José María Zavala. Hace ya tiempo que Cristina, “la infanta equilibrista”, caminaba peligrosamente sobre el alambre. Su imputación en el llamado “caso Nóos”por blanqueo y delito fiscal ha causado sorpresa y estupor en parte de la opinión pública. Y no precisamente por la presunta implicación de la infanta, sobre la que se ciernen fundadas sospechas a juicio del magistrado y de no pocos ciudadanos de a pie, sino porque la perseverancia del “David” instructor, José Castro,se ha impuesto de momento al poderoso “Goliath” real.
El sindicato Manos Limpias había solicitado ya en 2012 al juez que citase a declarar como imputada a la infanta Cristina, amparado, entre otras razones, en su palmaria vinculación accionarial con la polémica inmobiliaria Aizoon, constituida por el matrimonio al 50 por ciento en febrero de 2003.
Previamente, en octubre de 2001, Urdangarín había creado Nóos Consultoría Estratégica S. L., denominada antes Araujuzon S. L. 
Hagamos un poco más de historia para entender los entresijos de este boom judicial: a principios de 2006, el diputado socialista en el Parlamento balear, Antonio Diéguez, destapó la caja de los truenos al anunciar, en rueda de prensa, que el Govern, presidido entonces por el ex ministro del PP Jaume Matas, había pagado 1,2 millones de euros a la Fundación Nóos para que celebrara en Palma de Mallorca un Foro sobre Turismo y Deporte entre los días 22 y 25 de noviembre del año anterior. 
Curiosamente, la entidad encargada de celebrar el evento y de facturar por tanto los 1,2 millones de euros fue el Instituto Nóos de Estudios Estratégicos de Patrocinio y Mecenazgo, vinculado a la empresa matriz, cuyo presidente era entonces el propio Iñaki Urdangarín.
El escándalo estaba servido: nada menos que el yerno del rey había sido involucrado por los socialistas baleares en un turbio asunto, en el que aparecían llamativas cantidades de dinero que debían cobrar los organizadores del evento. El convenio suscrito presupuestaba así en 25.000 euros el dinero destinado a una “directora de comunicación”, mientras que otros 40.000 euros debían ser para el “director de publicaciones”, y 240.000 más para viajes, entre otros gastos.
Por si fuera poco, el Instituto Nóos apareció de nuevo involucrado en otro polémico asunto, esta vez en Valencia, donde la concejala socialista del Ayuntamiento, Mercedes Caballero, preguntó días después por el importe de los eventos Valencia Summit celebrados en octubre de 2004 y 2005 para promocionar la Copa América.
El propio concejal de Turismo, Alfonso Grau, había facilitado 1,2 millones de euros, repartidos entre el canon de 450.000 euros anuales y los 363.000 euros destinados a desplazamientos y estancia de participantes. Y lo mismo que en el caso balear, el Instituto Nóos contaba con el beneplácito del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, pues el propio Ejecutivo autonómico corrió con parte de los gastos, así como con el de la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá.    
Todas estas denuncias provocaron la dimisión de Iñaki Urdangarín al frente del Instituto Nóos en la Semana Santa de 2006, siendo sustituido por su vicepresidente, Diego Torres.
Según la investigación judicial, Urdangarín y su socio Torres se sirvieron de una asociación sin ánimo de lucro como Nóos para desviar presuntamente fondos a otras empresas controladas por ellos mismos, radicadas incluso en paraísos fiscales; las cantidades evaporadas se elevarían, al parecer, a 5,8 millones de euros de fondos públicos y otros 4,4 millones de euros de entidades privadas.
De hecho, el fiscal Pedro Horrach consideraba que existían indicios suficientes para imputar al duque consorte de Palma nada menos que cuatro delitos: prevaricación, malversación, falsedad documental y fraude a la Administración.
Todavía en abril de 2012, el diario El Mundo se hizo eco de que Urdangarín había ocultado “al menos otros 150.000 euros en Suiza” mediante un nuevo testaferro. Al parecer, el magistrado Castro y la Fiscalía Anticorrupción habían descubierto un nuevo depósito bancario controlado por el marido de la infanta para ocultar a la Hacienda española las comisiones percibidas por sus trabajos de intermediación.
Paralelamente, la Agencia Tributaria había detectado que la infanta Cristina y Ana Isabel Wang Wu, esposa de su secretario particular y tesorero de Nóos, Carlos García Revenga, compartían al menos dos depósitos bancarios en el BBVA y en el Banco Santander Central Hispano.
¿A quién puede sorprender entonces que “la infanta equilibrista” haya sido imputada?