Pedro Sáez Martínez de Ubago. Si Leemos la Constitución española encontraremos ideas en apariencia tan bonitas como: “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”  (Artículo 1); o bien: “Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos” (Artículo 68. 2).
Sin embargo, parece que, de hecho, esto se queda en papel mojado o pura teoría si lo llevamos a la práctica, después de la última reforma, aprobada por la Cortes Generales y, por supuesto, sancionada por quien se dice “rey de todos los españoles”, de la Ley Electoral que ahora obliga a los nuevos partidos o a aquellos que no tienen representación parlamentaria a que recojan como aval el 0,1% de firmas de personas censadas en cada circunscripción electoral a fin de poder concurrir a las Elecciones.
En la práctica, esto supone un grave menoscabo de los artículos arriba citados, dado que mientras que las formaciones ya asentadas en las Cortes Generales, PSOE, PP, CIU, IU, PNV, UPN, CC o UPyD… pueden concurrir por el simple hecho de ser; quienes militan en partidos pequeños, sin representación parlamentaria como, Alternativa Española, o de reciente creación como Derecha Navarra y Española, aunque tengan cargos electos en las administraciones regionales o locales, tienen que sufrir el oneroso trance de pasar por mendigar a los ciudadanos “una firma por caridad” para poder ejercer sus derechos de sufragio pasivo.
Como se ve, con la Constitución en una mano y la Ley en la otra, del dicho al hecho hay un trecho y la noble teoría se queda relegada, a la hora de la verdad, a una táctica discriminatoria para el débil, tendente a reafirmar a los grandes partidos en unos escaños que ya creen de su propiedad y pronto, a este paso, considerarán hereditarios.
Esta actitud, propia de movimientos totalitarios sería comprensible en el PSOE, cuyo fundador dijo en su primera intervención parlamentaria un 5 de mayo de 1910: “El partido que yo aquí represento aspira a concluir con los antagonismos sociales,... esta aspiración lleva consigo la supresión de la magistratura, la supresión de la iglesia, la supresión del ejercito... Este partido está en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita; fuera de la legalidad cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones”.
Pero en otros grupos como el PP o UP y D y todos aquellos afines a la social democracia, democracia cristiana, o partido popular europeo, a quienes se les llena la boca hablando de “democracia”, no pasa de simple hipocresía, o de puro volterianismo, sustantivo que la Real Academia Española define como “Espíritu de incredulidad o impiedad, manifestado con burla o cinismo”.
En efecto, Voltaire, de quien se dice que defendió la tolerancia por encima de todo, en realidad, como los partidos que aprobaron tal necesidad de aval para que otros españoles podamos ejercer sus derechos, no veía oposición entre una sociedad alienante y un individuo oprimido, idea defendida por  Rousseau.
Cabe reflexionar sobre si estos partidos que han aprobado tan democráticamente una ley sancionada por el rey de todos los españoles, asumen lo que podría ser en teoría un homenaje a la tolerancia y que en la práctica, poco puede servir para contribuir a la armonía e igualdad ante la ley de los españoles, porque quizá el problema estribe en que su apego a las poltronas distorsiona su idea de democracia, tan distante como acabamos de ver y padecer por sus obras de la famosa frase, en realidad apócrifa, pero atribuida a Voltaire: "No comparto tu opinión pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla"… ¿De verdad daría su vida por la libertad de opinión quien es incapaz de dar tan sólo su firma?
PEDRO SÁEZ MARTÍNEZ DE UBAGO