Miguel Massanet Bosch. El titular de la primera de uno de los diarios de más tirada en Catalunya, reza así: “El TC acelera un pacto ante el clamor pro Estatut”. Deseo y espero que lo que se afirma en dicho rotativo no sea más que una forma de expresarse del periodista, que así ha titulado su artículo, y deseo y espero que, el Alto Tribunal, desmienta rotundamente tan poco afortunada expresión; no sólo por el bien de la Justicia, sino también por el escándalo que, afirmaciones semejantes, puede provocar en la ciudadanía, ya de por sí bastante mosqueada, en España, por el comportamiento de determinadas instancias judiciales, que parece que se están empeñando en demostrar su politización, divismo y falta de valentía a la hora de contradecir las actuaciones y presiones procedentes del Ejecutivo; demostrando, con ello, que la separación de los tres poderes del Estado es más figurada que efectiva. No parece que, la prensa catalana, haya recapacitado sobre la inoportunidad, la temeridad y la evidente inconveniencia que demostró al aliarse para emitir un editorial que, a mi modesto entender, era merecedor de la denuncia inmediata de los fiscales si, en España, los hubiera lo suficientemente independientes para atreverse a saltarse las órdenes del inefable Fiscal General del Estado, señor Conde Pumpido, corre, ve y dile de quien él sabe; como se demostró en el caso de De Juana Chaos y, también, en el traslado a Madrid de un detenido, al aberzale señor Otegui, a quien se le dispensó un trato “exquisito”, cuando fue trasladado, por cuenta del Gobierno, en un avión fletado para ello, para que depusiese ante los juzgados de la Audiencia Nacional.

No es la primera vez que me veo obligado a denunciar, las más que notorias, presiones que por parte de la prensa, las autoridades catalanas, los mismos empresarios y la Generalitat en pleno, se están llevando a cabo para influir con amenazas, imposiciones, descalificaciones, recomendaciones y toda suerte de artilugios y artimañas, encaminadas a amedrentar a los magistrados del TC para que, olvidándose de su deber como tales y como encargados de comprobar la adecuación de todas las leyes emitidas por el Legislativo, sean de la categoría que sean y estén en el grado de desarrollo que fuere; se ajusten meticulosamente a las normas constitucionales, sin que les esté permitido, en su facultad de interpretación de los preceptos de la Carta Magna, desviarse ni un ápice de la hermenéutica del texto aprobado, en referéndum, por todos los españoles,para garantizarnos las libertades y el imperio de la Justicia. No nos valen chanchullos como el que el periodista puede querer dar a entender, en el título con el que nos ha obsequiado; no se puede permitir de ninguna manera que la interpretación de la Constitución tenga que ser objeto de acuerdos entre magistrados, de imposiciones políticas y de miedos a represalias; porque, para esto están los señores magistrados y para cumplir con su deber como guardianes de la propia Constitución.

Ya bastante mal han causado los integrantes del TC al retrasarse tres años, permitiendo que la implantación de las medidas establecidas en el contenido estatutario se hayan desarrollado en un 75% y sus efectos hayan ya sobrepasado, con creces, los previsibles perjuicios, agravios comparativos con respecto a otras autonomías e infracciones repetidas de algunos de los mismos preceptos constitucionales, como pudieran ser los derechos de los padres a elegir el tipo de enseñanza moral de sus hijos, o el derecho evidente a que sean educados y formados en castellano si lo desean o, las discriminaciones que comportan las leyes coactivas, emitidas por el Tripartit sobre los comerciantes; en cuanto los constriñen a tener que rotular en catalán y son sancionados si no lo hacen. Tampoco, los magistrados del TC, han contribuido con sus intrigas internas y sus desencuentros, no basados en verdaderas discusiones sobre el alcance de la ley, sino, más bien, pretendiendo arrimar el ascua a su sardina política; cuya trascendencia al gran público no ha hecho más que reavivar el convencimiento de los españoles de que la Justicia en España está dejada de la mano de Dios, aunque hubo alguno que lo calificó como un “cachondeo”, a lo que yo todavía no me atrevo.

Hemos tenido ocasión, los que vivimos en Catalunya, de comprobar como el gobierno socialista del señor Zapatero hacía oídos sordos a aquellos que reclamábamos que se atajasen las demostraciones que se han venido haciendo en más de 160 pueblos, infringiendo claramente las leyes, pasando por encima de autos judiciales en los que se prohibían tales actuaciones y con el evidente beneplácito de las autoridades locales y de los partidos causantes de la convocatoria a la consulta popular, en la que se solicitaba el voto positivo o negativo para una posible independencia de Catalunya de España. Si, en otra ocasión, la quema de las efigies de los Reyes, ya quedó impune siendo considerada como la manifestación de la libertad de expresión y las múltiples quemas de banderas nacionales se han convertido en algo habitual, sin que, por parte de las autoridades encargadas del orden, se haya tomado la menor acción para detener a los culpables y aplicarles las leyes vigentes; no nos quedará más remedio que aceptar que esta comunidad catalana tiene patente de corso para saltarse las leyes que, en otras comunidades del país pare que sí se respetan. ¿Es esto una consecuencia del Estatut?o ¿debemos considerarlo como la antesala, convenida con el Gobierno central, de una futura ruptura de Catalunya con el resto de España?

Es un tema que merece ser considerado con detenimiento, porque yo estimo que los españoles tienen derecho a conocer si, este trato de favor que recibe la comunidad catalana, si esta parte del león que se le ha asignado en la ley  de Financiación, o si estos millones que salen del Senado para otras ayudas a los catalanes o si las subvenciones que reciben los de la farándula catalana; están encaminadas a financiar a una comunidad española, una región que se considera parte de España y que se muestra solidaria con el resto de españoles, o, resulta que todo este dispendio, este chorro de millones de euros, este abandono de los que nos sentimos españoles en tierra extraña; no tienen otro sentido que favorecer, a cargo del Erario español, las aspiraciones independentistas de algunos catalanes que se han atribuido la representación exclusiva de todos los ciudadanos de Catalunya. Porque, señores, si se trata de una traición, subvencionada por España, con dinero de los impuestos de los españoles, para ayudar a estos secesionistas a que consigan sus fines, deberemos pensar que hemos metido el caballo de Troya en nuestra casa, en este caso disfrazado de Estatut y, si este es el caso deberemos admitir que, todos los españoles, estamos haciendo el percebe, ya saben,  aquello de: “cornudos y contentos”.

Lo que ocurre es que, este pueblo español, estos ciudadanos, esta gente con la que nos cruzamos cada día en la calle, no parece reaccionar, no protesta, está aletargada como si, en España, no ocurriese nada por lo que preocuparse. Y uno, admirado de que así sea, se pregunta: ¿a qué estarán esperando? Quizá pudiéramos buscar la explicación en aquella frase de Lope de Vega. “No hay contento, a donde viven tantos desengaños”