Redacción Madrid. 20 de Octubre.

     El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón designó hoy al fiscal Carlos Jiménez Villarejo y al juez Antonio Doñate Martín como miembros de la comisión de expertos creada en el marco de la investigación abierta por el magistrado para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo.

   En un auto dictado hoy, Garzón considera "procedente" la designación de los dos juristas y les requiere para que "en el menor breve plazo de tiempo posible" se personen en el Juzgado Central de Instrucción número 5 para "la aceptación y juramento o promesa del cargo".

   Carlos Jiménez Villarejo, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), fue fiscal Anticorrupción entre 1987 y 2003. Antonio Doñate Martín, por su parte, es experto en asuntos de Justicia Universal y ha sido presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona y juez de Vigilancia Penitenciaria de Cataluña.

   La comisión de estudio, creada a partir del auto en el que Garzón se declaró competente para investigar los "crímenes contra la Humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, estará formada por siete expertos que se encargarán de "estudiar, analizar, valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas".

PROPUESTAS DE LAS ASOCIACIONES

   Las 22 asociaciones de recuperación de la Memoria Histórica que han impulsado esta causa también presentaron hoy ante el juzgado de Garzón los nombres de tres de los cinco expertos que deben proponer para integrarse en esta comisión, tal y como consta en la citada resolución judicial.

   Las personas propuestas por esta parte son el médico forense perteneciente a la Sociedad de Ciencias Aranzadi Francisco Etxeberria, que ha participado desde un inicio en las labores de exhumación y dispone de inventarios completos sobre el número de fosas y de cuerpos localizados en ellos; y los historiadores Fernando Espinosa y Julián Casanova.

   Espinosa es el firmante del informe pericial presentado por los denunciantes en el Juzgado de Garzón sobre las tumbas colectivas. En cuanto a Casanova, es uno de los coautores del libro 'Víctimas de la Guerra Civil', que en opinión de las asociaciones constituyó la base para las labores de búsqueda y exhumación desarrolladas en los últimos años.

   Esta comisión tendrá que presentar al magistrado un informe único que incluya el número total de personas que perdieron la vida entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951, las cuales serán englobadas en tres grupos. El primero contemplaría a las personas detenidas y desaparecidas sobre las que consta una propuesta de localización y métodos de recuperación e identificación de restos; el segundo abarcaría a cuerpos ya recuperados pero aún sin identificar; y el tercero a víctimas que ya han sido identificadas.

   El abogado de las asociaciones, Fernando Magán, concretó que los denunciantes tienen ya casi cerrados los otros dos nombres de expertos que formarán parte del grupo y avanzó que uno de ellos procederá de forma directa del movimiento asociativo.