Redacción Madrid. 17 de marzo.

La Comisión de Investigación sobre los supuestos espionajes a cargos públicos concluyó que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, "ni ha ordenado, ni ha amparado, ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos o a cualquier otra persona" y se acoge a la investigación judicial para determinar "el origen de las informaciones aparecidas en el diario "El País" y que afirmaron que había una unida de seguridad adscrita a la consejería de Interior que se dedicaba a investigar a miembros del Gobierno y del Ayuntamiento de Madrid.

Estas conclusiones pertenecen al dictamen presentado por el grupo popular que es el que tenía mayoría en esta comisión. Por lo tanto, como era previsible, los veredictos de la oposición, PSOE e IU, no consiguieron imponerse.

El dictamen afirma que el supuesto departamento que coordinaba los seguimientos, la Dirección General de Seguridad, tiene las mismas funciones y que su personal es exactamente el mismo (42) que tenía bajo los mandatos de Joaquín Leguina y Alberto Ruiz Gallardón.

Por otro lado, el informe pone de manifiesto que todos los comparecientes, todos pertenecieron a la lista de comparecientes propuesta por el PP, declararon bajo juramento que ni han ordenado ni conocido ni amparado ningún tipo de seguimiento, informe o espionaje sobre ninguna persona.

Finalmente, pone de manifiesto que los correspondientes análisis grafológicos, demuestran que la letra de las anotaciones manuscritas aparecidas en algunos de los supuestos partes de espionaje no se corresponden con la de las personas a las que han apuntado las informaciones periodísticas como presuntas autoras.

RESPONSABILIDADES POLITICAS

Ante estas conclusiones, la portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, afirmó que el PP "no ha aportado ninguna prueba que desacredite a los partes publicados por el diario El País, que son totalmente verosímiles como así han corroborado Alfredo Prada y Manuel Cobo y la propia fiscalía, cuando anunció el pasado viernes que va a continuar con las diligencias porque encuentra verisimilitud en los partes de seguimiento".

Por ello, Menéndez subrayó que "se ha producido espionaje político entre miembros del PP y con recursos público y con medios materiales y humanos de la Comunidad de Madrid. La comisión de investigación no puede ser cerrada en falso y tiene que continuar su trabajo". Las conclusiones de los socialistas, por lo tanto, "tienen carácter muy provisional, ya que se ha impedido continuar con los trabajos de la comisión".

Los socialistas no se conforman con la investigación judicial "porque se trata de establecer responsabilidades políticas". "Por ello", anunció la portavoz del PSOE, "vamos a recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional porque no es posible que se hayan vulnerando derechos fundamentales de los diputados de la comisión de investigación".

Las razones son que no ha sido entregada en tiempo y forma la documentación, se ha impedido la presencia de los comparecientes calificados por la Mesa y vinculados directamente con el objeto de la comisión de investigación.