Redacción Madrid. 5 de marzo.

   España es el segundo país de la Unión Europea con un mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza, el 20%. Una cifra sólo superada por Letonia (21%) y al mismo nivel que Italia y Grecia.

En particular, en España están en situación de riesgo las personas de edad avanzada (28 %) y los niños (24 %), según el informe anual sobre protección social e inclusión social hecho público hoy por la Comisión Europea con datos correspondientes a 2007.

   En este informe, el Ejecutivo comunitario recomienda a España reducir el abandono escolar para romper el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza; intensificar los esfuerzos para promover la inclusión de los grupos de población  más vulnerables, como ancianos, inmigrantes y jóvenes; reformar las pensiones para hacerlas más sostenibles; mejorar la aplicación de la ley de Dependencia y reducir las diferencias entre comunidades autónomas; y reducir las listas de espera en la sanidad pública.

   Bruselas subraya que el índice de población en riesgo de pobreza en España no ha bajado pese a la bonaza económica y la creación de empleo antes de la crisis. Y avisa de que el aumento de la tasa de paro provocado por la recesión "en los próximos meses podría incidir seriamente en la proporción de personas desempleadas en situación de pobreza (que era el 37 % en 2007), así como en el porcentaje de personas que viven en hogares en los que no trabaja ninguno de sus miembros (el 6,2 % en 2007)". Bruselas prevé que la tasa de paro en España se sitúe cerca del 19% en 2010.

   Pero también el porcentaje de trabajadores pobres en España es superior al de la media de la UE (el 11% frente al 8% en 2007). Ello se explica, según Bruselas, por la alta segmentación del mercado laboral español, con un porcentaje muy elevado de contratos temporales, especialmente entre las mujeres, los jóvenes, las personas de origen emigrante y las personas con discapacidad.

   Los gastos sociales como porcentaje del PIB continúan estando "perceptiblemente" por debajo de la media de la UE (el 20,9 % en 2006 frente al 26,9 % de la media comunitaria). Ello provoca que España se encuentre, junto con Grecia e Italia, entre los países donde las transferencias sociales reducen menos el riesgo de pobreza, alrededor del 17%. En contraste, en países como República Checa, Francia, Hungría, Países Bajos, Austria, Eslovenia y los países nórdicos, las prestaciones sociales disminuyen el riesgo de pobreza un 50% o más.

   Para corregir todos estos problemas, el Ejecutivo comunitario pide en primer lugar "romper el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza, en particular reduciendo la elevada tasa de abandono escolar". El informe destaca que España "sigue rezagada con respecto al rendimiento de los estudiantes" y que su índice de abandono escolar duplica la media europea (el 31% frente al 15,2% en 2007). También el gasto público en educación es menor que la media de la UE (en 2005 un 4,23% del PIB frente al 5,04% de media comunitaria).

   La Comisión reconoce que varias medidas de aplicación de la ley de Educación abordan este problema, pero avisa de que la consecución de los objetivos de reducción de abandono escolar marcados para 2010 "requerirá importantes y exhaustivos esfuerzos".

   En segundo lugar, y teniendo en cuenta "los efectos de la inestabilidad financiera y el creciente desempleo previstos", Bruselas reclama "intensificar los esfuerzos para promover la inclusión activa de los grupos vulnerables, como los ancianos, los inmigrantes, los jóvenes, la población gitana y las personas con discapacidad, con un enfoque basado en la igualdad entre hombres y mujeres".

   La tercera recomendación de Bruselas consiste en "supervisar la sostenibilidad del sistema de pensiones habida cuenta de la recesión económica, reforzar el vínculo entre contribuciones y prestaciones y mejorar los incentivos para permanecer durante más años en el mercado laboral".

   Se prevé que la acumulación de fondos a consecuencia del superávit en el sistema de seguridad social (un 5,32 % del PIB en 2008) perdurará hasta 2023. Entre 2023 y 2029 el Fondo de Reserva compensará el desequilibrio en los ingresos, según Bruselas. A pesar de esta *prórroga en el tiempo*, la Comisión insiste en que el proceso de reformas debe continuar, ya que se prevé que el gasto público en pensiones aumente de un 8,6% del PIB en 2004 a un 15,7 % en 2050, lo que someterá la hacienda pública a una presión considerable.

   Finalmente, Bruselas recomienda incrementar el suministro de cuidados a largo plazo, especialmente mediante la aplicación de la ley de Dependencia, y "combatir las diferencias entre Comunidades Autónomas" en la puesta en marcha de esta norma. Y también pide mayores esfuerzos para "acortar los tiempos de espera para recibir asistencia del Sistema Nacional de Salud".