Redacción Madrid. 13 de febrero.

La Comunidad de Madrid presentó hoy ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional un escrito de personación para formar parte como acusación particular, en calidad de perjudicado, de la causa que investiga el juez Baltasar Garzón contra una presunta trama de corrupción liderada por Francisco Correa. Esgrime que se podrían haber destinado "fondos propios de la Comunidad de Madrid a fines distintos de los legalmente previstos".

   El Gobierno de Aguirre exige que "esta Administración pueda tomar parte en el procedimiento judicial como perjudicada y ejercitar las acciones que legalmente proceden al amparo de lo previsto en el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 24 de la Constitución Española". La personación está encaminada a que el Ejecutivo madrileño "pueda tomar conocimiento de lo actuado e instar la práctica de diligencias en el marco de la investigación".

   El escrito se pone sobre la mesa de Garzón horas después de que no haya admitido a trámite la petición del PP nacional de personarse en la causa. Según el juez, la personación de los 'populares' en este procedimiento, que se encuentra bajo secreto sumarial, resulta "absolutamente incompatible, como tampoco puede serlo a título de imputado por tratarse de una persona jurídica".

   En su personación, el Ejecutivo autonómico solicita al magistrado abstenerse de seguir conociendo del procedimiento si afecta a personas aforadas, a tenor de lo establecido en los artículos 309 y 303 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC). Así, le emplaza a remitir las actuaciones, en lo relativo a los aforados, a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, competente para dirimir las posibles responsabilidades penales de las personas con inmunidad.

   Recuerda que el artículo 25 del Estatuto de Autonomía de Madrid dispone que la responsabilidad penal de los consejeros para los delitos cometidos en el ámbito de su jurisdicción será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

   Sustenta su condición de perjudicado en las sospechas de que pueda "haberse destinado propios de la Comunidad de Madrid a fines distintos de los legales previstos". Alude a conversaciones telefónicas de Correa que obran en el sumario, según publicó el diario 'El País', en las que se afirma que "se han cargado a la Comunidad de Madrid gastos del Partido Popular, ufanándose de que un consejero de la Comunidad de Madrid cobraba comisiones por distintas favores y, además, obligaba a las Consejerías a pagar con dinero público actos del PP que montaba Correa".

   El supuesto 'cabecilla' de la corruptela aludía, según el citado periódico, al ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, una de las cuatro víctimas políticas que se ha cobrado hasta ahora la supuesta trama de corrupción destapada por Garzón el pasado 6 de febrero.

   En el escrito, se menciona un apartado del auto emitido el pasado 12 de febrero por Garzón para fundamentar los ingresos en prisión incondicional de Correa y dos de sus colaboradores, su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo.

   Trae a colación el fundamento jurídico en el que Garzón esgrimía que "en la causa existen indicios suficientes de que los imputados, en unión con otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos Ayuntamiento y Comunidades Autónomas para obtener un beneficio propio utilizando para ello, las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas (...)".