Jorge Martín Quintana. El 31 de agosto de 2007, un conocido diario digital recogía las declaraciones realizadas por Mohamed Chaib Akhim1, diputado musulmán del PSC en el Parlamento de Cataluña y presidente de la asociación socio-cultural Ibn Battuta, y en las que afirmaba que “no es normal que a estas alturas tres o cuatro millones de inmigrantes no tengan derecho al voto”, a la par que señalaba que los inmigrantes han de tener derecho a decidir “cómo quieren que sean sus ciudades y barrios”, advirtiendo que “en esto los musulmanes tenemos mucho que decir”. La presencia de centenares de miles de inmigrantes en España ha cambiado radicalmente el panorama social, cultural, económico y, en un proceso lógico, también el político, de nuestro país. Los inmigrantes constituyen un porcentaje de población cada vez más importante, con una media de edad bastante baja, generalmente muy dinámicos y flexibles, con una identidad y solidaridad grupal muy marcada y cuya importancia en la economía, - en la que ya no sólo participan como consumidores, sino también como emprendedores -, es cada vez mayor y más atractiva para diversos sectores empresariales.
Dada su peso, tanto cuantitativo como cualitativo, y dado su marcado sentimiento de grupo, el colectivo inmigrante resulta ser un apetitoso pastel que no sólo las empresas se disputan, sino que los políticos empiezan a cortejar sin embozo, máxime en una España políticamente cada vez más polarizada y en la que el voto está básicamente fijado. Así, el colectivo inmigrante, supone un soplo de aire fresco, una tierra prometida, fértil y llena de posibilidades a conquistar, a fin de decantar la balanza de manera definitiva y contundente hacia uno u otro lado. Es, en ese contexto, es en el que empieza a aparecer en el horizonte una nueva campaña de agitación política, social y mediática que se basará en la concesión del voto a los extranjeros extracomunitarios residentes en España.
Curiosamente, el colectivo extranjero más activo en esta tarea es precisamente el musulmán, lo cual responde quizás, entre otros factores, a la tradición política musulmana: Felipe Maillo, en su magnífico Vocabulario de historia árabe e islámica, nos habla de la asabbiya, concepto desarrollado por Ibn Jaldun y que estaría relacionado con la solidaridad socio-agnática. Para Ibn Jaldun, y siguiendo a Maillo, “el príncipe entonces, para mantenerse [en el poder], ha de crear un nuevo grupo de mercenarios esclavos y de elementos extratribales […]”; de manera que “[…] los extranjeros adquieren un papel cada vez más preponderante en el gobierno del Estado […]2”
Lo cierto es que Chaib Akhim “apuntó la necesidad de un esfuerzo en el acercamiento a los imanes que imparten doctrina en España para convertirles en ‘interlocutores’, porque están presentes en las ciudades y los barrios”, de manera que los jefes de la umma, de la comunidad de creyentes, “adquieren un papel cada vez más preponderante en el gobierno del Estado”, al hacerlos interlocutores entre la comunidad de creyentes y los representantes de la soberanía nacional, con vistas a decidir en ‘sus’ barrios, ‘sus’ ciudades, ‘sus‘ comunidades autónomas…
Y es que, según Maíllo, “la utilización de las fuerzas que procura la asabiyya de un determinado grupo es lo que le permite imponerse a los otros y apropiarse del poder; enseguida el juego de tensiones internas en la dinastía reinante, tendentes a destruir aquel espíritu de cuerpo, obliga al soberano a apoyarse en elementos mercenarios, o esclavos, o a establecer lazos de clientela para mantenerse”.
Si la comunidad musulmana se hace lo suficientemente fuerte, será utilizada por el poder de turno para imponerse a los contrarios, lo cual se hará a cambio de alguna prerrogativa o privilegio: “La dinastía o el dinasta deberá sustraer bienes de los sujetos, a través de los impuestos, y redistribuirlos entre sus adeptos (la élite dirigente y los servidores de los aparatos del Estado), a fin de continuar gozando de la soberanía y el poder”, de manera que, para lograr el apoyo de la comunidad musulmana, el Estado se verá obligado a satisfacer sus demandas de tipo social, económico, cultural, religioso, político, etc. satisfacción que sólo será posible con cargo a los presupuestos y en detrimento de unos ciudadanos españoles a los que se habrá sustraído patrimonio a través de los impuestos, o bien, verán impotentes cómo las políticas sociales se centran en los inmigrantes y cómo prestaciones como sanidad, vivienda o educación son acaparadas por el dinámico y emergente grupo que sostiene a la facción correspondiente.
Así, vemos en pleno S. XXI cómo nuestros nuevos dinastas se apresuran a apoyarse en extranjeros-esclavos y clientes-mercenarios para consolidar su poder, de la misma manera que harían los califas de Bagdad y los ayyubíes de Egipto con, respectivamente, los miserables seljuquíes y mamelucos que, venidos de la feraz estepa centroasiática y las agrestes montañas del Caúcaso como esclavos y clientes, acabaron haciéndose con el poder.