Redacción Madrid. 2 de Septiembre.

   El Gobierno boliviano aseguró ayer que la determinación dada a conocer por la Corte Nacional Electoral (CNE), a través de cartas, no tiene carácter vinculante por falta de valor jurídico, y ratificó la constitucionalidad del referéndum para el 7 de diciembre de 2008.

   Después de que el presidente del máximo organismo electoral, José Luís Exeni, remitiera tres misivas al presidente interino de la República, Álvaro García, en la que señala que no es viable la administración de procesos electorales, por un supuesto impedimento legal, el ministro Responsable de la Defensa Legal, Héctor Arce, afirmó que las mencionadas cartas no tienen valor jurídico, informaron medios locales recogidos por Europa Press.

   "La comunicación que envió la Corte Nacional Electoral al Presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, no es un documento jurídico, no genera ningún efecto vinculante y no puede -aunque pretenda- suspender la ejecución de los actos eleccionarios y refrendatarios convocados legal y legítimamente por el Presidente de la República (Evo Morales Ayma) para el día 7 de diciembre", declaró Arce.

   Asimismo, explicó que la promulgación del Decreto Supremo Número 29691, de 28 de agosto, que fija fecha para la realización del referéndum para el artículo 398 del nuevo texto constitucional y el referéndum de ratificación de la nueva Carta Magna tiene el sustento de ley aprobado por dos tercios de voto en el Congreso Nacional en febrero pasado.

   "Por lo que el mencionado decreto supremo promulgado por el Evo Morales tiene plena validez, es plenamente constitucional, legal y debe ser acatado y cumplido por la Corte Nacional Electoral", informa la Agencia Boliviana de Información.

   "Es importante considerar que en un Estado de Derecho quien incumple deliberadamente el mandato de la ley es pasible a las sanciones que el mismo sistema jurídico establece", manifestó el Ministro de Defensa Legal.

   A su vez, el viceministro de Coordinación Con los Sectores Sociales y la Sociedad Civil, Sacha Llorenti, aseguró que no existe argumento legal y legítimo que impida que el decreto supremo sea cumplido.

   "El decreto que ha sido trabajado minuciosamente no solamente responde a una necesidad histórica para que el pueblo boliviano decida si quiere una nueva Constitución Política, sino que además está sustentado en los principios constitucionales y las leyes de la República", aseguró Llorenti.