Marisa Pérez Toribio
España Educa en Libertad

El pasado viernes, 27 de mayo, el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato que ha sido enviada de urgencia al parlamento para su aprobación.

Esta ley, gravemente invasiva, afecta a diversos ámbitos, entre ellos al de la educación al contemplar entre otras cuestiones la exclusión de la financiación pública a los centros de educación diferenciada.

Ante esta medida, absolutamente arbitraria, desde la federación España Educa en Libertad (ESEL) manifestamos:

- Nuestro desacuerdo y profundo malestar ante esta ley que, de ser aprobada por el Parlamento, supondría, entre otras muchas cuestiones muy graves, la supresión de los conciertos a los centros de educación diferenciada que muchos padres eligen como opción pedagógica absolutamente legítima. Esta medida supone un nuevo recorte de derechos fundamentales en la educación, dentro de la deriva de este gobierno en materia educativa.

- Los padres que eligen estos centros se verían claramente discriminados al quedar excluidos de la financiación pública. De hecho, en todo el mundo está aumentando la creación de centros de educación diferenciada en la escuela pública, una medida que sin duda favorece la libertad de elección, algo que en nuestro país dista mucho de ser real. (Véase el “Informe de la European Association Single-Sex Education. Diciembre 2008” que se adjunta)

- Los buenos resultados de la educación diferenciada, tanto académicos como de resolución de conflictos, están recogidos en numerosos estudios. Pero no se trata aquí de defender la educación diferenciada sobre la coeducación, ambas opciones perfectamente legítimas, sino de impedir la imposición de un modelo único y reclamar que los poderes públicos cumplan con su mandato constitucional de promover las condiciones para que la libertad, en este caso la libertad de educación, sea real y efectiva. No se puede imponer legítimamente la igualdad en detrimento de la libertad, que debe estar siempre garantizada.

Apelamos a la responsabilidad de los diferentes grupos parlamentarios para que defiendan la libertad y el sentido común y no apoyen este proyecto de ley que supone una nueva violación de derechos individuales y que se enmarca en un único proceso legislativo contra la libertad de educación, mermando paso a paso la libertad de elección de los padres, la libertad de creación de centros y la gratuidad de la enseñanza.