José Luis Orella. 12 de mayo. España forma parte de una Europa que está intentando unirse en un momento en el que su identidad se hace más problemática que nunca. Enfrentada a un cosmopolitismo creciente, por la inmigración procedente de otros continentes, la difusión de una cultura sincretizadora de las culturas, la globalización de las relaciones sociales, la interrelación de las relaciones económicas y comerciales que difuminan las características propiamente europeas. España se encuentra ante uno de sus principales retos históricos. En este momento, la principal cuestión es decidir el marco político a adoptar sobre la construcción de ese ente llamado Unión Europea, que es un gigante económico, y que tiene ideas propias sobre su futuro.

¿Qué modalidad adoptar para que Europa afronte el futuro en las mejores condiciones?. Los conservadores son favorables a la visión expuesta en el Libro Blanco del Mercado Único y en el Acta Única, conforme a una cooperación de los Estado-nación miembros de la actual UE, pero evitando la formación de un centro burocrático en Bruselas que centralice las responsabilidades y que vacíe de contenido a las instituciones nacionales. La defensa de las peculiaridades nacionales sería el principal argumento de los conservadores, partidarios de la formación de un mercado unido y libre, pero no así de una contrapartida paralela en el plano político.

No obstante, los socialistas defensores de una Europa social única, mantienen un modelo expuesto por uno de sus principales dirigentes, Jacques Delors, que es la constitución de una Europa federal, en la cual el centro burocrático europeo de Bruselas sería el gran demiurgo de las decisiones del continente. Se crearía un gigante europeo con peso en la política exterior, semejante a los Estados Unidos, y responsable de una política keynesiana que reducíese las fuertes desigualdades sociales que se están produciendo en la Unión Europea. Sin embargo, una Unión Europea de tipo federal, como propugna la resolución del Parlamento Europeo del 14 de marzo de 1990, en la que se aplique el principio de subsidiariedad, podría generar una Europa de las regiones, al vaciar de contenido los Estado-nación en beneficio del centro federal de Bruselas. Las instituciones regionales pretenden beneficiarse de un proyecto europeísta que con el discurso añejo de la cercanía de la administración al ciudadano, pretenda la culminación de la vuelta a una Europa medieval donde los microestados nacionalistas fuesen de nuevo los verdaderos protagonistas de la historia.

A pesar de todo, la posibilidad de una Europa de los pueblos resulta incompatible con la mayor parte de los códigos jurídicos y constitucionales en ejercicio. En el caso español, la soberanía radica de modo exclusivo, indivisible y originario en el pueblo español. Por tanto, el sujeto único de su titularidad es el pueblo español del que se acepta una visión homogénea, aunque no monolítica, pues se le considera suma de todos los ciudadanos españoles y no agregado de un conjunto de pueblos o comunidades étnicas. La soberanía reside originariamente en la nación, sin que quepa deducirla a partir de voluntarias entregas de los pueblos de España, que recortarían sus poderes originarios en aras de la unión y solidaridad del conjunto.

Por tanto, la defensa de una Europa federal donde se pudiese articular una descentralización que tuviese como base una organización fronteriza de carácter étnico, lingüístico o religioso significaría un respaldo del ejecutivo europeo al derecho de autodeterminación de los nacionalismos centrífugos espectantes, causando el fenómeno contrario al proceso unificador del continente. La afirmación del derecho de autodeterminación implicaría la posesión por parte de la fracción ejerciente del mismo de una cuota de soberanía que aparece negada por el carácter indivisible de ésta y su residencia exclusiva en el conjunto del pueblo español.

Además, el actual proceso de descentralización y regionalización llevado por los Estado-nación quita fuerza a las principales reivindicaciones nacionalistas. En la actualidad, las peticiones sobrepasan el marco legal constitucional como el estatuto catalán. No obstante, el Estado autonómico descansa en un cierto equilibrio trabajosamente logrado que necesita asimismo de un esfuerzo económico continuado a costa del Estado, y que en la actualidad es imposible de mantener por ausencia de liquidez del Estado.

Los intereses de España están en la defensa de una integración europea, pero teniendo como base unificadora la situación actual de los estados miembros. A España le conviene, en una Europa unida, tener claramente definida su personalidad nacional para poder servir de puente útil con otros grupos culturales de interés para la Unión Europea. España debe revalidar su posición sirviendo de puente con Iberoamérica. El continente americano, rico en materias primas, con una sociedad occidental en sus gustos y en vías de un desarrollo que la convierte en consumidora, la hacen uno de los espacios del desarrollo del siglo XXI. En este nuevo mercado cercano al Pacífico. Nuestro país tiene mucho que decir como puente natural histórico con el nuevo continente. La salvaguarda de nuestra cultura nacional y la difusión de la lengua española pueden ser un acicate para una fuerte presencia de la economía europea en América, donde España sea su punta de lanza.