Miguel Massanet Bosch. Dudo de que, cualquier persona que venga del extranjero que tenga un conocimiento de lo que está sucediendo en nuestro país, del comportamiento de la clase política, del desbarajuste de la Administración de Justicia, de la actitud levantisca de algunas de nuestras autonomías y de la pasividad culpable de una gran parte del pueblo español ante los evidentes signos de descomposición que se van apreciando en alguna de ellas; pudiera calificar  a esta nación como una de las democracias que forman parte del llamado mundo occidental. Antes bien es muy posible que nos catalogara como una de estas “democracias” apócrifas de las que se valen algunos dictadores de la izquierda para acogotar al pueblo y convertirse en dictadores suprimiendo como ocurre en Venezuela y en Bolivia en las que los famosos tres poderes de Montesquieu han desaparecido bajo el poder único del jefe del Estado.

No hace falta remontarse a muchos días atrás para encontrarnos en nuestro país con hechos más propios de dictaduras absolutistas que de países civilizados, cumplidores de las leyes, respetuosos con el veredicto de las urnas y conscientes de que, una nación, no puede ser gobernada a golpe de manifestaciones, coacciones, minorías insurgentes, grupos antisistema, anarquistas, separatistas y sindicatos corruptos en los que campan por sus respectos aprovechados, marrulleros, ladrones, corruptos, sinvergüenzas y desalmados capaces de robar a los obreros cuya obligación es defender y apoyar.

En esta España ha de hoy ha quedado demostrado que la izquierda no sabe perder; que los nacionalistas no admiten la opinión de los que no lo son y que, tanto unos como otros no son capaces de convivir con una democracia sino que, como vienen demostrando que, cuando les ha convenido, han prescindido de las normas y preceptos constitucionales si, con ello, pueden lograr sus objetivos, el poder o crear el caos en una nación aunque para ello deban recurrir a métodos totalitarios e ilegales aunque ello ponga en peligro la estabilidad del país, la economía, la unidad, el orden social, la seguridad ciudadana o la pervivencia de la misma nación. No les detiene el estar en un Estado de Derecho y dentro de un sistema democrático elegido por una gran mayoría del pueblo español a través de las urnas, que son las encargadas de establecer quienes deben ser los que gobiernen la nación durante la duración de la legislatura. Cualquier intento de saltarse estas reglas para obtener el poder por otros medios distintos no puede calificarse de otro modo que de sedición, alta traición y demás delitos contra la Constitución española.

. El gobierno legítimo tiene el deber y la obligación de evitar, con todos los medios legales a su alcance, que tales ilegalidades puedan producirse y, para ello, la Constitución tiene reglas explícitas para proporcionarle los avales legales y los medios jurídicos y materiales para evitar que aquellos intentos de alteración del orden constitucional pudieran alcanzar éxito. Sólo falta voluntad de aplicarlos.

Estos días hemos escuchado al jefe de la oposición, señor Pérez Rubalcaba, por simple interés político, anunciar que, tan pronto como el PP deje el. Gobierno van a derogar una ley, la de Educación, siguiendo los pasos de su antecesor, el señor Rodríguez Zapatero que, apenas alcanzó el gobierno, dejó sin efecto la ley  del Plan Hidrológico Nacional, con lo cual se produjo un vacío legal que ha causado no pocos problemas durante las dos legislaturas en las que han gobernado los socialistas del PSOE. Ayer mismo, en el Parlament Catalán, se escucharon frases ofensivas en contra del PP y C’s por haber proyectada una manifestación a favor de la unidad de España para el día 12 de los corrientes. La izquierda los acusó de fascistas y nazis por acudir a la manifestación por la Catalunya unida a España, olvidándose de que en España el derecho a manifestarse es un derecho reconocido por la Constitución, a cualquier ciudadano, del que nadie puede privarle. En todo caso, lo que queda fuera de la ley y es inconstitucional es, sin duda, el vergonzoso desafío independentista, guiado por la propia Generalitat; olvidándose de que la comunidad catalana pertenece a España y está sometida a sus leyes.

El comportamiento totalitario de la presidenta de la Cámara, la señora Nuria Gispert, al interrumpir la defensa que, el señor Cañas de C’s, hacía del honor de su partido, recriminando a los que lo habían tratado nazi y franquista proferidos por un parlamentario de la izquierda, impidiéndole continuar con tajante un “cállese”; demostró el grado de degradación de las instituciones, controladas por separatistas, en la autonomía catalana. Tanto C’s  como el PP abandonaron la sala como protesta contra una actitud tan prepotente y vejatoria.

No podemos olvidarnos, tampoco, del triste espectáculo, protagonizado por los liberados de UGT y CC.OO que, en número de 300, protestaron airadamente, mediante descalificaciones e insultos, concentrados a las puertas del juzgado de la juez Mercedes Alaya, gritando consignas a favor de los sindicalistas detenidos  con motivo de las facturas “engordadas”, por medio de las cuales varios miembros de ambos sindicatos habían sido imputados. El simple hecho de que, aquellos que perciben subvenciones millonarias del Estado, una vez que se les ha descubierto defraudando  en beneficio propio, para malgastarlo en banquetes y otros despilfarros, ya nos da la medida de la desvergüenza, chulería y poco respeto por las instituciones, que los convierten en defensores de aquellos corrompidos sobre los que pesan imputaciones de desviar dinero público para lucro personal. Los señores Méndez y Fernández Toxo, en lugar de mostrase indignados con el comportamiento de sus afiliados de Andalucía, han tenido la desfachatez de intentar desviar la atención del tema y presentarlo como simples equivocaciones de tipo burocrático. Por lo visto, han confundido un atracón de marisco y gambas de 13.000 euros, con una reunión de la ejecutiva del partido.

Cuando en un país hay sujetos que asaltan supermercados, robando y atemorizando a sus empleados o roban a mansalva o se apropian del dinero de unos pobres parados; y sus jefes, en lugar de entonar el mea culpa intentan justificarlos; es que, señores, algo hay que no funciona. Los ERES de Andalucía demuestran que los acusadores del caso Gürtel, aquellos que se rasgaron las vestiduras por la supuesta financiación ilegal del PP, son los que ahora intentan ocultar, utilizando la prensa que controlan, las propias vergüenzas lanzando columnas de humo para desviar la atención hacia los imputados del PSOE, muchos de ellos directivos ( Griñán, Zarrias etc.) y atacando a la juez Mercedes Alaya, a la que acusan de actuar arbitrariamente y de desencadenar una doble campaña contra  los socialistas y  los sindicatos UGT y CC.OO andaluces.

A muchos, este escenario nos recuerda la situación de aquellos poblados del lejano Oeste americano en los que, desde el sheriff hasta el último vaquero, estaban utilizando la fuerza y la extorsión para enriquecerse; sin que existiera ley alguna ni autoridad capaz de imponerla. Todavía nos acordamos de aquella película Dodge ciudad sin ley interpretada por Errol Flinn y Olivia de Havilland, un ejemplo de una ciudad ingobernable. A diferencia del film al que hemos aludido, que tuvo un final feliz; en el caso de nuestro país no está tan claro como acabará la cuestión. O así es como, señores, consideramos preocupantes los acontecimientos que nos rodean.