Miguel Massanet Bosch. Importa lo que interesa al Gobierno, no a España. El totalitarismo de Sánchez le impulsa a gobernar a base de decretazos. Veamos si conseguimos hacer la luz en las últimas actuaciones de este Gobierno que, a medida que transcurren los días y se suceden, con rara y persistente periodicidad, sus errores de planteamiento y sus fallos de cálculo; en función de que sus proyectos, siempre elaborados sobre soportes fácticos de suma debilidad, fácilmente influidos por el devenir de los acontecimientos políticos, en una situación típica de un gobierno en minoría, que depende de una serie de apoyos de muy distinta procedencia, no siempre coincidentes en sus respectivos objetivos, que le obligan a ir dando bandazos para intentar contentar a todos aquellos a los que les debe el hecho de continuar dirigiendo el gobierno de la nación.

Fracasos como el no haber conseguido aprobar los PGE, deslices como el que le ha supuesto su precipitada decisión de exhumar los restos de Franco de la Basílica del Valle de los caídos, sus enfrentamiento con la familia del general, sus tropiezos con la Iglesia católica y las continuas muestras, conocidas a través de la portavoz del Gobierno, la ministra Celáa, respecto a la clase de gobernantes que estamos padeciendo, una señora ministra fanatizada que siempre da muestras de una entrega completa a los intereses de su partido, el PSOE, expresándose en la forma habitual en la que lo hacen los dictadores y hablando siempre de lo que “quiere el Gobierno”, “lo que este Gobierno no va a consentir” o aquello que consideran reprochable en la oposición de aquellos que siguen respetando la Constitución y que no quieren saber nada de acuerdos con los separatistas catalanes o vascos. Nunca, en consecuencia, de lo que interesa a España o a los españoles, de aquellos temas que, en realidad, debieran ser de los que, el nuevo gobierno de Sánchez, se ocupase con la máxima prioridad por ser vitales para la seguridad, nivel de vida, la paz y la conveniencia del pueblo; con la intención de que fueran resueltos con la máxima prioridad; en lugar de dedicarse, por simples conveniencias políticas, a crearles más y más complejos problemas de los que preocuparse, como, por ejemplo, ha sido este empeño irrelevante, fuera de toda lógica, de humillar a la familia de una persona que hace cuarenta años que falleció y que nadie apenas recordaba, aparte de aquellos que nunca han sido capaces de olvidar que fueron derrotados por él.

Hasta en ello han sido incapaces de seguir una línea bien estudiada y se han visto obligados a ir improvisando a medida que, aquello que ya daban por hecho, le has fallado, desde la reunión con el Secretario General del Vaticano, al acuerdo sobre el lugar del posible del entierro de los restos del general Franco, en el nicho que dispone en la Almudena de modo que, cuando se han dado cuenta de que su traslado allí volvería a facilitar, a los que le siguen adictos, el poderle visitar con mayor frecuencia y notoriedad. Fallo tras fallo y, a cada uno de ellos, su incontinencia, su orgullo herido y su incapacidad, les ha obligado a reaccionar de forma intemperante, con chulería y atribuyéndose a ellos, al Gobierno, no al pueblo que sería el que tuviera que decidir, todo el poder para imponer su voluntad, evidentemente sectaria e irracional.

La ministra Celáa, una desconocida con pocas tablas, se ha referido al tema con “el Gobierno no puede consentir que la Almudena se convierta en un lugar de ensalzamiento de la figura del dictador” ¡Pues sentimos decírselo, señora ministra, pero con esta actitud revanchista y chulesca, ya han conseguido rehabilitar lo que, para muchos españoles, era un personaje indiferente, convirtiéndolo en una curiosidad para aquellos jóvenes que ni siquiera habían oído hablar de él! Muchos españoles, que ya casi se habían olvidado de aquella época, han tenido ocasión de revivir el recuerdo de unos tiempos en los que, contrariamente a las paparruchas históricas que cuentan esos supuestos historiadores de la ley de Memoria Histórica, se vivía en paz, había orden, se podía circular por las calles de la ciudad a cualquier hora del día o de la noche, sin miedo a ser asaltados, agredidos, robados o apaleados por pandillas de rufianes; que han reflexionado, precisamente con todo este movimiento organizado en torno a los restos del general Franco, de forma crítica cuando han comparado aquellos tiempos en los que, sin partidos políticos, autonomías, partidos de izquierdas, homosexuales reconocidos, huelgas salvajes, separatistas que intentan la división de España, prófugos de la justicia que, en el extranjero, hacen campaña en contra de España y de sus instituciones, etc. – se vivía en paz, se gozaba de seguridad, había menos políticos, y no se estaba bajo la constante tensión de tener que estar atento cada día a la posibilidad de que, España, su economía, sus puestos de trabajo o su régimen político se tambalease; no como ahora que estamos expuestos a que, en cualquier momento podamos caer en manos de unos comunistas o de un partido dirigido por un ambicioso líder, dispuesto a entregar el país a una pandilla de incompetentes, con tal de seguir ocupando el poder –

En sus remembranzas, han llegado al punto de comparar la seguridad, la tranquilidad, la paz y la protección real de los trabajadores de aquellos tiempos de los sindicatos únicos, de las magistraturas de trabajo, de la defensa a ultranza de cada puesto de trabajo por los abogados sindicales, de modo que sabían que apenas existía posibilidad alguna de ser despedido y que eran los magistrados los que, en cualquier caso, fijaban las indemnizaciones sin que tuvieran el límite que ahora existe para que una empresa pueda despedir a un trabajador con unos cuantos días de indemnización.

