Paloma Martín asegura que desde que está Pedro Sánchez en el Gobierno, el número de denuncias por ocupación ilegal ha crecido un 39% en España y un 84,2% en Cataluña.

•             Acusa al Gobierno de utilizar “maniobras de trilero para relativizar los datos y escamotear la magnitud del problema”, ya que las 79.000 viviendas ocupadas en España equivalen a que ciudades como Badalona, Tarragona, Lleida, Badajoz o Logroño, con ese número aproximado de viviendas, estuvieran totalmente ocupadas. “Mientras para Sánchez es un bulo, para el PP es un drama”, añade

•             Explica que los propios agentes del sector han denunciado que desde la implementación del decreto antidesahucios y la Ley de Vivienda se ha incrementado de forma “alarmante” la inquiocupación: “Por esta normativa, los ocupas ni siquiera tienen que tomarse la molestia de echar la puerta abajo, es el Gobierno quien se la abre”, denuncia

•             Reprocha al Gobierno que “bloquee” y “guarde en un cajón” la Ley Antiocupación promovida por el PP y aprobada en el Senado, que propone desalojos en 24 horas. “Pedro Sánchez no solo es incapaz de buscar soluciones, además las impide”, añade

•             Afirma que la situación es especialmente grave en Cataluña, con más ocupaciones ilegales en 2023 que Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid juntas. “El propio Ministerio del Interior reconoce 6.258 infracciones en 2023 en Cataluña, el 40% del total nacional”, argumenta

•             Considera que la Ley de Vivienda está provocando “efectos demoledores” en el mercado inmobiliario, ya que la oferta de vivienda ha disminuido y los precios se han disparado un año después de su aprobación

•             Subraya que, en Cataluña, única comunidad donde se han aplicado las zonas tensionadas y el índice de precios de alquileres, los precios han alcanzado niveles históricos: “En Barcelona, el precio medio del alquiler es ahora de 22,2 euros el metro cuadrado, un 75% superior a la media nacional”

•             Defiende que la solución al problema habitacional debe basarse en el consenso y en políticas de vivienda probadas y efectivas: “Proponemos políticas de vivienda basadas en la colaboración público-privada, que han demostrado ser efectivas en las comunidades donde gobernamos”

•             Explica que el PP ha finalizado una ronda de consultas con representantes del sector, comunidades autónomas, ayuntamientos, afectados por la ocupación y entidades juveniles, para elaborar su Proposición de Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda, que se presentará en septiembre en el Senado