Redacción. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido este martes continuar con el juicio contra el juez Elpidio José Silva por presunta prevaricación en la instrucción del 'caso Blesa',  después de que su abogado haya renunciado a defenderle por pérdida de confianza.

Esta cuestión fue expuesta por el letrado Cándido Conde-Pumpido Varela a última hora de la primera sesión del juicio, después de que hubieran sido rechazadas las numerosas cuestiones de nulidad que planteó para retrasar la vista hasta después de las elecciones europeas.

El abogado Cándido Conde-Pumpido Varela renunció a seguir ejerciendo la defensa del cabeza de lista por el Movimiento Red a las europeas y solicitó que se le diera un plazo de diez días para poder nombrar a otro letrado. "Teniendo en cuenta que he fallado en mi pronóstico y que mi cliente ha acertado, no puedo más que decir que hay disparidad de criterio y he fallado a la confianza de mi cliente. Me resulta imposible defenderle en estas condiciones", afirmó.

Una maniobra que ha pedido ser desestimada por el fiscal, el abogado de Blesa y el letrado Nicolás González-Cuellar, en representación del ex presidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán. Todos ellos consideran esta "pirueta" como "un fraude de ley absolutamente inaceptable" para intentar retrasar la celebración del juicio. Se ha calificado como “injustificada" renuncia, que incurre en una falta disciplinaria y puede llegar a ser un delito de deslealtad profesional con pena de inhabilitación. Los magistrados han entendido que "subyace" en esa renuncia la intención de retrasar la vista, por lo que han apercibido al abogado y han añadido que su conducta puede incurrir en una infracción disciplinaria sancionable con una multa "equiparable a la más alta de las previstas para las faltas".

La vista oral se produce en un momento en el que Silva ha anunciado que será candidato del Movimiento Red para los comicios al Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo 25 de mayo. Denuncia que este juicio, al que califica de "patraña e ilegal", conculca su derecho a participar en las elecciones y le impide organizar su precampaña.

 El calendario del juicio había señalado para el martes el interrogatorio de Silva y el miércoles la comparecencia de Miguel Blesa, de tres guardias civiles y dos empleados de la consultora KPMG. Los días siguientes han sido citados fiscales, funcionarios y jueces de Madrid, así como abogados de Manos Limpias.

 El fiscal Manuel Moix pide para él una pena de 30 años de inhabilitación para trabajar en la Administración de Justicia por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa. El ex banquero solicita que sea apartado durante 40 años y Díaz Ferrán que sea condenado a 24 años de inhabilitación especial.