Efectivamente, las últimas decisiones del TS (algo que fácilmente hubieran podido evitar si la comunicación dentro de la sede de este alto tribunal fuera mejor) no han sido las más acertadas, las que mejor se han comprendido por los ciudadanos ni las que, con más tacto, se han llevado a cabo. Pero dicho esto, no es conveniente ni para España, ni para la imagen de nuestra Justicia ante estos países empeñados en afirmar que no somos una verdadera democracia, ni, evidentemente, para los españoles, intentar degradar la imagen del más alto tribunal de nuestra Justicia ( el TC es cosa aparte).

Por eso nos hemos sorprendido cuando nuestro presidente, Pedro Sánchez, apenas unas horas después de que se dictase la resolución sobre el tema de quién era el que debía ser el sujeto pasivo en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en el caso de las hipotecas; saliera a la palestra ( él que es tan poco amigo ha sido, últimamente, de salir en público) para anunciar modificar por real decreto ley la sentencia por la que se declaraba que los pagadores deberían ser los que pidiesen el préstamo hipotecario, cambiando su sentido y declarando sujeto pasivo al banco prestamista. Extraña, no sólo la rápida aparición del señor Sánchez, para aprovechar la ocasión para apuntarse un tanto electoral prometiendo el cambio de sentido de la sentencia del TS. Sino algo que entraña mucho mayor peligro: se ha permitido abroncar a los magistrados del Supremo, reprochándoles su forma de actuar. Una intromisión que nunca debería haberse cometido si tenemos en cuenta el respeto que se deben tener las tres instituciones o poderes del Estado, cuya característica fundamental es la de la independencia los unos de los otros y que, cualquier interferencia puede dar a entender a los ciudadanos que, un poder del Estado, intenta tener influencia sobre alguno de los dos restantes o, en su caso, sobre ambos.

Pero tenemos la impresión de que en todo este asunto existen algo más que casualidades y algunos, incluso hemos llegado a pensar que, entre todas estas circunstancias que se han producido, existen estrategias sibilinas bien pensadas que, es muy posible, que tengan más enjundia que la que en un principio se les ha otorgado.- Supongamos que, en el complicado entramado surgido entre el Gobierno y los separatistas catalanes (ahora apoyados sin el menor recato por el partido de Podemos) se ha producido una ruptura provocada por el señor Torra (un mero corre, ve y dile, del señor Puigdemont) aprovechando la excusa de los presos, a punto de ser juzgados por delitos muy graves por el TS.

Esto no lo tenía previsto en su estrategia el señor Sánchez, un obstáculo que le ha puesto a los pies de los caballos, cuando su socio de Podemos le pide elecciones, uniéndose a los partidos de centro que llevan pidiéndoselas desde hace meses. Pretende aguantarse en el machito, como el mismo ha anunciado, a base de decretos. Una posición difícil de sostener porque, en principio, los decretos o decreto ley se utiliza cuando la urgencia no permite retrasarlo a la consulta con el Parlamento de la nación. Se podrían definir como un tipo de norma, en España Real Decreto Ley, contemplada en el propio ordenamiento jurídico para ser dictada en determinados casos, en virtud de razones de urgencia —que impiden, por ejemplo, obtener la autorización para un decreto legislativo o la dictación de una ley propiamente tal - aunque requieren de convalidación por parte del poder legislativo, habitualmente en un plazo breve.

Si Sánchez consiguiera desacreditar, aprovechando esta oportunidad que se le ha presentado en la que el TS ha quedado tocado ante la ciudadanía, para restarle credibilidad, se le pondría a su favor un proyecto que lleva rumiando desde hace tiempo y que ha dejado que sonase para medir la reacción ciudadana, sobre una posible solución al problema que tiene para satisfacer, a los nacionalistas catalanes, que le exigen como condición previa a apoyarle en los PGE, el que se deje en libertad a los encausados por el tema del 1.O. Sería la promesa que Sánchez les hiciera a los independentistas de que, tan pronto el TS dictase sentencia, aún en el más que probable caso de que fuera condenatoria para los presuntos delincuentes que se hallan en situación de prisión preventiva; su gobierno socialista iba a proceder a tramitar el indulto correspondiente para que todos quedasen en libertad.

Evidentemente, esto supondría que todos ellos renunciasen a sus proyectos independentistas y dejasen de figurar como cabecillas de sus respectivas organizaciones. Pero, en todo caso, al señor Sánchez le permitiría algo que necesita: conseguir tiempo que le dejara llegar, permaneciendo en el cargo, hasta el año 2020 en el que se deberían convocar las legislativas en las que, piensa, tendría mayores posibilidades de ser elegido para volver a gobernar. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, se ve una operación que tiene visos de ser posible y que, si no se ponen medios para evitar que se consolide, tiene la posibilidad de acabar con las posibilidades de conseguir finiquitar a este Gobierno que, sin duda, es un peligro grande para toda España y el porvenir de los españoles.