Barcelona. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido imputar al FC Barcelona como persona jurídica por un presunto delito contra la Hacienda Pública cometido en el fichaje de Neymar da Silva al haber defraudado un total de 9,1 millones de euros y no haber tributado por los 37,9 millones de los contratos suscritos en 2011 y 2013.

   La Fiscalía ha dirigido un escrito al Juzgado de Pablo Ruz en el que constata que el club efectuó una serie de transacciones económicas a favor de varias sociedades relacionadas con el fichaje del futbolista basadas en "contratos simulados" y operaciones de "ingeniería financiera" que no respondían a la realidad y con las que se pretendía "cometer el engaño" a la Hacienda Pública.

   Recuerda que el contrato suscrito con Neymar y el contrato de adquisición de los derechos federativos al club brasileño cedente, el Santos, dieron lugar al abono de "cuantiosas cantidades a sociedades que giran en la órbita del jugador" pues en todas intervino en su representación, su padre Neymar da Silva Santos.

   La Fiscalía investiga una decena de contratos, en los que participaron los Neymar y representantes del Barça como Sandro Rosell, Javier Faus o Josep Maria Bartomeu, sobre conceptos de imagen, representación o indemnización por incumplimiento de contrato.

   Respecto a las cuantías de las operaciones derivadas de tales contratos, se detectan, como mínimo, 10 millones de euros en 2011 y 27,92 millones en 2013, respecto a las cuales "no consta que se hayan retenido ni abonado las correspondientes deudas tributarias, a lo que debería añadirse una serie de cantidades mencionadas en los contratos de cuyo pago no hay constancia".

   "Únicamente consta que se hayan retenido por el FC Barcelona por el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes el 24,75% de 8,5 millones de euros que se abonaron al jugador en la nómina de septiembre de 2013", señala la Fiscalía, para añadir que la cuantía supera el límite del delito fiscal y por lo tanto debe investigarse la posible comisión de fraude fiscal.

   Si se certifica el fraude, el club azulgrana puede regularizar su situación administrativa pero su responsabilidad penal se mantendría, si bien podría rebajarse la pena en uno o dos grados, según informaron fuentes fisca