Redacción Madrid. 7 de diciembre.

  La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisará el próximo día 11 a puerta cerrada la condena a 28 años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional en diciembre de 2007 al miembro de los GRAPO Fernando Silva Sande, por un delito de detención ilegal por el secuestro del industrial Publio Cordón.

  Sande se conformó con la condena y desistió de interponer recurso de casación ante el Supremo, aunque sí lo hizo la mujer de Cordón, Pilar Muro. El ponente de la resolución será el magistrado Enrique Bacigalupo, informaron fuentes del alto tribunal.

   La sentencia de la Audiencia Nacional absolvió a los otros integrantes de la organización terrorista acusados por estos hechos, Manuel Pérez Martínez, alias 'Camarada Arenas', e Isabel Llaquet al considerar que no existen indicios válidos que señalen que ordenaron el secuestro, perpetrado en 1995.

   También se absolvió a Silva Sande del delito de estafa por el que la acusación particular que representa a la esposa y las hijas del empresario zaragozano pedía una pena de 6 años de prisión.

   No obstante, se le condenó al abono a los hijos del secuestrado de una indemnización de 300.506 euros (50 millones de pesetas) en caso de que se acredite que su padre sigue con vida, mientras que en caso de que se certifique la muerte del empresario, la cantidad deberá pagar en concepto de indemnización casi dos millones y medio de euros (400 millones de pesetas).

   La Fiscalía pedía para cada uno de los procesados 27 años de cárcel al considerarles inductores directos de un delito de detención ilegal. La acusación particular solicitaba por este mismo delito 30 años de prisión en cada uno de los casos.

   Según el relato de hechos probados por la Audiencia Nacional, entre los meses de mayo y junio de 1995, los tres procesados mantuvieron en París una reunión junto al también terrorista, ya condenado por estos hechos, Enrique Cuadra Echeandía, quien recibió la orden de llevar a cabo el secuestro de una persona adinerada para recaudar fondos para la banda. Fue en aquella reunión en la que se seleccionó como víctima al empresario afincado en Zaragoza Publio Cordón.

   El propio Enrique Cuadra fue el encargado de realizar las tareas de vigilancia de la víctima, así como la posterior negociación con su familia junto a otros dos miembros de la banda también condenados, José Ortín y Concepción González. Los tres vigilaron a Publio Cordón durante más de 20 días, tanto en su domicilio como en su empresa, para conocer sus costumbres, según indica el escrito de acusación provisional del fiscal.

   Fue el día 27 de junio de 1995 cuando Silva Sande, armado con una pistola y acompañado de Ortín y Cuadra, abordó al empresario cuando practicaba 'footing' en compañía de sus tres perros. Dos días después, los terroristas se pusieron en contacto con la familia de Publio Cordón a la que solicitaron 500 millones de pesetas a cambió de la liberación del secuestrado. Esta cantidad fue finalmente rebajada a 400 millones y fijaron la ciudad de París como lugar de entrega de esta cantidad.

   Hasta la capital francesa se desplazó la hija de Publio Cordón acompañada de su marido y allí se reunieron con Silva Sande y Cuadra Echeandía a los que entregaron el dinero en metálico repartido en tres bolsas de deporte.

   No obstante, después de que los GRAPO recibiesen el dinero y pese a que anunciaron a la familia la fecha, la hora y el lugar en el que sería liberada la víctima, hasta la fecha no se conoce el lugar en el que fue secuestrado, ni su paradero, ni si fue puesto en libertad, ni si está vivo o no.