César Román

En el año 2006 la Unión Europea pidió oficialmente al gobierno español que se abordase definitivamente la liberalización del sector farmacéutico, so pena de importantes sanciones económicas. Ello conllevaría que los profesionales titulados en farmacia puedan abrir libremente establecimientos para la venta de fármacos, sin que sea el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la zona quien tenga la potestad para decir quién y donde se puede realizar esa apertura como ocurre en la actualidad. Según varios cálculos objetivos la liberalización generaría unos 30.000 puestos de trabajo directos y varios miles indirectos, con sus consiguientes cotizaciones a la seguridad social y evidentes beneficios a las arcas públicas. Cifras nada desdeñables para una nación como España con unas de las mayores cifras de desempleo de todo Europa e inmersa en una dinámica de destrucción de empleo. La obligación de finiquitar este monopolio es, además de una obligación dictada por la Unión Europea un elemento lógico y sensato que tienen que abordar las diferentes comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, que se ve frenado por la oposición de los actuales titulares de farmacia que recelan de la entrada de la libre competencia en este sector. Estos alegan básicamente que las zonas rurales se quedarían sin servicio y se produciría un éxodo de farmacias hacia las grandes urbes y que una competencia desmedida provocaría el cierre de muchas farmacias actualmente abiertas. Sin embargo sólo la generación de ese importante número de puestos de trabajo, y consecuentemente de fuente de ingresos para las arcas públicas, debería ser elemento suficiente para que las comunidades autónomas abordasen el inevitable fin del monopolio farmacéutico.

Aunque son las comunidades autónomas quienes competencialmente tienen que abordar esta liberalización, sólo Navarra la llevó a cabo siendo el actual diputado nacional Santiago Cervera su consejero de sanidad. Los resultados no pueden ser más elocuentes. No sólo no se ha cerrado a día de hoy ni una sola de las farmacias anteriores a la liberalización sino que se han creado varios cientos de puestos de trabajo. Ello sin olvidar que el fantasma de la falta de farmacias en zonas rurales jaleado por los detractores del fin del monopolio, ha desaparecido y Navarra se encuentra entre las comunidades con mayor cobertura farmacéutica rural de todo España y una de las de menor gasto farmacéutico por habitante. En consecuencia la llamada por algunos Ley Cervera ha tenido resultados positivos inapelables que sería aconsejable que se extrapolasen a todo el territorio nacional, para que se generasen esos puestos de trabajo lo antes posible.

Por otra parte las ventajas para los usuarios son evidentes. Esas ventajas fueron enumeradas por el comisario de la Unión Europea, el socialista Joaquín Almunia, que vino a confluir con la opinión del actual diputado nacional del PP Santiago Cervera. Contar con un mayor número de farmacias por habitante produce sistemáticamente una mejora y mayor cercanía del servicio al usuario, en especial para quienes tienen una elevada edad y que son quienes más acuden a la farmacia por razones obvias. El ex presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos describía gráficamente el debate con esta frase: "Nunca pretendáis hacer de la liberalización, un debate público, pues nunca podréis convencer a la gente de que abrir más farmacias, es malo para la sociedad". Sin embargo a pesar de este reconocimiento explícito los Colegios Oficiales se afanan por evitar o dilatar en el tiempo la obligación impuesta por la Unión Europea y las leyes de libre comercio.

La responsabilidad de las administraciones autonómicas conlleva que estas dicten unas normas mediante las que se regule una red de establecimientos mínimos, y una vez asegurados estos mínimos imprescindibles de atención a la población el sector se liberalice y cada titulado en farmacia pueda abrir un establecimiento donde lo considere oportuno y la demanda de la ciudadanía, versus mercado, lo solicite. Así sucedió en Navarra y ahora los ciudadanos cuentan con un mejor servicio. A ello mismo deberíamos poder aspirar el resto de los usuarios de farmacias que vivimos en otras regiones de España, avanzando en confluir con lo que es la norma general en todo Europa, y creando de paso esos miles de necesarios puestos de trabajo.