Redacción Madrid. 19 de enero. El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, y la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, consideraron hoy "asumibles" las reivindicaciones de las asociaciones de jueces y anunciaron que la mayoría de sus demandas ya estaban siendo objeto de estudio tanto en el órgano de Gobierno de los jueces como en el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo.

   Pérez y Bravo ofrecieron una rueda de prensa para explicar los detalles de la reunión de la Comisión Mixta entre el Consejo y el Ministerio, en la que, según anunciaron, el primer punto del orden del día fue el documento emitido por las principales asociaciones de jueces, que otorgaron un plazo de seis meses al Gobierno para evaluar su compromiso en cuanto a la modernización de la Justicia antes de acudir definitivamente a una huelga --medida sin precedentes en la carrera judicial-- el próximo 26 de junio.

   "Hemos llegado a la conclusión de que las reivindicaciones son asumibles ya que fomentan la modernización y en todas ellas se estaba trabajando tanto en el CGPJ como en el Ministerio", explicó Bravo, quien anunció que el próximo día 30 el CGPJ aprobará un nuevo sistema de medición de esfuerzos, "instrumento esencial para redefinir la planta judicial y el número de órganos judiciales y jueces que se necesitan".

   Por su parte, el secretario de Estado admitió que el hecho de que "los jueces estén bien pagados repercute en la mejora del sistema". "Nos preocupan los ciudadanos y que reciban un mejor servicio, hemos hablado de retribuciones porque algunas están siendo motivo de estudio --las relativas a los juzgados de guardia--, pero no hay prevista ninguna subida general este año", matizó Pérez antes de añadir que "esto no impide que el sistema retributivo de los jueces deba estudiarse y corregirse".

   La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, anunció hoy que su formación solicitará al Gobierno una reunión del Pacto para la Modernización de la Justicia que suscribieron el pasado verano el PSOE y el PP, con el fin de analizar el grado de cumplimiento de ese acuerdo. Según advirtió, si el Ejecutivo no lo cumple pondrá "en riesgo" su permanencia.

   Así lo aseguró De Cospedal en una rueda de prensa en la sede nacional del PP, el mismo día en que el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, y la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, han asegurado que las demandas de los jueces "asumibles" y que sus retribuciones deben ser corregidas.

   La 'número dos' del PP indicó que su partido quiere celebrar una reunión de la comisión de seguimiento del Pacto de Justicia porque "la mayoría de las demandas de los jueces están contenidas" en ese pacto. Eso sí, recalcó que dicho acuerdo "obliga fundamentalmente al Gobierno", que se comprometió a poner en marcha una serie de medidas para modernizar la Administración de Justicia.

   En este sentido, insistió en que su formación quiere que se convoque el Pacto de Justicia para ver de qué manera el Ejecutivo "piensa dar cumplimiento a lo que en su día firmó" y le avisó que si no lo cumple "se estaría poniendo en grave riesgo la pervivencia del pacto". "Queremos saber si el Gobierno va a cumplir con lo que prometió o una vez más va a incumplir lo que incluso firmó", aseveró.