Redacción Madrid. 19 de diciembre.

  La jueza de guardia del Juzgado de Instrucción número 2 de Manacor, Martina Mora, decretó esta madrugada libertad sin fianza para el arquitecto, el aparejador y el jefe de obras del hotel Son Moll, Arturo Vila, Josep Lluís Pujol, y Joan Bonet, respectivamente, después de que el fiscal coordinador de Siniestralidad Laboral de Baleares, Miguel Ángel Anadón, no solicitara prisión para ello, pese a imputarles cuatro delitos de homicidio imprudente y uno contra los derechos de los trabajadores, después de que el pasado martes se derrumbaran tres de las nueve plantas del establecimiento, que estaba siendo reformado sin licencia municipal, causando la muerte de cuatro operarios de las obras.

   No obstante, la acusación particular, que representa a uno de los fallecidos, sí reclamó a la jueza prisión provisional para Vila y Pujol, que no fue aceptada por la magistrada, quien no decretó ninguna medida cautelar contra los tres imputados. Lo único que solicitó Mora fue la entrega de la documentación acordada. El arquitecto, el aparejador y el jefe de la obra integral que se estaba acometiendo en el establecimiento anexo al hotel Son Moll, propiedad de la empresa Serrano S.L., que fueron detenidos el martes por la Guardia Civil a petición del fiscal y desde entonces, han permanecido en los calabozos de la Benemérita en Palma.

   Así, los tres detenidos llegaron a las 16.35 horas a las dependencias judiciales, para prestar declaración ante la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Manacor, en dos coches todo terreno de la Guardia Civil, de donde descendieron escoltados por los agentes y esposados. Sólo el aparejador se tapó el rostro e intentó eludir a los numerosos medios de comunicación que se habían concentrado delante del Palacio de Justicia de Manacor.

   El primero en declarar fue el arquitecto del hotel, Arturo Vila, quien respondió a las preguntas de la magistrada y del fiscal desde las 18.00 horas hasta las 20.30 horas y que estuvo asistido por el abogado Gabriel Garcias, quien también defendió al aparejador Josep Lluís Pujol, que fue interrogado entre las 21.00 y las 23.15 horas. Finalmente, prestó declaración entre las 23.45 y las 01.50 horas el jefe de obras Joan Bonet, asistido por el letrado Alberto de Juan. Los tres recalcaron que existía un plan de seguridad en las obras de reforma y achacaron el fatal accidente a la abundante lluvia caída durante el pasado martes, que, a su juicio, afectó a la estructura del hotel provocando su derrumbe, repitiendo así el mismo argumento que esgrimieron durante su declaración ante la Guardia Civil.

   Los tres fueron interrogados, como consecuencia de la decisión de la juez de abrir diligencias previas para esclarecer las causas que provocaron la muerte de los cuatro trabajadores, que fallecieron sepultados por los escombros, después de que tres forjados del edificio anexo al hotel del grupo Serrano Hoteles cedieran. Las abundantes lluvias se vislumbran como la causa directa del derrumbe, pero el hecho de que el hotel careciera de licencia para ejecutar el proyecto de remodelación que se estaba llevando a cabo llevó a la Guardia Civil y ahora a la justicia a abrir diligencias. Así, el alcalde de Capdepera, Bartolomé Alzina, informó el mismo día del accidente que había requerido al grupo Serrano S.L. hasta en tres ocasiones que paralizara la obra al carecer de licencia, a lo que la empresa hizo caso omiso.

CUATRO IMPUTADOS MÁS

   Además, otras tres personas, los constructores, Rafael Febrer y Bartomeu Estelrich, propietarios de las empresas constructoras, así como la propietaria y administradora legal del hotel, Antonia Serrano, y la también administradora, Rosalía Vidal, han sido imputados en el caso y el martes prestaron declaración en la comandancia de la Guardia Civil de Baleares, mientras que ayer a mediodía todos, excepto Vidal, comparecieron ante el Juzgado de Manacor, aunque la jueza no les interrogó. Febrer y Estelrich, que están siendo defendidos por el abogado Eduardo Valdivia, acudieron esta tarde a los juzgados de este municipio para apoyar moralmente a las familias de los tres detenidos.

   La jueza y el fiscal realizaron el martes una inspección ocular, en la que también participaron técnicos de las Consejerías de Trabajo y Vivienda y Obras Públicas del Gobierno regional , así como de la Inspección de Trabajo y de la Consejería de Ordenación del Territorio del Consejo de Mallorca, con el principal objetivo de llevar a cabo un conocimiento del terreno como actuación inmediata e imprescindible para que los técnicos elaboren sus correspondientes informes, así como para el aseguramiento de la zona y la conservación de posibles vestigios.

   Por su parte, Serrano Hoteles, empresa propietaria del hotel Son Moll remarcó ayer que cumple con toda la normativa vigente en materia de seguridad laboral que exige la ley en el ámbito de la construcción y explicó que las reformas de este establecimiento, situado al norte de Mallorca, tenían el plan de seguridad que exige el arquitecto municipal y el Colegio de Arquitectos. Además, añadió que las obras contaban con un coordinador y los correspondientes técnicos que supervisaban el proceso.

PODRÍAN ENFRENTARSE A PENAS DE 6 AÑOS DE PRISIÓN

   El decano del Colegio de Abogados de Baleares, Juan Font, informó en declaraciones a Europa Press que el arquitecto, el aparejador y el jefe de obras del hotel Son Moll podrían enfrentarse a penas de entre cuatro y seis años de prisión si finalmente se demuestra que han incurrido en un delito de homicidio por imprudencia temeraria o contra la seguridad de los trabajadores. No obstante, precisó que aún debe comprobarse si el establecimiento en el que se estaban realizando las obras contaba con licencia para llevar a cabo estos trabajos, si se habían adoptado medidas de seguridad y si el accidente era previsible dada la antigüedad del edificio. Tras ello, podrá confirmarse si se derivan responsabilidades penales del incidente, si bien remarcó que "responsabilidad civil la hay seguro, lo que supondrá indemnizar a los familiares de las víctimas".

   El municipio de Capdepera decretó el pasado martes en un Pleno Extraordinario tres días de luto oficial y la suspensión de todos los actos y actividades de este fin de semana en memoria de las víctimas del derrumbe del hotel, que son dos españoles Ismael Rodríguez, de 35 años, y José María Fernández, de 27, vecinos de Cala Rajada, y dos marroquíes Ahmida Tahriouni, de 38 años, y Mohamed Zanani, de 37, residentes en Manacor. Minutos antes del accidente, se encontraban trabajando en la reforma del hotel Son Moll alrededor de 90 operarios.

   Tras la muerte de los cuatro trabajadores, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Metal, Construcciones y Afines y responsable de prevención de riesgos laborales de UGT, José Mas, exigió ayer prisión para el alcalde de Capdepera, Bartolomé Alzina (PSIB), por no haber enviado a la Policía Local para paralizar las obras ilegales en el hotel Son Moll, mientras que el secretario de Organización de la Federación de Construcción de CCOO, Rafael Palomino, desveló que los abogados de su sindicato están elaborando informes del siniestro, con el fin de denunciar ante los tribunales a los responsables del derrumbe del establecimiento "a todos los niveles".