La situación judicial de Íñigo Sánchez-Asiáin, fundador de Portobello genera una grave crisis reputacional que podría afectar directamente a sus partícipes e inversores. Los criterios de buena gobernanza precisan esencialmente de directivos impecables y no estar bajo la lupa judicial ni de los “reguladores”. Los partícipes del Fondo Portobello no tardarán en dar la espalda a proyectos cuya reputación empresarial esté en entredicho.

Llama la atención el nuevo episodio en la guerra judicial entre el fondo de inversión Portobello y sus socios minoritarios en el grupo de clínicas dentales y estéticas Vivanta, donde el representante legal de la firma de private equity presidida por Íñigo Sánchez-Asiaín fue a declarar el pasado jueves por un presunto delito de estafa y falsedad documental. El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid investiga si el fondo de inversión creó una doble contabilidad en Vivanta para engañar y eludir pagos.
La juez Josefa Bustos acordó en octubre pasado incoar diligencias contra Sánchez-Asiaín, Carlos Dolz, Juan Luis Ramírez, Ramón Cerdeiras, y las mercantiles Portobello Capital y Cartera Vivanta, tras analizar la querella del expropietario de una de las clínicas adquiridas por el fondo de inversión para conformar su negocio dental, como publicó The Objective.
En el juzgado 21 también están investigados por estafa, por haber vendido las participaciones sociales a un socio 100% pignoradas, algo que resulta inaudito en un fondo supervisado por la CNMV.
Motivos suficientes para que el consejero independiente coordinador de la multinacional española Grifols, Íñigo Sánchez-Asiaín, deba poner su cargo a la orden según la Ley de Gobernanza, al estar siendo investigado por los Juzgados de Instrucción de Primera Instancia Nº 49 y 21 por los delitos de estafa y falsedad documental.
Por otro lado, la sentencia demoledora en contra de Portobello sobre la ampliación de capital dictada por la juez Ana María Gallego, en lugar de recurrirla como lo ha hecho Sánchez-Asiáin, tendría que haberla subsanado si verdaderamente se tratara de un fondo reputado.
Además, un franquiciado también exige a la compañía 440.723 euros de indemnización en concepto de daños y perjuicios, reclamación que ha sido aceptada a trámite de juicio ordenado por el Juzgado de Primera Instancia Nº 86 de Madrid. A juicio del demandante, este incumplimiento “ha supuesto la ruina” de su negocio pues lo ha hecho “de forma sistemática”, con lo cual solicita la nulidad del contrato de franquicia suscrito entre las dos partes en enero del 2018.
Los pleitos ya existentes han llevado a la creación de una plataforma llamada ‘Víctimas de Portobello de Sánchez-Asiaín y Clínicas Vivanta’.
Los efectos colaterales los van a sufrir los propios partícipes de Portobello, entre los que se encuentran: BNP Paribas, Fond-ICO, Caixa, Bankia pensiones, Naturgy, BBVA, Fondo de Pensiones, Gas Natural, European Investment Fund, Mutua Loreto…