Abel Hernández. 19 de febrero.

El presidente Rodríguez Zapatero y su controvertido ministro de Justicia, Mariano Fernández Bemejo, han sufrido la primera huelga general de jueces en España. Hay datos diferentes, según las distintas fuentes, del alcance numérico de la misma; pero todas las fuentes coinciden en que el plante ha sido significativo e histórico. La novedad de la protesta, las discusiones sobre su legalidad y oportunidad y el temor a las represalias oficiales han impedido que el paro haya sido masivo en todas las comunidades.

Nadie puede poner en duda que este hecho sin precedentes refleja que hay un grave problema en uno de los pilares del Estado de derecho. La modernización de la Justicia, con muchos más recursos materiales y humanos, es un necesidad acuciante. Y los intentos de manipulación partidista de la misma deben cesar por completo. No parece que para esta importante tarea sirva el actual ministro, que, aparte de sus inoportunas cacerías, carece de la ecuanimidad que se requiere en un puesto de tanta responsabilidad, y del aprecio de la profesión. Hoy su autoridad moral está por los suelos, y en cualquier país de nuestro entorno democrático habría presentado a estas horas la dimisión o habría sido inducido a hacerlo por el presidente del Gobierno.

El último ejemplo clamoroso de la utilización política de la Justicia es el de la supuesta trama de corrupción en Madrid, con salpicaduras en Valencia. Ante la verosimilitud de que, entre los imputados, haya algún alto cargo imputado, la Fiscalía Anticorrupción ha tenido que pedir al juez Garzón, compañero de cacería del ministro de Justicia, que se inhiba a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, en su caso, del Tribunal de Valencia. Parece que el famoso juez, que había sido impugnado por el Partido Popular por manifiesta animosidad hacia este partido, dejará la causa, que tanto ruido y tan pocas nueces ha traído hasta ahora.

En todo caso, esta causa por corrupciones o irregularidades, como las demás que ocurren cada día y que afectan a todos los partidos, merece la mayor transparencia, sin manipulaciones interesadas, y una Justicia creíble, que no se dedique a abrir, sin mayor fundamento, una especie de causa general -como ha denunciado Rajoy- contra el Partido Popular, en un momento en que están en marcha distintos procesos electorales. Parece claro, sin embargo, que esta supuesta trama de corrupción, aunque sea un hecho grave, es un dato menor en comparación con la protesta masiva de los jueces por el mal estado de la Justicia.