José María Caparrós

En plena polémica por la obligatoriedad del castellano en las escuelas catalanas, ha llegado desde Bruselas una modificación a la discutida Llei de Cinema de Catalunya. La CE considera que el artículo 18 de esta ley es “incompatible con el Derecho europeo”.

La Comisión Europea afirma que la actual ley hace más difícil la circulación de películas no españolas en esta autonomía, ya que exime de entregar una copia doblada o subtitulada en catalán a las producciones autóctonas, pero no a las extranjeras. Ciertamente, al obligar el doblaje o subtitular un tanto por ciento de los filmes extranjeros en Cataluña, para protección de la lengua vernácula, se hacía excepción de las películas en idioma castellano. Ahora se pide que también éstas tengan copias en versión catalana igual que se exige a las extranjeras.

Con todo, el Gobierno de la Generalitat ha acogido bien esta rectificación, porque la CE avala la política de fomento del idioma catalán, ya que en su nota de prensa afirma que “el Tribunal de Justicia Europea ha reconocido la legitimidad de las políticas nacionales que persiguen la promoción lingüística, pero han de respetar determinadas condiciones”. Asimismo, los sectores de distribución y exhibición -que primero se opusieron y finalmente pactaron la catalana Llei del Cinema- también comparten la tesis de la Comisión Europea.

Aun así, lo que tenemos que defender es la legítima libertad del público: que cada espectador pueda escoger el idioma en el que quiere ver una película, sea española o extranjera. Actualmente, la oferta de cine doblado o subtitulado en catalán se ha duplicado en esta Comunidad Autónoma.