Redacción Madrid. 25 de Septiembre.

    El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha incluido en su petición de información para la elaboración de un censo de nuevas instituciones, como son los tribunales republicanos creados durante la defensa de Madrid en la contienda.

Además, pide a las partes personadas que elaboren una lista única para evitar repeticiones y responde a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que inste a los obispos a que le envíen la información solicitada.

   Mediante una providencia dictada hoy,  el magistrado incluye con respecto a su petición inicial de información al Archivo General de la Administración que le aporte datos sobre los fondos judiciales de los tribunales de Justicia Madrid desde 1936 --todos ellos republicanos--, en concreto, al Jurado de Urgencia, el Juzgado Especial de la Rebelión Militar, el Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición y los Tribunales y Juzgados populares.

   Además se dirige a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Madrid, en concreto al Juzgado de Primera Instancia número 2, así como al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para recabar las causas instruidas por hallazgos o levantamiento de cadáveres durante la guerra o la posguerra. En caso de no existir estas relaciones de nombres, pregunta al TSJM la forma de poder elaborarlas.

   Esta concreción la realiza el magistrado en función de la contestación remitida por el Archivo General de la Administración a su primera providencia, después de que este organismo le concretara las instituciones que pueden disponer de datos válidos para su investigación.

   Así, el juez pide ahora también información a los fondos del antiguo Ministerio de la Gobernación, del Gobierno Civil de Madrid, de la Dirección General de Prisiones, del Auxilio Social, del Servicio Exterior y de la Administración Central. Otras de las instituciones a las que Garzón reclama datos para la elaboración del censo son jurisdicciones especiales como el Tribunal de Responsabilidades Políticas, el Tribunal y los Juzgados de Orden Público y la organización sindical.

   Además reclama a las partes personadas que, en el plazo de una semana, remitan un listado único que incluya los nombres de las personas desaparecidas y elimine al menos aproximadamente la posibilidad de existencia de identidades repetidas. La asociaciones denunciantes aportaron al juez el pasado lunes un censo con más de 130.000 nombres aunque reconocieron que existían datos duplicados o incluso triplicados. Garzón añade en su providencia que una vez recibido ese nuevo listado resolverá sobre la competencia de su Juzgado para investigar esta causa.

INSISTE ANTE LA IGLESIA.

   El juez se dirige de nuevo a la Conferencia Episcopal Española (CEE) --que contestó al juez que no era la institución apropiada para recabar este tipo de información-- y cursa un nuevo oficio para que se de traslado a cada uno de los obispos de las diferentes diócesis españolas para que impartan las órdenes oportunas a cada una de las parroquias y aporten la información que requirió el juez "en aras a la colaboración con la Administración de Justicia".

   Asimismo, pide celeridad al Abad de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para que le envíe la información solicitada y que, en un "plazo razonable pero urgente, evacue la contestación y proceda al cumplimiento de lo solicitado, expresando, en su caso, las dificultades y forma de subsanarlas con el fin de que este Juzgado o el organismo judicial que corresponda pueda continuar la investigación con base a los datos recabados".

   Garzón, en esta providencia dirigida a nuevas y anteriores instituciones a las que ya había solicitado información, se dirige también a la Dirección General de los Registros y el Notariado datos sobre los desparecidos, así como, a los Archivos Generales de Ávila y Segovia, al Archivo Militar de Guadalajara y al Tribunal Militar Central.