Miguel Massanet Bosch. Por primera vez desde la instauración de la democracia española ( antes, en tiempos de Franco, ninguno de los separatistas actuales se habría atrevido a adoptar una actitud semejante), España se encuentra ante el hecho insólito, el desafío explícito y la actuación rebelde de un Parlamento autonómico, en este caso el catalán, que se atreviera a poner en cuestión la unidad de España, la aplicación de sus leyes en todo el territorio nacional o la autoridad de los tribunales de Justicia para que, en toda la nación española, sus sentencias, sus resoluciones, autos o dictámenes fueran tenidos en cuenta, aceptados y ejecutados sin rechistar. Por primera vez, desde la II República, la integridad de la nación española se había cuestionado en la forma en que se hace hoy en día y se puede decir que, ni en los casos de Maciá (en Abril de 1931) o de Companys (en octubre de 1934), los pronunciamientos de independentismo de Catalunya fueron tan taxativos, tan desleales y tan secesionistas como lo ha sido el que hoy, nueve de noviembre del 2015, ha sido aprobado por el Parlamento catalán. Tanto el señor Maciá como el señor Companys declararon la independencia de “la república catalana” pero siempre “dentro de la República española”.

La señora Carme Forcadell no ha tenido empacho alguno, cuando ha hablado de insubordinación a las leyes y las sentencias de los tribunales españoles del Parlamento catalán; en el momento en el que ha proclamado la independencia de la república catalana, la insubordinación a las leyes españolas y el inicio del proceso constituyente para elaborar una Constitución propia para Catalunya. No hay pues ninguna duda, no quedan malos entendidos que aclarar y no se puede argumentar ninguna circunstancia que pudiera dar lugar a una interpretación menos agresiva y categórica que la que, con esta fecha ha sido aprobada, por un amplia mayoría del Parlamento de la autonomía catalana. En consecuencia, no queda más solución que afrontar este hecho sin pretender hallar justificaciones, buscar retrasar la obligada reacción del Estado de Derecho, perder el tiempo recurriendo a los tribunales ni en buscar la complicidad del propio TC; porque éste no tiene nada que interpretar, nada que añadir a anteriores pronunciamientos sobre la pretensión catalana de quedar fuera de la tutela del Estado español.

En realidad no quedan más recursos que el acudir a lo dispuesto en nuestro Código Penal y lo recogido en nuestra Constitución de 1978, respecto a los delitos cometidos y las vulneraciones constitucionales en las que han incurrido, con la aprobación de su declaración de repudio a la Constitución y propósito de formar un estado independiente de la nación española; sin más consultas ni retardos innecesarios, que pudieran favorecer a quienes se han propuesto enfrentarse al Estado de Derecho. Se ha de proceder, sin más zarandajas legales, sin tantos remilgos y propuestas de diálogo, a poner fin, con todos los medios de que dispone el Estado, con lo que establece el Artº 155 de la Constitución y los artículos del Código Penal que se refieren a estos actos de secesionismo; utilizando los medios necesarios para hacerlos cumplir y respetar; para restablecer la legalidad vulnerada, mantener el orden y evitar que, quienes se han constituido en adalides de la ruptura, se puedan salir con la suya aunque, para ello, se deban utilizar todos los medios, sin dejar de lado el Artº 8 de nuestra Carta Magna. No se les puede dar, a quienes trabajan desde la tranquilidad de no haber sido molestados en su actividad subversiva, por unas instituciones demasiado inmovilistas, permisivas, mojigatas y temerosas de afrontar con energía un problema que ya se veía venir desde hace años.

