Ha llegado la hora de que el Estado decida sobre el desafío catalán.
Ha llegado el momento en el que, todos estos subterfugios del Gobierno para esquivar el problema del separatismo, deben de acabarse.

“No acometas obra alguna con la furia de la pasión, equivale a hacerse a la mar en plena borrasca”. Thomas Fuller.

Miguel Massanet Bosch. A la vista de los cada vez más explícitos y evidentes signos de que, el nacionalismo catalán, sigue su camino y, sus líderes parece que están decididos a culminar el proceso que iniciaron cuando el señor Pujol constituyó CDC y, un poco más tarde, su padre y él fundaron la Banca Catalana, para que sirviera de apoyo al catalanismo y ayudara a financiar a aquellas personas comprometidas en el proceso de catalanizar Catalunya; no parece que el Gobierno del señor Rajoy muestre signos de inquietud y se limita a responder, de una manera reiterada, vaga e inconcreta, que “siempre estarán del lado de la Ley”, sin tener en cuenta que los plazos establecidos por los mismos nacionalistas, cuando fijaron la fecha de la consulta por “el derecho a decidir” para el 9 del próximo mes de noviembre, se van acortando y los preparativos para la consulta siguen a buen ritmo, sin que haya signo alguno de que se vaya a suspender o anular.

 Muchos españoles, que residimos en tierras catalanas, contemplamos, incapaces de entender las causas de esta abulia e indiferencia con las que el gobierno Central sigue los acontecimientos en esta autonomía; consideramos que ha llegado el momento de que el Estado español, con carácter preventivo, como aviso a pescadores y sin más dilaciones, de a conocer a los españoles que, todavía, puedan estar mal informados; a los catalanes que siguen pensando que el señor Mas los informa correctamente sobre la legalidad de la consulta, de la validez de la ley de Consultas que van a probar para intentar legitimar, aún en contra de lo dispuesto por el TC, la posibilidad de votar dentro de lo que Mas define como “la legalidad catalana” ; mediante una escenificación que, de una vez por todas, explique lo que sucedería en el caso utópico de que, ignorando los avisos de los tribunales y las advertencias del Gobierno, actuando en contra de la legalidad española y asumiendo el enfrentamiento con el resto de España, llevaran a cabo su amenaza y, valiéndose de cualquier triquiñuela, se salieran con la suya, convocando la consulta.

Resulta poco menos que increíble que el gobierno español haya dejado que las sentencias de los tribunales, entre ellas las de TS y del TSJC, relativas a la enseñanza del castellano y del derecho de los padres a exigir para sus hijos la enseñanza en la lengua vehicular para sus hijos, se vengan incumpliendo sistemáticamente por las autoridades catalanas; sin pedir al Fiscal General del Estado que ordene a los fiscales que pidan la correspondiente ejecución de las mentadas sentencias. El Art. 410 del CP Español, en su apartado 1 dice:; “Las autoridades o funcionarios públicos que se negaran abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de res a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años” ¿ Que sanción les correspondería al Consejero de Cultura de la Generalitat catalana, señor Ferrán Mascarell o a la señora Irene Rigaut, Consejera de Enseñanza, por sus reiteradas y expresas negativas a aceptar las sucesivas sentencias emitidas respecto a la aplicación y el uso de la lengua castellana en Catalunya?

Es evidente la pusilanimidad que ha demostrado el Gobierno de Rajoy a la hora de exigir responsabilidades por los incumplimientos, repetidos y ostentosos, de las normas constitucionales relativas a las obligaciones de los gobiernos autonómicos y de sus representantes en materias en las que no han tenido competencias o se han extralimitado en el ejercicio de ellas; no se sabe si por miedo a levantar el fantasma separatista o por temor a tener que aplicar las medidas contempladas en la propia Constitución, relativas a los casos en los que las autonomías desobedezcan las leyes o sus mandatarios incurran en prevaricaciones, deslealtades o traiciones a la nación. Pero, señores, ha llegado el momento en el que, todos estos subterfugios del Gobierno para esquivar el problema del separatismo, deben de acabarse.

El hecho cierto de que, Mas y los suyos, siguen empecinados en llevar a cabo su famosa consulta requiere que, en bien de todos los españoles, de los catalanes que siguen creyendo en la legalidad de las propuestas de los separatistas y, en especial, en apoyo de los españoles que residimos en Catalunya, el señor Presidente del gobierno y sus ministros se dejen de aplicar paños calientes e informen públicamente, sin ambages ni placebos, de lo que va a suceder, o esperamos que suceda los que confiamos en una actuación firme de nuestros gobernantes, al día siguiente de que se apruebe la Ley de Consultas que, según se sabe, va a permitir consultas “no vinculantes” ( un truco para salirse con la suya convocando la consulta) decididas unilateralmente, sin necesidad de la aprobación del Parlamento de la nación, para consultar al pueblo catalán aquello que les pueda interesar a la Generalitat catalana.

Ya se ha anunciado que va a ser recurrido ante el TC, pero ¿y mientras tanto decide el alto Tribunal? Y si, como parece evidente, el TC va a declarar ilegal la nueva ley catalana ¿Qué medidas va a tomar el Ejecutivo de Rajoy, una vez ya se ha producido la ilegalización  de la norma en la que se amparaban los secesionistas, si resulta que éstos, a pesar de todo, siguen en su empeño de celebrar la consulta, en este caso ilegal? Es evidente la necesidad de que el pueblo catalán sepa de antemano, con precisión y sin engaños, a lo que puede llevar enfrentarse directamente al resto de España. En una situación similar, en el año 1,934, el señor Companys, presidente de la Generalitat fue detenido por la Guardia Civil e ingresado, junto a otros que se manifestaron en la declaración pública de una República independiente catalana.

¿O va a resultar que, después de todo, los españoles vamos a sufrir la decepción de que el señor Presidente siga en su actual predisposición a continuar “el diálogo” y seguir ofreciendo compensaciones económicas, para apaciguar la voracidad de los catalanes?, los mismos que han tenido que tragarse sus declaraciones de que “España les roba”, cuando las balanzas fiscales han desmentido tal especie. Los mal intencionados ahora dicen que quien les robaba, además de engañarlos como a tontos, era la familia Pujol que ha sido quien más rendimientos ha sacado de su defensa del catalanismo, el separatismo y la creación de instituciones catalanas, como la Hacienda Pública que les hubiera permitido solucionar sus problemas con la Hacienda nacional.

Lo cierto es que, el señor Rajoy, se está jugando, en este tema, el conservar la poca credibilidad que le queda entre los simpatizantes del PP, si es que piensa que va a resolver este problema con buenas maneras, dejando que los catalanes consigan sus propósitos. Una manera eficaz de informar a todos los que pudieran estar indecisos ante la pasividad del Gobierno, de que no van a producirse concesiones para impedir la consulta ilegal, es la de dar una información detallada y suficientemente documentada de las consecuencias, para los separatistas, de una actuación directa frente a la legalidad española y su Constitución.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, se ve con indignación como se posponen las medidas precisas para poner freno a lo que ya se ve como inminente: el desafío abierto al Estado de Derecho.