se manifiestan a favor de la objeción de conciencia y de la insumisión. Otra opción sería ir pensando en las comunidades de origen magrebí, como salida laboral, por ser el grupo demográfico mayoritario en los próximos años. Los dirigentes políticos de la nueva República deberían explicar estas cuestiones a una opinión pública que es ajena a las cuestiones de seguridad y que no manifiesta un especial interés por el escenario estratégico de conflictos.

Tras un análisis pormenorizado de los planteamientos ideológicos mencionados, la documentación publicada, las declaraciones de sus principales dirigentes y las iniciativas legislativas puestas en marcha en las mesas del Congreso y del Senado, se desprende que la propuesta a favor de crear unas fuerzas armadas catalanas cuenta con contradicciones y vulnerabilidades muy serias.

Cuestión aparte será cómo plantear una estrategia de seguridad nacional sin contar con la Unión Europea (PESC y Acción Exterior), sin el paraguas de la OTAN, o sin la cooperación con la ONU en misiones internacionales. El empeño de sus dirigentes en continuar con esta medida, que es necesaria para un proyecto de Estado, “Seguretat i Defensa a Catalunya” se convertirá, precisamente, en un argumento de contradicción, división y neutralización del proyecto soberanista.