La propia Carme Forcadell se ha ufanado ante quienes la han querido escuchar de que “los mismos separatistas nunca habían soñado avanzar tanto en sus conquistas respeto a España, conseguidas durante los últimos cuatro años (la legislatura del PP y su presidente el señor Rajoy en la que nos prometieron que acabarían de una vez con la amenaza separatista catalana)” Los españoles y, muy especialmente los que nos vemos en la situación de residir en la autonomía catalana, ya no vamos a consentir, una vez más, que se nos pase con consejas, que se nos hable de seguridades o que se pronuncien, como es el caso de la vicepresidenta, grandes parrafadas con gran solemnidad, afirmando que nunca se va a romper España o que no se va a transigir más con los independentistas. Cuando el señor Rajoy habla de que no se va a consentir un paso más a los independentistas, de que la Ley se aplicará de forma contundente pero…prudentemente y espaciada, según vayan progresando los proyectos ilícitos de los secesionistas; debemos pronunciarnos tajantemente en contra de este procedimiento, que sólo hace que favorecer a unos señores que ya han manifestado que no van a acatar ni las leyes ni las sentencias de los tribunales españoles. Las instituciones, empezando por la Monarquía, ya han quemado todos los cartuchos buscando una solución razonada del caso catalán, ni el Rey ni Rajoy pueden continuar ignorando que, en España, se ha producido un golpe de estado por parte del Parlamento de Catalunya que hay que contrarrestar con contundencia, sin dejar que los que lo han cometido se salgan con simples rozaduras o, incluso, aplicando algunas acciones de calado menor como podría ser el reducir las ayudas del FLA para la comunidad catalana o decidir incapacitar a la señora Forcadell como presidenta del Parlamento o, como ha anunciado Rajoy, asumir personalmente las partidas de la financiación del Estado a Catalunya para cerciorarse de que se cumple con su carácter finalista.

No basta ni tendría efecto positivo alguno. Los que hemos sido fieles al PP, que lo hemos venido votando desde que el señor Fraga constituyó la antigua Alianza Popular y que hemos resistido, a contrapelo, los sucesivos incumplimientos del programa electoral con el que el PP se presentó a los comicios del 20N del 2011; hemos agotado nuestra paciencia, no estamos dispuestos a aceptar nuevos placebos de carácter político ni a que, en base a un exceso de prudencia, para evitar posibles algarazas o tumultos callejeros, para soslayar hacer frente a situaciones delicadas ( como fue el caso de la revolución de Asturias que tuvo que ser sofocada por el general Franco con la intervención del Ejército) o para no poner en peligro las elecciones del 20D; ahora, cuando la amenaza secesionista ya se ha hecho patente y no caben dudas acerca de los propósitos de los actuales responsables de la Generalitat catalana, se pretenda, una vez más, acallarnos, intentar calmarnos y seguir dando largas a algo que, si el TC no hubiera abusado de garantismo y hubiera usado su facultad de declarar inconstitucional el mero intento de elevar a una institución pública un proyecto de por si inconstitucional, seguramente una parte importante del mal causado por la sesión de hoy en un Parlamento levantisco, se podría haber evitado. A un desafío como el que hoy ha presentado el Parlamento Catalán con la aprobación de el documento de repudio a España no cabe, por mucho que nos lo quieran vender aquellos que tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Constitución, paños calientes, retardo en aplicar la legislación, como no cabe cuando se produce un acto de terrorismo o no cupo cuando el 23F de 1981 unos militares invadieron el Parlamento de la nación.

Sin duda que, lo ocurrido en Catalunya, es todavía más grave que aquellos hechos que, sin embargo, no fueron sometidos previamente a ningún tribunal cuando el Rey, don Juan Carlos, ordenó inmediatamente que se procediera a acabar con dicha insurrección. No hacía falta ni era aconsejable dejar que aquella situación se prolongase porque existía el peligro evidente de que degenerase en una rebelión que afectase a gran parte del Estado. No queremos creer que, en esta ocasión, la situación y el peligro de fraccionamiento del país sean menores que entonces ni, tampoco, que no sea tan necesario como entonces, el aplicar la Ley con rotundidad, sin parcheos ni limitaciones innecesarias porque, señores, la situación que se ha producido en la autonomía catalana requiere que se afronte con valentía y con los medios que sea preciso utilizar para acabar con ella, antes de que el mimetismo pueda cundir en el resto de las autonomías, algunas de las cuales observan atentamente el discurrir de los hechos en Catalunya. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no estamos dispuestos a permitir, y nuestro voto en diciembre lo confirmará, que aquellos en los que pusimos nuestra confianza, sigan ignorando la realidad y se rindan, sin luchar, ante la amenaza más grande de secesionismo a la que se ha enfrentado España.