Paloma Casaseca. Ha sido detenido en Uganda Idelphonse Nizeyimana, uno de los principales acusados del genocidio ruandés de 1994. El que fuera responsable de los servicios secretos ruandeses durante el régimen de J. Habyarimana, fue detenido tras cruzar la frontera desde el Zaire con documentación falsa. Nizeyimana será trasladado a Arusha (Tanzania) en los próximos días, donde se dispone a ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) por crímenes contra la humanidad. Se le acusa de organizar cientos de crímenes de miembros de la tribu tutsi y de ordenar el asesinato Rosalie Gichanda, antigua reina de Ruanda.  

El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, ha declarado hoy que esta detención es "un paso importante en la lucha contra la impunidad".  El TPIR fue concebido por la ONU en 1995 tras el genocidio ruandés que acabó con la vida de casi un millón de víctimas y más de dos millones de refugiados.  Se ideó como un órgano imparcial que contribuiría a la restauración de la paz, la justicia y el respeto de los derechos humanos en Ruanda. Sin embargo, más de veinte años después, cuando todavía escuecen las brutales matanzas de 1994, el TPIR no ha logrado instrumentalizar sus buenas intenciones.  Mientras se enfrenta a multitud de obstáculos de tipo técnico, entre los que destacan la falta de base de proceso judicial, el aislamiento geográfico y la falta de interés de los medios internacionales, mantiene abiertas numerosas causas contra los supuestos responsables de encargar el genocidio.  La detención de Nizeyimana pone de relieve el debate existente respecto a las limitaciones en el ejercicio de la justicia en casos de crímenes contra la humanidad. 

Efectivamente, resulta obvia la necesidad de intervención judicial internacional para evitar que los crímenes se cometan con total impunidad dentro de un mismo territorio. Pero si esa intervención no es universal y cuenta con el apoyo suficiente, se convierte en un mero trámite diplomático.  

Actualmente, no existe una Corte Penal Internacional en la que puedan presentarse querellas de este tipo. Cabe preguntarnos al respecto si la falta de unión internacional en favor de la justicia no supone la negación misma del propio principio. Porque si bien estos procesos son necesarios, ¿son realmente eficaces estos procesos?