Redacción. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó hoy imponer una multa de 300 euros para el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por dejar en libertad, por un error, a dos narcotraficantes turcos, que provocó que uno de ellos huyera y no se presentara al juicio.

La Comisión Disciplinaria del órgano de los jueces decidió por mayoría imponerle una falta leve, a pesar de la advertencia del Pleno de la Audiencia Nacional de que el comportamiento del magistrado podría suponer una falta grave.

Garzón tuvo que dejar en libertad a los dos narcos al pasarse el plazo para prorrogar la prisión preventiva antes de la celebración del juicio. Este asunto ha dado muchas vueltas. En un principio no se estimó que la actuación de Garzón superase la falta leve pero luego se conoció que uno de los narcos se había fugado y cambió todo el criterio.

Cuando el CGPJ tuvo conocimiento de lo sucedido por el sindicato Manos Limpias, abrió una investigación pero concluyó que no tenía trascendencia porque después de conocer el error el magistrado dictó una serie de medidas cautelares para cerciorarse que los imputados iban a presentarse en el juicio.

Estos dos 'narcos' quedaron en libertad después de que desde el Juzgado de Garzón hubiera un error a la hora de apuntar las fechas de detención. Estas dos personas fueron arrestadas el 10 de julio de 2006 en una operación contra una organización internacional que intentaba introducir en España 43 kilos de cocaína. Ocho días después, la Policía detuvo a otras ocho personas en la segunda fase de la operación. El error vino cuando la Policía envió al Juzgado primero el atestado policial de la segunda fase y al llegar el de la primera se fechó directamente como 18 de julio.

Después de estos sucesos, el CGPJ envió el expediente a la Audiencia Nacional porque al observar que cómo máximo el magistrado pudo infringir una falta leve, el responsable para acordarlo sería el propio órgano judicial. Mientras tanto, uno de los 'narcos' se dio a la fuga y la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, con el presidente Angel Juanes a la cabeza, entendió que el 'despiste' de Garzón podía conllevar consecuencias más graves.

Por esa razón, envió de vuelta el expediente al CGPJ -único órgano competente para decidir sobre faltas graves y muy graves- para que volviera a estudiar el caso y ver si había podido incurrir en una falta grave, aunque finalmente se ha quedado todo como al principio.

Por otro lado, la Comisión Disciplinaria archivó hoy, por mayoría, una información previa abierta a Garzón por la queja interpuesta por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón a raíz de una licencia de estudios para desplazarse a Perú en agosto de 2007.

SE CIERRA UNA Y SE ABRE OTRA

La Comisión entiende que no existe conducta alguna que pueda ser reprochada disciplinariamente ya que la licencia, concedida por la Comisión Permanente, abarcaba la participación del citado magistrado en dos seminarios internacionales, que se desarrollaron en aquel país en las fechas autorizadas.

Las causas contra Garzón siguen apareciendo. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite otra querella, presentada por Libertad e Identidad, contra este magistrado por un presunto delito de prevaricación por la investigación que abrió por las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo.

Ya es la segunda querella que se admite contra Garzón por los mismos hechos. Por esta razón, la Sala ha decidió acumular las dos causa y que se encargue el mismo juez instructor del asunto. Ahora, es como si fuera un único proceso, lo que implica que los dos querellantes deben actuar con el mismo letrado.

Ambas querellas acusan al juez de montar un proceso judicial a sabiendas de que no era competente para instruir el caso, además de conocer la prescripción de los delitos y el fallecimiento de víctimas y autores.

Garzón acusó al general Francisco Franco y otros miembros de su gobierno de la desaparición de miles de personas durante la guerra y la posguerra, en un proceso en el que autorizó la exhumación de fosas comunes, aunque luego se inhibió ante los tribunales provinciales para que estos decidieran.