Redacción Madrid. 16 de febrero.

    La huelga iniciada por los 5.800 empleados públicos de la Administración de Justicia madrileña ha obligado a suspender más de 2.000 actuaciones judiciales en la región. Los sindicatos cifraron el seguimiento del paro en un 81,32 por ciento, mientras que la Consejería que dirige Francisco Granados lo rebajó a un 40,9 por ciento.

   Motivados por la "inacción" del Gobierno regional para mejorar "el crítico estado" de los tribunales de Madrid, los empleados públicos alternarán a partir de hoy quince días de huelga con una semana de trabajo como medida de presión. Aspiran a forzar a la Comunidad de Madrid a implantar medidas inmediatas que frenen el actual deterioro que atraviesan los tribunales de la región.

   Un 85 por ciento de los juzgados contará durante estos días con servicios mínimos. En el caso de órganos unipersonales, cada juzgado dispondrá de un gestor, un tramitador y un auxiliar. Los Juzgados de Violencia contra la Mujer serán los únicos que cuenten con la plantilla habitual de funcionarios.

   La convocatoria de huelga, realizada por CC.OO., STAJ y UGT con carácter indefinido, se produce como protesta a las políticas restrictivas que está llevando a cabo el Gobierno regional en materia económica y de personal. A ello se suma el incumplimiento de los acuerdos pactados en diciembre de 2007 por el ex consejero de Justicia Alfredo Prada. El convenio contemplaba un plan de choque para incrementar las plantillas de los Juzgados de lo Penal o el Registro Civil, las sedes judiciales más atascadas de Madrid.

   "La situación es penosa. La Comunidad es la única responsable del mal estado de la Justicia madrileña", aseveró a Europa Press la portavoz de UGT, Ana García, a las puertas de los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla, donde los funcionarios realizaron una pitada por las plantas de la sede judicial. La sindicalista insistió en que sus demandas van más allá de lo económico: "incrementos de plantilla en los Juzgados, regularización de los contratos de refuerzo, revisión de las guardias de la periferia, el establecimiento de una bolsa de interinos en condiciones, etc".

   Los sindicatos reprocharon al Gobierno regional que sea la única Administración que se escude en la crisis económica para desmarcarse de los acuerdos económicos alcanzados en 2007. "La Comunidad de Madrid es la única autonomía que se agarra en la crisis para sustentar el incumplimiento de los acuerdos sobre la Administración de Justicia", denunció el portavoz de CC.OO., Fernando Buendía.

   La huelga irá acompañada de concentraciones diarias, a las 8.30 horas, a las puertas de las principales sedes judiciales de Madrid, como los Juzgados de Plaza de Castilla, la Audiencia Provincial de Madrid y el Registro Civil de la calle Pradillo, entre otras. Además, los sindicatos celebrarán hoy una Asamblea en la sede de CC.OO. para informar a los empleados públicos de las movilizaciones que se realizarán cada día.

PROMESAS DEL CONSEJERO

   Entretanto, Granados se comprometió a que los funcionarios recuperen "en el futuro" la pérdida económica que sufran este año con motivo de la rebaja de la oferta salarial, ajustada a la crisis económica, que realiza su departamento respecto a los acuerdos firmados en diciembre de 2007. Granados anunció que se reunirá mañana con los sindicatos para desbloquear las movilizaciones.

   "El Gobierno regional ha hecho una oferta un poco inferior con la acordada. La oferta es razonable. Los funcionarios deben tomar conciencia de la situación gravísima de crisis económica que atraviesa España y del descenso de la recaudación que se ha producido", recalcó Granados, quien garantizó que "la pérdida que se produzca este año de lo inicialmente pactado se recuperará en el futuro".

   Aludía a la rebaja de la oferta salarial que se ha acordado en las negociaciones que se mantienen respecto a lo contemplado en el convenio que se fraguó el 11 de diciembre de 2007 entre el ex consejero Alfredo Prada y los sindicatos. El incumplimiento de los acuerdos ha llevado a los funcionarios a secundar, a partir de hoy, una nueva huelga de carácter indefinido, en la que se alternarán quince días de paro y una semana de trabajo. La huelga se cumplimenta con piquetes en las sedes judiciales y concentraciones a lo largo de la semana, frente a la sede de la Consejería, el Gobierno regional y el PP nacional.

   Así, Granados emplazó al colectivo a que "renuncien a una parte de la subida del complemento" pactada con Prada en 2007 para reconducir la situación. "En este momento no podemos asumir esa carga económica", aseveró el consejero en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), momentos antes de reunirse con el decano de los abogados, Antonio Hernández-Gil, para afrontar el otro frente abierto por las protestas de los abogados del turno de Oficio.