Miguel Massanet Bosch. Ya han sido numerosas las ocasiones en las que nos hemos referido a esta propensión de alguna parte de la ciudadanía, la mayor de las veces de tendencias izquierdistas, a juzgar los hechos por su cuenta mucho antes de que los tribunales de Justicia hayan emitido su veredicto final. Vaya por delante que, en España, tenemos un problema que debiera abordarse por el Gobierno cuanto antes si es que no se quiere que, la Administración de Justicia, quede más desprestigiada de lo que actualmente lo está y se convierta en el patito feo de esta endeble democracia en la que nos desenvolvemos. No puede ser que un juicio como el, recientemente fallado, del “Prestige”, tarde la friolera de 11 años para resolverse. En estos casos, la sentencia, además de perder los efectos ejemplarizantes; mantiene en vilo la posible alarma social que el hecho haya causado, representa una grave losa de duda sobre la honorabilidad del encausado; generando una dilatada y penosa situación de interinidad que supone, para quienes la padecen un castigo añadido al que pudiera derivarse de la decisión judicial, aún siendo reos y una injusticia agravada si los imputados resultan ser inocentes.

En este país hay una gran propensión a emitir juicios, me refiero a juicios temerarios basados en la mera simpatía o antipatía  de la que goza aquel sobre quien se emiten. En efecto el pueblo tiene una tendencia a simpatizar con algunas personas, especialmente, si éstas están aureoladas por ser de condición humilde, desfavorecidos de la fortuna, opositores al sistema, defensores de los pobres o trasgresores de la legislación vigente. Tanto a nivel de ciudadano raso como al de los integrantes, cada vez más numerosos, del colectivo de informantes, periodistas, presentadores, locutores de los medios de comunicación o comentaristas siempre a la caza de cualquier noticia, a veces sin contrastarla, afectados de la tendencia innata en ser los primeros en valorar los hechos,  difundirlos, dar de ellos su propia versión y, en muchas ocasiones, atribuir o negar la culpabilidad a quienes puede que no tengan relación alguna con los hechos. Todo ello antes, incluso, de que la policía haya hecho su trabajo, el juez haya ordenado las diligencias y pesquisas oportunas y se hayan esclarecido, con la mayor claridad posible las circunstancias, los antecedentes, las pruebas, los factores que pudieran haber formado parte del hecho penal e, imputado, si ello fuera procedente, a los presuntos autores del desaguisado; dejando concluido el sumario para que el tribunal competente se haga cargo del caso y se abra o sobresea el juicio pertinente.

Y es que, señores, según sea quien gobierne la nación, una autonomía o un municipio, cualquier suceso que se produzca en ellos merece una valoración distinta para una masa humana fácilmente influenciable por lo que leen en los periódicos, lo que se les ofrece en las TV y lo que escuchan en las emisoras de radio o les dicen aquellos activistas, progres, antisistema o partidos políticos que intentan ganar adeptos por medio de dichos procedimientos antidemocráticos. Es fácil utilizar como arma arrojadiza contra los estamentos dirigentes de la nación, aquellos accidentes, desgracias o catástrofes naturales, principalmente, si causan víctimas o grandes daños materiales que les permitan achacarles a las autoridades una parte de la culpa de los daños causados por fenómenos naturales de difícil previsión o debidos a un cúmulo de circunstancias que el azar hace coincidir para que el fenómeno se produzca.

El caso del petrolero Prestige es uno de estos sucesos en los que no había posibilidad de haberlo evitado dadas la situación y las circunstancias que acompañaron aquella tragedia. Se puede hablar de un barco en malas condiciones; de unos armadores irresponsables y del desafortunado maleficio de que fuera, precisamente, ante las costas de Galicia que tuviera lugar el estropicio. A las autoridades obligadas a tomar una decisión (que no podía prolongarse ante el hecho evidente de que, el barco, estaba a punto de colapsar), no se les podía pedir otra cosa que eligieran el mal menor de entre las dos opciones que les quedaban. Al fin escogieron el que les pareció menos perjudicial para Galicia que resultó ser: el intentar alejar cuantos antes el buque siniestrado de la costa. La fatalidad hizo que, primero el capitán del buque que, en lugar de obedecer de inmediato las instrucciones que se le transmitían desde las autoridades marítimas españolas, perdió unos importantes minutos  intentando hablar con la compañía naviera para que el armador le diese el visto bueno. La consecuencia de la indecisión del capitán del navío fue, como se ha demostrado, la principal causa de que el siniestro  se produjera antes de llegar a una distancia suficiente de la costa gallega.

El resto fue obra de la propia tormenta que arrastro el chapapote hacia tierra provocando la grave catástrofe ecológica que tanto daño causó a la pesca y al turismo gallegos. El tribunal, por fin, ha sentenciado y la sentencia, en el juicio penal que se estaba tramitando contra varios imputados, no ha satisfecho a aquellos que querían que la culpa de la calamidad se les atribuyera a quienes intentaron paliar sus efectos, con mejor o peor suerte, algo que no ha tenido lugar. Inmediatamente han ido apareciendo los “sabios” de siempre pretendiendo suplir las declaraciones de 133 testigos; 2.118 partes personadas; 98 peritos; 51 abogados y 21 procuradores; que a través de 98 sesiones y 204 declaraciones de peritos y testigos, han ido desgranando punto por punto el complicado laberinto legal; sustituyéndolas por sus “interesadas” interpretaciones de simples profanos en la materia. El fallo ha absuelto a los imputados debido es que, a juicio del alto tribunal “no existe responsabilidad penal y el accidente se produjo por un fallo estructural cuyo origen nadie puede precisar”. Lo demás, huelga.

Lo que sucede es que, quienes se apresuraron a presentar una demanda penal lo hicieron buscando, más que conseguir unas indemnizaciones para los perjudicados gallegos, conseguir desgastar al gobierno del PP de don Manuel Fraga que gobernaba, aquel 2002, en Galicia y, de paso, poner en un brete al gobierno de la nación presidido por el señor Aznar. Nada de ello consiguieron pero no fue por falta de propaganda y manifestaciones. Una serie de “plataformas” cívicas, entre las que destacaba la de “Nunca mais”, salieron a las calles a protestar y a exigir dimisiones por algo que, como se ha demostrado en la sentencia, no era culpa más que de un lance producido durante una fuerte tempestad en el Mar de la Morte. El error de los que quisieron derrotar al gobierno fue que, utilizando la vía penal, se cerraron el camino a las peticiones de las indemnizaciones a las que debieron haberles dando prioridad utilizando las vías administrativa y la civil. Es obvio que quienes han salido perdiendo, en este largo proceso, han sido los ciudadanos gallegos que fueron quienes pagaron los platos rotos de aquel triste suceso.

A quienes los gallegos tiene que pedirles cuentas no es al tribunal que ha hecho su trabajo concienzudamente sino a todos aquellos que, por intereses espurios, les llevaron, equivocadamente, a acciones que a nada les han llevado y de las que no han sacado beneficio alguno. Los de “Nunca maís” lo que debieran hacer ahora es disculparse, primero con el PP, al que culparon de todo lo sucedido y, después, ante los gallegos por haberse equivocado por utilizar maliciosamente la vía penal en lugar de las opciones civiles y administrativas con la que es posible que hubieran salido más beneficiados.. Cállense las voces de despechadas que no aceptan la derrota y excúsense ante aquellos  a los que vilipendiaron y han sufrido 10 en espera de la rehabilitación de su honra. O así es como lo veo yo, señores, desde mi lugar de simple ciudadano.