Redacción. Sucedió en un pequeño pueblo de Cantabria, Bárcena de Pie de Concha. Allí, Alfonso Hidalgo, concejal de AES, presentó una moción al pleno para que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local se instara al gobierno a iniciar los trámites para la disolución de los ayuntamientos que han votado en Cataluña mociones declarándose independientes y se produjera la declaración de persona non grata a los miembros de la corporación de Sant Pere de Torelló.
La actual alcaldesa, Carmen Mier, del Partido Popular, no ha tenido problemas hasta la fecha en aprobar tres mociones del grupo municipal socialista, entre las que se incluía dirigirse al Congreso de los Diputados, por lo que sorprendió su actitud ante una propuesta que, en definitiva, exige que se cumpla lo dispuesto en las leyes y la unidad de España, más aun siendo del Partido Popular.
Probablemente preocupada por las elecciones catalanas y esa actitud de poner una vela a Dios y otra al diablo propia de los populares, la alcaldesa se dedicó a defender al pueblo catalán; aunque tal y como señalaron la moción no iba ni tan siquiera en contra de los habitantes de San Pere, sino que se circunscribía a los concejales que votaron por la independencia. En el colmo de los despropósitos la alcaldesa, que no sabía qué decir, afirmó que no era nadie para solicitar que se cumpliera la ley y la constitución. Probablemente la alcaldesa ni tan siquiera haya leído cuáles son sus competencias.
AES y el PCR llegaron a un acuerdo defendiendo la propuesta de instar al gobierno a iniciar los trámites para la disolución de los ayuntamientos independentistas, a lo que la alcaldesa y su grupo se negaron. El final de la astracanada protagonizada por la alcaldesa y algunos de sus concejales fue afirmar que desean la unidad de España y que se cumpla la Constitución. En Bárcena se ha extendido el rumor de que la alcaldesa actuó así, en contra del sentir de muchos de sus paisanos, porque había recibido órdenes.