Redacción. Los Gobiernos de España y Argentina realizarán gestiones conjuntas para pedir a Reino Unido que retome el diálogo sobre la cuestión de soberanía que afecta a los territorios de Gibraltar e islas Malvinas.
 
   El ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Héctor Timerman, ha alcanzado este compromiso con el titular español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José María Margallo, durante una reunión en Nueva York en el marco de la 68º Asamblea General de Naciones Unidas.
 
   Durante el encuentro, ambos ministros han constatado las coincidencias existentes entre la situación de las disputas de soberanía sobre las islas Malvinas y de Gibraltar, según ha informado el Ministerio de Exteriores argentino en un comunicado.
 
   Tras constatar estas similitudes, los representantes de Argentina y España han acordado realizar gestiones conjuntas instando al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a dialogar "en cumplimiento de los mandatos de las Naciones Unidas".
 
   Finalmente, acordaron reunir a los equipos de trabajo para tratar temas de la agenda en común en materia de política exterior y cooperación y mantener una reunión de trabajo a la mayor brevedad posible.
 
LA SITUACIÓN DE GIBRALTAR Y LAS ISLAS MALVINAS
 
   Argentina ha exigido a Reino Unido el inicio de una negociación sobre la soberanía de las islas Malvinas, si bien ambas naciones se disputan este pequeño archipiélago desde 1833, cuando Argentina debería haberlas heredado de España. Reino Unido se las arrebató entonces y expulsó a la población argentina que residía en el archipiélago, lo que marca el origen de una disputa que vivió su punto de mayor tensión en 1982.
 
   El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas argentinas invadieron el archipiélago para recuperarlo, dando lugar a una guerra de dos meses que se saldó con la muerte de 650 militares argentinos, 255 británicos y tres malvinenses.
 
   En cuanto a Gibraltar, España ha reclamado reiteradamente la vuelta a las conversaciones bilaterales con Reino Unido sobre la deslocalización de la colonia británica, que no se celebran desde el año 2002 por la oposición de Gibraltar a que Madrid y Londres hablen entre ellos de la soberanía del Peñón.
 
   Para Naciones Unidas, Gibraltar no tiene la condición de "pueblo" con derecho a la autodeterminación y apela a la negociación para una descolonización específica que desemboque en una reintegración territorial.
 
   Esta reivindicación ha cobrado más importancia debido al conflicto abierto este verano, después de que las autoridades gibraltareñas lanzaran al mar 70 bloques de hormigón. Los pescadores españoles denunciaron que el objetivo era impedirles faenar y, de hecho, inutilizaron el caladero.
 
   El vertido provocó la denuncia de España ante la Fiscalía de Medio Ambiente y ante la Unión Europea, además de la aplicación más restrictiva de los controles en la Verja, con las consiguientes colas. Una decisión, esta última, que molestó a las autoridades de Gibraltar y tuvo como consecuencia la petición, por parte del premier británico a José Manuel Durao Barroso del envío de una comisión de expertos al Peñón para verificar si las medidas españolas se ajustaban a la legalidad. Algo que aprovechó España para pedir que también revisaran el contrabando y el blanqueo de capitales.