Redacción Madrid. 10 de octubre. La defensa del ex asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca pidió hoy a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que se inhiba de juzgar a éste por el caso 'Saqueo I', también conocido como el de las facturas falsas, ya que, según argumentó, este tribunal no tiene competencia para determinar la responsabilidad civil.

   Así, el abogado de oficio de Roca, Emilio Fernández Hermosa, pidió que el caso, cuyo juicio arrancó hoy con la presentación de las cuestiones previas, sea enviado al Tribunal de Cuentas, quien debe determinar su responsabilidad civil.

   Además de Roca, están acusados por el caso 'Saqueo I' Eduardo Gonzálvez, José Luis Sierra y Manuel Jorge Castel -para cada uno de los cuales el Ministerio Fiscal pide ocho años de cárcel por malversación y otros dos por falsedad documental- y Purificación Notario y Francisco Javier Herrera -ocho años  por malversación-. Están imputados por su supuesta participación en el supuesto desvío de 36 millones de euros del consistorio marbellí a empresas privadas entre 1991 y 1995.

   En esta cuestión previa presentada por Fernández Hermosa también coincidió la defensa de los supuestos responsables civiles Promociones Futbolísticas S.A. y Rancho Valdeolivas S.A, que incidió en la falta de competencia jurisdiccional de la Audiencia para declarar la responsabilidad civil ante el caso.

   Del mismo modo, Horacio Oliva, abogado de los herederos de Gregorio Jesús Gil, a quien se pide responsabilidad civil por un ingreso que recibió en sus cuentas el ex alcalde de Marbella, incidió en la falta de competencia jurisdiccional del tribunal y subrayó que "la responsabilidad civil no se puede heredar".

   Por otro lado, la defensa de Roca solicitó el aplazamiento del juicio debido a que sólo han transcurrido veinte días desde que le fuera asignado el caso, un plazo a su juicio "escaso" para estudiar la causa, más si se tiene en cuenta la magnitud de la misma y las especiales circunstancias de Roca, en prisión por, entre otros, este caso. En sus cuestiones previas, Fernández Hermosa también pidió que esta se acumule con otras causas pendientes.

   Al comienzo de la sesión, la defensa pidió al tribunal que concediera la palabra al ex asesor para que éste aclarase el motivo por que el que cambió de abogado apenas una semana antes de la fecha prevista inicialmente para el comienzo del juicio. Sin embargo, la sección, presidida por Ángela Murillo, rechazó la petición al considerar que las cuestiones técnicas se deben de hacer llegar al tribunal a través de la defensa y no de los propios acusados.

   La defensa de Purificación Notario, esposa del ya fallecido José Luis Jiménez -gerente de Contratas 2000 S.L.-, para la que se pide ocho años por malversación y de los hijos y herederos de éste -supuestos responsables civiles- pidió que se archive la causa contra ellos porque, según considera, no son herederos del difunto Jiménez.

   Según sus argumentos, Jiménez "no otorgó testamento porque no tenía bienes de ninguna clase". No obstante, mantuvo que en el "hipotético e irreal caso de que ellos sí fuesen herederos", con su muerte, el propio Jiménez quedaría eximido de una posible responsabilidad civil ya que, según sentencia del Tribunal Supremo, "la muerte de una persona con carácter previo a ser imputado impide dirimir su hipotética responsabilidad penal".

   Por su parte, el acusado José Luis Sierra Sánchez, que ejerció su propia defensa, pidió el archivo total de la causa contra él al considerar que se vulneraron los derechos de la tutela judicial efectiva. Así, defendió que inicialmente se le imputó el cobro de cheques aunque, cuando se demostró que no fue así, se construyó contra él otra acusación.

   Por último, las defensas de Eduardo González Montalbán y Manuel Jorge Castel centraron sus cuestiones previas en que, a su juicio, los delitos supuestamente cometidos por éstos ya han preescrito.

   La fiscal Belén Suárez defendió que el tribunal no admita las cuestiones previas presentadas por Fernández Hermosa. Por una parte, rechazó que la Audiencia Nacional se abstenga en este proceso y lo envíe al Tribunal de Cuentas al considerar que al tratarse de una acción criminal de la que se deriva una responsabilidad penal, compete a la primera y no al órgano fiscalizador.

   En la misma línea, la defensa de la acusación particular del PP del Ayuntamiento de Marbella, ejercida por el letrado Enrique Sánchez, rechazó que la causa sea remitida al Tribunal de Cuentas porque, varios de los imputados "nunca podrían ser condenadas por este órgano" al no haber tenido nunca la condición de funcionarios.

   Para la fiscal, la cuestión de aplazamiento de juicio al considerar que se vulnera el derecho a la defensa tampoco debe ser admitida. Recordó que se trata de una causa con reo, cuyo inicio ya ha sido aplazado hasta el día de hoy y que las declaraciones de los acusados no se producirán hasta finales de este mes, por lo tanto, considera que sí hay tiempo para la preparación de la defensa. Del mismo modo, rechaza la conexión con otros procesos en los que está implicado Roca y su posible acumulación.

   El Ministerio Fiscal rechazó asimismo las cuestiones previas presentadas por los herederos de Jesús Gil y de José Luis Jiménez por su condición o no como tales y negó que la acusación de José Luis Sierra pueda considerarse "sorpresiva" pues, según sus palabras, éste ha tenido conocimiento de todas sus imputaciones, declaraciones y acusaciones.

   El juicio, que se suspendió hoy a las 13.30 horas, se retomará el 23 de octubre con el interrogatorio de los acusados. El 7 de noviembre tendrán lugar las declaraciones de los testigos y en la segunda de estas sesiones, el día 13, se prevé que preste declaración en calidad de testigo el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz.