Francisco Pérez Muinelo, General de División de Intendencia del Ejército de Tierra. Convendría puntualizar o aclarar algunos aspectos en relación con los 27.000 millones de la deuda de Defensa. En primer lugar. ¿Por qué hay que llamarla la "deuda de Defensa"? Como si este Ministerio hubiera efectuado unilateralmente unas irresponsables compras de material que ponen en peligro las finanzas públicas. ¿Por qué no se habla de la deuda de Fomento o de otros ministerios? La razón es que sus gastos han quedado difuminados en el total del déficit presupuestario que ha motivado el incrementado de la deuda pública.
Los compromisos de pago derivados de los compras de defensa, en su mayoría contratos internacionales, fueron aprobados formalmente en Consejo de Ministros, constituyen por tanto unos compromisos del Gobierno, en igual medida que el pago de los intereses de la deuda o de sus vencimientos.

Otro aspecto al que se ha aludido es que se trata de unos sistemas de armas que posiblemente no vayan a ser utilizados, como si los ejércitos y el Ministerio de Defensa caprichosamente hubieran optado por adquirir unos equipos que no se ajustan a nuestras previsibles necesidades militares. Aquí hay que hacer presente, en primer lugar, que la mayor parte del armamento más avanzado fabricado en las últimas décadas por las potencias militares, incluida la desaparecida Unión Soviética, afortunadamente no ha sido utilizado en combate. En segundo lugar, conviene puntualizar que las consideraciones que guiaron al Gobierno para decidir los contratos de defensa, fueron fundamentalmente políticas, económicas y sociales, y primaron sobre las de índole militar.

En el caso del avión de combate EF-2000, 87 aviones por importe de 9.255 millones de euros, o del de transporte A400M, 27 aviones unos 4.400 millones, había alternativas más económicas, pero eso hubiera sido dar la espalda a Europa, no propiciar la integración de CASA en EADS, sin la que no se hubiera hecho realidad el tener en Sevilla una de los polos aeronáuticos más importantes de Europa. El impulso que el programa del EF-2000 ha dado a la industria electrónica española ha sido espectacular. La empresa INDRA es la única española que aparece entre las 100 primeras de defensa en el mundo en 2010, en el puesto 77.

El programa del helicóptero de combate Tigre, 24 unidades, unos 1.517 millones, se le impuso al Ejército. Su deseo era disponer del Apache, pero este contrato junto con el del NH-90, 45 unidades, unos 1.260 millones, facilitaron la instalación en Albacete de la tercera planta de Eurocopter.

La fabricación en España del carro Leopard, 235 unidades, unos 2.390 millones, resultaba imprescindible para salvar a Santa Bárbara. Habría resultado mucho más económico adquirir alguno de los miles de carros que el ejército alemán estaba retirando de sus unidades.

En el caso de los programas navales, 5 fragatas F-100, unos 2.820 millones, los 2 submarinos S-80, 2.135 millones, y otros buques que han mejorado notablemente las capacidades de la Armada, en gran parte han sido impulsados por las reiteradas peticiones de los sindicatos para mitigar la crisis de la construcción naval. El último ejemplo lo tenemos en la reciente aprobación de una nueva serie de buques de acción marítima BAM, por unos 740 millones
Hay que recordar que los denominados Programas Especiales se inician en 1997 con la aprobación por el Consejo de Ministros de la compra de las fragatas F-100 y del avión EF-2000. Estos programas surgieron por un intento de remediar la profunda crisis que afectaba a la industria de defensa desde el principio de los años noventa, que había reducido a la mitad su mano de obra y motivado la desaparición de numerosas empresas de armamento.

El Gobierno optó por adoptar el denominado "modelo alemán" de contrato público, que permite demorar el pago del contrato hasta la entrega, e inclusive entonces, fraccionarlo en diez anualidades. Pocos años después, al mejorar la situación económica, desapareció la necesidad de evitar el déficit. No obstante se siguió empleando el "modelo alemán". Los dirigentes políticos descubrieron unas grandes ventajas en su utilización, permitía seguir iniciando nuevos e importantes programas, dejando para el futuro y otros gobiernos atender a su pago. Las ventajas o alicientes señalados motivaron que, Gobierno tras Gobierno, independientemente de su signo político, siguieran utilizando el sistema y añadiendo más contratos, hasta llegar a la situación actual.

La situación finalmente se ha hecho insostenible, al reducirse el capítulo 6 de inversiones de Defensa, en 2011, a solo 1.005 millones, el 50 % de la dotación del año 2008. Figurando para pagos de los Programas Especiales un crédito de 205 millones cuando los compromisos de pago que vencen este año son unos 751 millones. Por otra parte, no resulta lógico pensar en incrementar el Presupuesto de Defensa ante el objetivo prioritario de reducir el déficit al 6 % en 2011 y al 3 % en 2013.
La gravedad de la situación aconsejaría el intentar consensuar un acuerdo político para afrontar y procurar solucionar este importante y urgente problema, pero al parecer lo que nos encontramos es una postura irresponsable de poner más énfasis en dilucidar quién ha tenido más culpa en provocar esta situación, que en resolver el impasse, en que se encuentra el Gobierno, el Ministerio de Defensa y las industrias de defensa afectadas. La mayoría de los principales programas, como el EF-2000, el Tigre, el A400M y otros son programa subscritos entre gobiernos, administrados por agencias internacionales y sujetos a importantes penalizaciones caso de incumplimiento.

En otros países también se está tropezando con dificultades para financiar los programas internacionales en curso, así vemos como Alemania ha cedido a Austria algunos de sus aviones EF-2000, y que el Reino Unido está procediendo en igual forma tratando de revender parte de sus aviones, al parecer esto se está igualmente intentando hacer por España. Otro caso semejante es el de Italia.

Como manera de poder paliar la situación, en España se ha sugerido el condonar los créditos de Industria, convirtiéndolos en pagos definitivos, lo que no supondría más gasto para el gobierno, con lo que la deuda se reduciría en unos 14.500 millones. Lógicamente esta acción requiere ser refrendada legislativamente. Existen antecedentes de que en los años ochenta en diferentes ocasiones se condonaron anticipos y deudas de defensa.
Se ha comentado que esta acción supondría el incrementar el déficit en un momento difícil, lo que es cierto, pero de todas maneras esto va a resultar inevitable, toda vez que la norma contable europea que regula la contabilización del déficit, establece que este se produce tanto por el pago como por la recepción del material, aún sin estar pagado, por lo que a la vista de lo adelantados que están muchos contratos, la afectación a déficit se producirá próximamente.

Se ha aludido a que la crisis actual de las finanzas de defensa ha sido provocada por los Programas Especiales, y eso no es totalmente cierto, si bien agravó la situación el incremento de estos programas y especialmente el haberse eliminado la prudente norma alemana, de pagarlos en 10 anualidades. La verdadera causa de la crisis ha sido la continuada y progresiva reducción de los recursos asignados al Ministerio de Defensa, que motiva el que aparentemente no resulte viable el modelo de Fuerzas Armadas que nacionalmente se había consensuado. Con el 0,66 % actual del PIB, el modelo no se puede sostener. Habría que anunciar al país que, de seguir así, se tendría que retornar al modelo anterior mucho más económico, un ejército de reemplazo, modestamente equipado, y sin capacidad de actuar en el exterior.
 

Información facilitada por Luján Artola
Directora de Comunicación
Grupo Atenea - Seguridad y Defensa-

www.grupoateneasd.es