Podemos entender que, el gobernante, ha de actuar con prudencia; podemos aceptar que las decisiones precipitadas, en ocasiones, conducen a peligrosas situaciones y podemos admitir que la situación de Catalunya hace ya muchos años que se ha ido maleando, cuando el gobierno de Madrid, a lo largo de las últimas legislaturas, ha ido cediendo, una y otra vez a las exigencias de la Generalitat, de modo que se ha llegado a una situación en la que da la sensación de que ya se les ha dado todo, salvo la independencia, que es lo que ahora reclaman. Pero, lo mismo que cuando se produjo el intento de golpe de Estado del 23 de febrero del año 1.981, las instituciones reaccionaron con presteza, la casa real actuó con diligencia y se arbitraron las medidas para que aquel levantamiento no progresase; ahora, señores, que nos encontramos ante una situación más dramática, si cabe, porque una parte de España amenaza con la sedición, se enfrenta directamente a las normas constitucionales y pretende hacer que el gobierno de la nación incline la cerviz ante sus extemporáneas, inasumibles y sediciosas peticiones; tenemos la sensación de que el exceso de prudencia del Ejecutivo, el temor a que el problema catalán vaya incrementándose y la posibilidad de tener que apelar a la intervención que se contempla en el artículo 155 de la Carta Magna; atenacen el ejercicio del poder que les concedieron las urnas al PP, otorgándoles una mayoría absoluta que les daba amplio margen de maniobra para sentar las costuras a quien decidiese desmandarse. Sin embargo, parece que el señor Rajoy no se atreve a ejercer las facultades que tiene para hacer cumplir las leyes, incluso a los levantiscos nacionalistas como el señor Mas y compañía.

 

Nuestro Gobierno no debe olvidar que, inconscientemente, cuando se habla del problema catalán ya se utiliza la expresión de Catalunya y España como si, en realidad, se tratase de disputas entre dos países y no entre una comunidad autónoma y el Estado central. Esto es el resultado de décadas de enfrentamientos, de acuerdos marcados por la necesidad de apoyos para gobernar en Madrid a costa de cesiones de soberanía de España. Son muchas las autonomías que ya se miran en el espejo catalán y están pendientes de la actuación del Gobierno, ante las exigencias del señor Mas, para poner sobre el tapete sus propias reivindicaciones, incluso, no nos debemos dejar engañar por la aparente prudencia de los vascos, que se han manifestado en contra de las prisas catalanas, pero que, a la primera ocasión que se les presente, puede que a partir de las próximas elecciones autonómicas, volverán a exigir el autogobierno, especialmente si Catalunya, como intenta ahora, consigue salirse con la suya.

 

Catalunya no debe olvidar que votó a favor de la vigente Constitución de 1.978 y que el 22 de septiembre de 1,980 se aprobó la ley orgánica de financiación Autonómica  (LOFCA) en la que se fijaron los sistemas de financiación para las autonomías que, posteriormente, precisamente debido a las reclamaciones de Catalunya, que se sentía agraviada, volvió a modificarse a través de la aprobación del proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) aprobado por la ley Orgánica de 27 de diciembre del año 2001, en la que las CC.AA salieron beneficiadas. mediante la ampliación del ámbito de la cesión a una parte del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en segundo lugar, mediante la atribución a las Comunidades Autónomas de ciertas competencias normativas en relación con los tributos cedidos, incluyendo la mencionada parte, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; la cesión de nuevas competencias normativas en ciertos tributos y otra retahíla de concesiones con las que parecía que el gobierno de la Generalitat estaba de satisfecho. Al parecer no fue así.

 

No parece que nada sea suficiente para saciar las ambiciones de esta autonomía, la que más favorecida ha salido en cuanto a las aportaciones estatales; que una vez más  ha vuelto a apelar a su victimismo para intentar arrancarle a Estado nuevas aportaciones que, sin embargo, de obtenerse, no garantizan que sirvieran para mucho dada la actitud de irresponsabilidad absoluta de los actuales responsable de la Generalitat, a los que parece que no hay otro camino para contentarlos que el concederles la independencia por las buenas, seguramente con la intención de que España siga comprándoles sus productos y ejecutando las obras de infraestructuras para la autopista del Mediterráneo, que les permita convertirse en la “nación” mejor financiada de todas aquellas que obtuvieron su independencia en el universo mundo. ¡Y todo ello cuando se han cansado de despotricar contra los españoles que, por cierto, fueron los que les ayudaron a poner en funcionamiento las industrias de las que hoy presumen!

 

Ya lo dije en otra ocasión, pero volveré a insistir: los españoles ya estamos hasta las narices de que unas minorías pretendan decirnos lo que debemos hacer; que levanten la voz para exigir aquello que saben que no se les va a dar y que amenacen con tomarse lo que quieren por el procedimiento de los hechos consumados, si es que no se les dan por las buenas. Pues bien, a estos señores se les ha de advertir que, cualquier decisión que pretendan tomar por su cuenta, sea a través de su Parlamento autonómico o sea por un plebiscito que pudieran organizar, no tendrán el más mínimo valor ya que serán actos nulos de pleno derecho, por ser contrarios a esta Constitución que el señor Más parece despreciar pero que, aunque pueda no creérselo, está respaldado por 40 millones de españoles que están dispuestos a defenderla y hacer que se cumpla. Debieran fijarse en el precedente de su líder, el señor Companys, que intentó proclamar la independencia de Catalunya (dentro de la República española) y acabó con sus huesos en la cárcel.

 

De la firmeza del actual Gobierno esperamos que corte por lo sano cualquier intento de levantamiento popular en la comunidad catalana; que se advierta seriamente al gobierno catalán que, cualquier incumplimiento de las leyes estatales, será castigado como corresponde y que el Código Penal español contempla, dentro de los delitos que puede cometer cualquier ciudadano, los de rebelión o enfrentamiento al gobierno de la nación. Por ello pueden ser sancionados mediante la aplicación las medidas penales previstas en la ley. Si no se transigió con el golpe del 23 de febrero de 1.981, tampoco se va a permitir el golpe de Estado que pudieran pretender llevar a cabo el señor Mas y sus seguidores separatistas. O esta es, señores, mi opinión respecto a estos graves sucesos que están teniendo lugar en nuestra nación.