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La Fiscalía de la Audiencia Nacional presenta un recurso solicitando la nulidad de la concesión de libertad condicional

La excarcelación de Bolinaga se paraliza

Diario Ya. La excarcelación del etarra Iosu Uribetxebarría Bolinaga ha quedado paralizada desde este miércoles, con motivo de la presentación, por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, de un recurso de apelación que solicita la nulidad de la decisión de conceder la libertad condicional otorgada por el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, en base a razones humanitarias y de dignidad personal, al padecer el preso cáncer, una enfermedad grave e incurable, “aunque no se encuentra en situación de riesgo inminente o de peligro patente para su vida”. 

 
En efecto, el fiscal Pedro Rubira ha solicitado que la concesión del tercer grado penitenciario a Bolinaga, condenado por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, y del asesinato de tres guardias civiles, sea revisada por un tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal, que preside el juez Fernando Grande-Marlaska.
 
La fiscalía ha solicitado la nulidad del auto de excarcelación, en base a la existencia de ciertas irregularidades cometidas durante el proceso, como pueden ser no haber sido trasladada a la fiscalía toda la documentación médica necesaria, y no haber sido informado de algunos aspectos relevantes para el caso, como el viaje realizado por el juez Castro al hospital Donostia donde permanece ingresado Bolinaga.
 
El recurso solicita que, en todo caso, se conceda la revocación de la libertad condicional del preso etarra, debido a que Bolinaga no es un enfermo en fase terminal, y por ello, no cabe eximirle del requisito de arrepentimiento.
 
La excarcelación de Bolinaga ha sido un tema rodeado por la polémica durante las últimas semanas. Por una parte, las víctimas del terrorismo, a través de la AVT, Foro de Ermua, Covite, FVT, y DYJ, han solicitado de manera reiterada la anulación de esta decisión considerada como un “varapalo a las víctimas del terrorismo”, y “una concesión de los poderes públicos al mundo de ETA”. Por otra parte, ha sido motivo de fuertes crispaciones y enfrentamientos entre los principales dirigentes del PP, que no apoyan la decisión tomada por el Ministerio del Interior.