Miguel Massanet Bosch. En nuestro país se puede decir que, aparte de la división en 17 comunidades autónomas; las distintas sensibilidades respecto a la identidad de España como nación y  la evidente vuelta atrás respecto a lo que ya parecía un mero recuerdo del pasado y que, sin embargo, gracias a los “buenos oficios” de nuestros actuales gobernantes, se ha conseguido, una vez más, dividir a los españoles en dos facciones antagónicas que si bien, por ahora, no han llegado a la virulencia del odio que los enfrento durante los años treinta del siglo pasado, sí están logrando crear unas diferencias ideológicas y de tipo partidista que llevan camino de que España, aparte de sus problemas de tipo social, económicos y financieros, tenga que volver a superar aquella etapa en la que las decisiones políticas, los acuerdos de gobierno y los programas económicos, en lugar de estar presididos por el sentido común, los análisis serios y la eficacia de quienes sean responsables de aplicarlos, se rijan por las ideas políticas del gobernante de turno, por su mayor o menor implicación partidista o por las presiones que vaya recibiendo de un sector determinado, no necesariamente mayoritario pero sí influyente, de la ciudadanía.
Y es que, cuando escuchamos a este señor, Valeriano Gómez, al que le han “encolomado” el ministerio de Trabajo, hablar con vehemencia de que, la culpa de los 5 millones de parados que tenemos en España, se debe a la herencia del PP, por la legislación laboral que se promulgó durante el periodo del mandato del señor Aznar; entendemos que se ha olvidado de que los socialistas llevan más de siete años en el poder y que ¡curioso, no! el desempleo no empezó a aumentar de una manera desorbitada hasta que empezaba la segunda legislatura del señor Zapatero porque, en la primera, España continuaba beneficiándose de las políticas laborales que hicieron que, durante el gobierno del PP, se crearan 5 millones de puestos de trabajo. Que, después de 7 años de gobierno socialista y, después de la serie de atrocidades que han venido cometiendo nuestros gobernantes durante los años que llevan al frente del país, permitiendo que España entrase en un declive económico, financiero y social como no se había conocido ninguno desde los años del hambre que siguieron a la Guerra Civil; nos venga, este sujeto, a intentar que nos traguemos una bola de semejante tamaño; no tiene más que dos explicaciones: o nos ha tomado a todos los españoles por idiotas o, algo que  puede que sea más probable, está tan apurado, se siente tan abandonado de ZP y se ve en una tesitura tan complicada (como es el tener que tomar una decisión tan complicada, de verse obligado a legislar sobre la negociación colectiva); una patata caliente que, por supuesto, siempre será objeto de controversias por parte de los agentes sociales que se consideren perjudicados por ella.
Y es que, desde hace un tiempo, el nerviosismo en el PSOE parece que está llegando a un punto de paroxismo, en el que nadie sabe  qué dirección tomar y, mientras unos se van acercando al señor Rubalcaba en busca de protección ante el tsunami que se ven venir, otros ven inevitable la caída del gobierno, convencidos de que, el efecto Rubalcaba, sólo ha sido una nube de verano y que, las posibilidades de mantenerse en su puestos de trabajo, ya sólo depende de que se produzca un milagro, algo poco probable para un colectivo que anda algo flojo en materia de creencias religiosas. Hay algo que los saca de sus casillas y es que, a pesar de sus proclamas de buena gestión, de apelar a la honradez de los que, hasta ahora, habían ocupado las alcaldías, concejalías o cargos de responsabilidad política en las autonomías que han perdido; ya nadie se fía de lo que ha sido su gestión y si, en Catalunya, la entrada de CIU, como nueva gestora de la autonomía catalana, ha puesto sobre el tapete los trapicheos del Tripartit y la deuda que han dejado, lejos del 2’3% que parecía  habían afirmado ser su déficit público, ahora parece que esta cantidad se ha multiplicado por cuatro y la deuda que han tenido que asumir los recién llegados ha superado los siete millones de euros.

Por eso, cuando la señora Rosa Diez, de UPyD, ha salido a la palestra y ha puesto los puntos sobre las íes; cuando ha pedido que se deberían hacer auditorías en todas las autonomías y municipios, tanto de los del partido que ha ganado las elecciones municipales y autonómicas en los pasados comicios como, y muy especialmente, en los que las han perdido y van a tener que traspasar las finanzas públicas, de las que se ocupaban, a los nuevos administradores que los españoles han elegido para sustituirlos. Y uno, que comparte absolutamente la petición de la presidenta de UPyD, se extraña de que los primeros intentos de llevar a cabo los traspasos hayan ido, precisamente, acompañados con una serie de gestos que, sin duda, ponen en cuestión y nos hacen dudar de la limpieza con la que se van a producir y de lo que se pueda ocultar en estos retrasos, en esas dilaciones interesadas y en esos traslados de documentos que, la verdad, por tratarse de documentos “privados” de los funcionarios, nos parecen muchas camionetas. Lo que parecería lógico es que cada funcionario recogiese su petate y sus objetos personales y se los llevase a su casa porque ¿Es que esta “mudanza”, que parece que se está llevando a cabo en Castilla-La Mancha, se hace por el método, casa a casa, como quien reparte la ropa de la lavandería, para entregar, a domicilio, los objetos personales de los funcionarios salientes? Cuesta mucho creérselo.

Francamente, la limpieza que pide la señora Rosa Diez y la transparencia con la que es preciso que se traten los asuntos públicos que, no olvidemos, están relacionados con la forma con la que las Administraciones hacen uso del dinero de nuestros impuestos que, contrariamente a lo que dijo una ministra socialista, cuando aseguró que: “el dinero público no es de nadie”, sí es de todos los españoles y, por tanto, tenemos derecho a conocer las cuentas y balances de todos los organismos oficiales que administran nuestros dineros. No se trata de una ocurrencia de una política, sino que es algo que, en tiempos de crisis, cuando se nos exigen sacrificios, reducción de gastos, más impuestos y congelación de salarios, representa una práctica muy saludable y un derecho irrenunciable de la ciudadanía, que ya no nos conformamos con lo que nos dicen los políticos, sino que exigimos saber a ciencia cierta cómo se administran y el uso que hacen de nuestros impuestos.

Y no nos hemos limitado a pedir que estas auditorias; estas muestras de control de las cuentas de las administraciones; el levantar las alfombras de todas estas sociedades públicas, que tan prolijamente se han ido creando, para colocar a los amigos y el poner al descubierto todo tipo de irregularidades que pudieran existir en cada ayuntamiento o autonomía; con el fin de que se lleven a cabo, no sólo en aquellos lugares regentados por socialistas, comunistas o nacionalistas, sino que también, si el señor Rajoy  quiere mantener su prestigio, ser consecuente con sus promesas y quiere dar muestras de que, lo primero que debe hacer un líder de un partido es comenzar por poner orden en sus propia casa, lo que supone auditar las comunidades regidas por el PP, dando así ejemplo de coherencia, imparcialidad y valentía política..

España se encuentra necesitada de una refundación ética y moral. Una regeneración, a modo de baldeo, de todas nuestras instituciones públicas y una vuelta a Montesquieu, aquel a quien el señor Guerra dio por fallecido, para devolver a cada una de las tres columnas básicas de toda democracia su independencia, su funcionalidad y su papel fundamental en la estructura del Estado. O eso es señores lo que yo pienso al respecto.