Pedro Sáez Martínez de Ubago. una España casi arruinada por todo tipo de huelgas y conflictos en servicios esenciales como la sanidad, la educación o el transporte, aterrada por la crisis de un sistema financiero que en pocos años ha pasado de la Champions League a regional, con unos tribunales de justicia colapsados por falta de recursos humanos y materiales, harta de la corrupción generalizada en todos los ámbitos de la administración e instituciones del Estado, así como de los representantes políticos y sindicales, y desacreditada un viernes sí y otro también por la política de bandazos de un gobierno errático que, sería sapientísimo si se le aplicara el aforismo  Prudentium est mutare consilium [cambiar el consejo es propio de sabios], una nueva institución, nada menos que el Tribunal Constitucional se ha sumado al número de huelguistas potenciales.
Este martes veíamos no sin inquietud que el Pleno del Tribunal Constitucional amenazaba con tomar medidas "muy drásticas" contra a "la indeseable situación" que supone el retraso en la renovación de tres de sus magistrados y la cobertura de la plaza que hasta mayo de 2008 ocupó el difunto Roberto García Calvo.
En el artículo 159 de la Constitución española se establece entre otras cosas que: “1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial […] 3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años y se renovaran por terceras partes cada tres”.
Censurable puede resultar para el criterio de muchas personas el que 8 de los 12 miembros sean designados por el Legislativo y otros 2 por el Ejecutivo y sólo 2, la sexta parte, por el poder judicial, dado que esto contraviene fragrante y rotundamente la fundamental independencia de los tres poderes, considerado fundamental en toda democracia liberal, como la que se supone que gozamos en España.
Esta dependencia de los miembros del TC de los partidos y del gobierno llevan a la intromisión del tribunal que nos ocupa en sentencias tan aberrantes como la constitucionalidad del crimen del aborto amparado en el principio de “legítima defensa, la legalización de BILDU que hace un año abrió las instituciones al entorno de ETA, la tan aplazada y contradictoria sentencia sobre el estatuto de Cataluña o que un recurso interpuesto por el Partido Popular contra el matrimonio homosexual lleve años esperando el fallo.
Pero, independientemente de lo anterior, el hecho es que este martes los 11 magistrados que componen el Pleno han suscrito un comunicado de protesta porque, a pesar de que la Constitución, "Desde hace más de cuatro años somos sólo once, porque el Congreso de los Diputados no cumple el deber de cubrir la vacante producida por el fallecimiento".
A esto se suma el descontento de los jueces porque los magistrados Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera, lleven más de diez años y medio ejerciendo como miembros del tribunal, contra los nueve años establecidos por la Constitución, situación también provocada "porque el Congreso de los Diputados no cumple su deber".
Continúa el comunicado: "Ante tan reiterados y duraderos incumplimientos, el Pleno del Tribunal Constitucional ve necesario recordar el respeto que se debe a la Constitución, advirtiendo que, de prolongarse tales incumplimientos, adoptará las medidas que están en su mano, por muy drásticas que sean, para oponerse a esa indeseable situación". La reiteración se deba a que ya en junio de 2011 el vicepresidente del TC, Eugeni Gay, y los magistrados Delgado y Pérez Vera, presentaron su dimisión aludiendo como causa a la tardanza en la renovación de sus cargos. La petición fue rechazada por el presidente del órgano judicial, Pascual Sala. Algo también insólito en una nación como España donde el verbo “dimitir” parece que no figura en el DRAE a tenor del apego a las poltronas de innumerables personajes de la vida pública presuntamente involucrados en incontables delitos o escándalos o convictos de ello.
Sin necesidad de ser un experto en temas jurídicos, no faltará más de un español que se pregunte qué cabe esperar de una nación en que los miembros de su máximo tribunal denuncian que las Cortes no cumplen su cometido y tengan que amenazar más o menos veladamente con una huelga ¿Podría este comunicado de TC implicar que este organismo comprenda y justifique los numerosos conflictos laborales que nos están arruinando a causa de la no menos ruinosa gestión de nuestros políticos?
Una decisión así, si se llevara a la práctica implicaría que los españoles, privados ya de derechos fundamentales como la vida, el trabajo, un salario justo, la vivienda, la sanidad, la educación, etc. nos veríamos también privados de la justicia, cuando, a decir del jurista, pensador, historiador, catedrático y político español Gumersindo de Azcárate: “un pueblo puede vivir con leyes injustas, pero es imposible que viva con tribunales que no administren bien y pronto la justicia”.