"Los conflictos políticos se resuelven, en los sistemas democráticos, a través de propuestas políticas que son consecuencia de negociaciones y diálogo. Entre Catalunya y el Estado español existe un evidente conflicto político que viene de lejos y que hemos intentado resolver con el máximo acuerdo. Pero la respuesta siempre ha sido una negativa o, peor aún, una reacción regresiva insostenible. Cuando el Tribunal Constitucional tumbó el Estatuto, que previamente había sido votado por los parlamentos catalán y español y aprobado en referéndum por los ciudadanos de Catalunya, se rompió el pacto constitucional de 1978.
Posteriormente, se han formulado propuestas como un pacto fiscal en la línea del concierto económico de que dispone el País Vasco o una consulta no vinculante para conocer la opinión de los catalanes, pero todo ha sido en vano. El "no" ha sido la única respuesta. Este conflicto, después de haber intentado todas las vías anteriores, el Gobierno de Catalunya propone resolverlo convocando un referéndum de autodeterminación para el próximo día 1 de octubre. Este referéndum no cuenta, como es conocido por todo el mundo, con el acuerdo del Estado español, como hubiera sido deseable y como ha pedido reiteradamente una amplia representación de los parlamentarios y de la sociedad catalana.
En concreto, se constituyó un espacio llamado "Pacto Nacional por el Referéndum" que aspiraba a abrir un diálogo que finalmente tampoco fue posible. De hecho, hoy la justicia española está investigando responsables de aquel Pacto, aprobado por el Parlamento y nunca invalidado por el Tribunal Constitucional, como si se tratase de una actividad ilícita. Lejos de abrir la puerta al diálogo, el Estado español ha empezado una ofensiva de represión sin precedentes en la que contempla desde la limitación al derecho fundamental a la libertad de expresión, impidiendo actos públicos y amenazando medios de comunicación, hasta la detención del 75% de los alcaldes de Catalunya por haberse mostrado dispuestos a participar en el referéndum. Mientras tanto, ha presentado querellas penales contra todo el Gobierno de Catalunya y contra la mayoría de la mesa del Parlamento, ha clausurado la web informativa del referéndum, ha prohibido la difusión de información y publicidad y ha politizado órganos que tendrían que ser independientes, como el mismo Tribunal Constitucional y otros estamentos del Poder Judicial.
Todo esto, a pesar de que el Código Penal español confirma que convocar un referéndum, aunque sea sin acuerdo, no es nunca un delito. Por otra parte, el apoyo de la sociedad catalana a la celebración de un referéndum es incuestionable desde todos los puntos de vista. Los resultados electorales así lo confirman, como también las resoluciones parlamentarias y las movilizaciones masivas de cada 11 de septiembre, que de manera reiterada y desde 2012 mueven millones de personas. Movilizaciones siempre pacíficas y convivenciales, que han sido alabadas por la prensa internacional como ejemplo de civismo.
Es por esto que queremos hacer un nuevo llamamiento al diálogo al Gobierno español, y en particular a su presidente, Sr. Mariano Rajoy. Un llamamiento al diálogo para abordar de qué manera nos podemos poner de acuerdo para que los catalanes celebremos el referéndum. Un diálogo abierto y sin condiciones. Un diálogo político, desde la legitimidad que cada uno representa, para hacer posible lo que en democracia nunca es problema ni todavía menos un delito: escuchar la voz de la ciudadanía. Nos dirigimos, en este sentido, al Presidente Mariano Rajoy y enviamos una copia al Jefe del Estado, S.M. el Rey Felipe VI, para que entienda que no dialogar es incompatible con la resolución de los problemas. Nuestra disposición al diálogo ha sido, es y será permanente".