Redacción Madrid. 13 de marzo.

   La Fiscalía de Madrid seguirá adelante con la práctica de diligencias en la investigación abierta a instancias de las denuncias presentadas por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el diputado regional y ex consejero de Justicia Alfredo Prada por los presuntos espionajes que habrían sufrido en abril de 2008.

Pese a que el Gobierno regional tacha estos seguimientos de "falsos", el Ministerio Público cree en su verosimilitud por la coincidencia de los partes de vigilancias con las agendas de los populares, en alusión a la versión de los propios afectados, informaron a Europa Press fuentes de la Fiscalía.

   La investigación sobre los espionajes al vicealcalde se podría judicializar en breve con motivo de la denuncia que interpuso el 20 de febrero ante un juez de guardia debido a la supuesta inactividad de la Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En el escrito se incluían fragmentos de informaciones publicadas en el diario 'El País', como la del 10 de febrero, sobre la realización de unos informes caligráficos "que concluyen que los partes de seguimiento al vicealcalde corresponden al técnico de la dirección general de Seguridad de la Consejería de Interior y, en concreto, a José Manuel Pinto Serrano".

   Según fuentes jurídicas, la denuncia se encuentra estancada en el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, cuyo titular está valorando si se inhibe a favor del juez de instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, quien instruye el caso sobre las vigilancias sufridas por el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, y el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel.

   En el caso de González, los supuestos espionajes están documentados con fotografías tomadas en los viajes que realizó a Cartagena de Indias y a Johanesburgo. El magistrado aprecia en estos seguimientos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

   Si la denuncia pasa al juez Sierra es probable que la Fiscalía de Madrid le remita las actuaciones practicadas hasta ahora para esclarecer las vigilancias al 'número dos' de Alberto Ruiz-Gallardón. De este modo, la Fiscalía que dirige Manuel Moix se quedaría sólo con la denuncia del ex consejero de Justicia al tratarse de hechos diferentes.

ACUSACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL

   En la Comisión de Investigación, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, acusó de "mentir" a Alfredo Prada por asegurar que los partes de los supuestos espionajes coincidían "punto por punto" con su agenda, así como a aquellos comparecientes en la comisión parlamentaria que negaron que se realizaban contravigilancias con los gobiernos de Alberto Ruiz-Gallardón y Joaquín Leguina.

   Frente a esta acusación, Prada sostiene que no mintió "en ningún momento", por lo que confía en que la Justicia esclarezca los "gravísimos hechos". Según el diputado regional, después de que el 22 de enero 'El País' publicara una información en la que se reflejaban sus actividades, "señalando aspectos de las mismas que concuerdan con la realidad", tomó la decisión de "poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que procediera a su investigación y se determinara quién los había realizado, con qué fines y, en última instancia, la razón de los mismos".