Redacción Madrid. 2 de febrero. La fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) está estudiando la posibilidad de abrir un proceso contra las autoridades israelíes por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza a través de la jurisdicción palestina.

Se estudia en la jurisdicción de Palestina porque Israel no es signatario del Tratado de Roma y, por tanto, está exento de las actividades de este Tribunal, según declaró el fiscal jefe del Tribunal, Luis Moreno Ocampo, al diario británico 'The Times'.

   En caso de aceptarse la jurisdicción palestina, según el rotativo londinense, la fiscalía estaría reconociendo a la Autoridad Palestina como Estado 'de facto' con facultad para presentar sus propias denuncias ante el TPI. De prosperar, la investigación se centraría en particular en el uso de fósforo blanco en zonas densamente pobladas por civiles durante la reciente operación 'Plomo fundido' en la Franja de Gaza.

   La oficina del fiscal del TPI ya ha recibido varias denuncias sobre crímenes de guerra en la Franja de Gaza y está a la espera de nuevos informes de la Liga Árabe y de Amnistía Internacional. Varios grupos palestinos solicitaron este mes al fiscal la apertura de un proceso, pero Moreno Ocampo respondió que no tenía competencia para ello porque el TPI no tiene jurisdicción sobre Israel, país que no ha firmado el Tratado de Roma por el que se constituyó la Corte.

   No obstante, Moreno Ocampo declaró al diario londinense en Davos --con motivo de la celebración del Foro Económico Mundial-- que el Tribunal está examinando la posibilidad de actuar en este caso a través de la jurisdicción palestina. Al respecto, los citados grupos palestinos aseguraron que la Autoridad Palestina es, en realidad, un Estado 'de facto' en cuyo territorio se cometieron los crímenes. "Es el Estado territorial el que debe acudir al Tribunal. Su argumento es que la Autoridad Palestina es, en realidad, un Estado", declaró Moreno Ocampo.

   Los solicitantes palestinos aseguran que, en función del Derecho Internacional, Israel no tiene ninguna responsabilidad estatal sobre la Franja de Gaza desde que se retiró de este territorio en 2006. "Están creando jurisprudencia", admitió el fiscal argentino. "Es muy complicado", prosiguió. "Necesitaré mucho tiempo, pero actuaré de acuerdo con la ley", aseguró.

   Según Moreno Ocampo, el examen del caso no implica necesariamante que el TPI esté dando la razón a los que han denunciado crímenes de guerra en la Franja de Gaza, ya que en esta fase, precisó, sólo se intentará determinar la jurisdicción y no se dará ningún nuevo paso mientras no se haya decidido al respecto.

   Según el Tratado de Roma, los Estados miembros del TPI pueden denunciar ante el Tribunal los crímenes cometidos por sus ciudadanos o en su territorio. Los crímenes supuestamente cometidos por ciudadanos de países que no hayan firmado el tratado pueden remitirse al Consejo de Seguridad de la ONU, como ocurre con el caso de la región sudanesa de Darfur.

   Costa de Marfil sentó en su día un precedente. Este país firmó pero no ratificó el Tratado de Roma, pero en 2005 llegó a un acuerdo con el TPI por el cual aceptaba la jurisdicción del Tribunal para investigar los crímenes cometidos desde septiembre de 2002. Los abogados palestinos alegan que la Autoridad Palestina puede remitir los casos de Gaza mediante un reconocimiento 'ad hoc', dado que la Autoridad Palestina no está reconocida internacionalmente como Estado.

   Según 'The Times', este asunto podría tener repercusiones aún más amplias, ya que, una resolución afirmativa por parte del fiscal del TPI podría implicar un reconocimiento internacional del Estado palestino más rápido de lo que Israel quisiera. No obstante, y por los mismos motivos, un rechazo por parte del Tribunal podría perjudicar a los palestinos para que se reconociera legalmente al futuro Estado palestino.

   Por otra parte, el reconocimiento 'de facto' de un Estado palestino miembro del TPI supondría un problema serio para Israel, ya que en estas condiciones el Gobierno palestino podría denunciar ante el Tribunal los crímenes de guerra que cometiera el Ejército hebreo sin las actuales trabas legales.

   Una posible solución para Israel sería poner en marcha una investigación interna sobre lo sucedido en la Franja de Gaza, ya que en tal caso los supuestos crímenes quedarían fuera de la órbita del TPI. El Tratado de Roma establece que el Tribunal sólo puede investigar y perseguir las acusaciones sobre graves violaciones de Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario en caso de que los tribunales del país en cuestión no puedan o no quieran hacerlo.

   De momento esta solución parece muy lejana, puesto que Israel ha negado en todo momento que haya habido crímenes de guerra, pero el Ejército hebreo ya ha anunciado la apertura de una investigación sobre el presunto uso de fósforo blanco, cuya utilización ha admitido parcialmente.

   El fósforo blanco no es ilegal si se utiliza para crear cortinas de humo pero su uso está prohibido en zonas pobladas por civiles. Las cámaras de televisión han emitido imágenes en las que se advierte lo que parece fósforo blanco durante el bombardeo de una escuela de la ONU en Beit Lahiya que acogía a ambulancias de la Luna Creciente Roja. Varias organizaciones internacionales e incluso israelíes de Derechos Humanos y la propia Naciones Unidas han acusado al Ejército israelí de disparar munición con fósforo blanco contra zonas civiles durante la reciente ofensiva.

   Una coalición de grupos israelíes de Derechos Humanos ha pedido al fiscal general de Israel que abra una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Estas organizaciones, entre las que figura B'Tselem, han acusado a las fuerzas israelíes de disparar contra civiles, de negar ayuda médica a los heridos, de impedir a las ambulancias palestinas hacer su trabajo y de disparar contra personas que enarbolaban bandera blanca.

   Por otra parte, la ONU está preparando una investigación sobre el bombardeo por parte de la artillería israelí de un colegio de la ONU en Jabaliya, en el norte de la Franja de Gaza, en el que se ocultaban desplazados civiles. El ataque causó 43 muertos. Israel alegó que en el edificio se habían refugiado combatientes palestinos que estaban disparando desde estas instalaciones, pero la ONU lo ha negado categóricamente.